La violencia callejera se dispara en España un 90,54% desde que Marlaska es ministro

• Rosalina Moreno @rosalina_mb
• Periodista de Nacional. Interior, Defensa y Justicia. rosalina.moreno@okdiario.com
• • 18/09/2026 05:47
  • Actualizado: 18/09/2026 05:48

La violencia callejera se ha disparado en España un 90,54% desde que Fernando Grande-Marlaska es ministro del Interior. Así se desprende del último balance de la criminalidad del propio Ministerio, correspondiente al primer semestre del año. En concreto, se ha pasado de 8.341 delitos de lesiones y riña tumultuaria en el primer semestre de 2018 –año en el que Marlaska accedió al cargo– a nada menos que 15.893 este año, por lo que casi se han duplicado.

Son 1.464 infracciones penales más que en el mismo periodo de 2025, lo que supone un incremento del 10,14% en apenas un año. Unos delitos que llevan aumentando de manera ininterrumpida desde 2021 y han crecido en ocho de las diez últimas comparaciones interanuales.

Y no sólo la violencia callejera se ha disparado, también las violaciones, que han pasado de 799 en el primer semestre de 2018 a 2.747, lo que supone un aumento del 243,80%. Y se han disparado un 288% si se comparan las cifras anuales de 2017, el año anterior a la llegada de este Ejecutivo, y las de 2025, ya que han pasado de 1.382 a 5.363.

Además, durante el primer semestre de 2026, los secuestros han aumentado un 17,6% respecto al año anterior, pasando de 51 en 2025 a 60 en 2026; el tráfico de drogas un 8,3%, de 11.085 a 12.009; los delitos contra la libertad sexual han crecido un 4%, pasando de 10.545 a 10.971; y las agresiones sexuales con penetración un 3,5%, pasando de 2.654 a 2.747.

Además, se mantienen las cifras de los homicidios dolosos y asesinatos consumados. En 2015 se contabilizaron 184 y este año ascienden a 183. Lo mismo ocurre con los homicidios dolosos y asesinatos en grado tentativa, que el año pasado se situaban en 695 en el citado periodo y este año en 694.

En el plano anual, los homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa han pasado de los 799 registrados en 2017 a 1.413 este año y los delitos contra la libertad sexual e indemnidad sexual, de 11.692 a 21.659.

Por otra parte, el último balance de la criminalidad de Interior también arroja un aumento de las sustracciones de vehículos. Han crecido un 3,6% respecto a 2025, pasando de 15.492 a 16.052.

Los datos de este informe desmontan una vez más el discurso triunfalista de Marlaska, quien insiste en que la criminalidad estaba bajando. Los informes oficiales revelan que desde la llegada del Gobierno de Pedro Sánchez, la criminalidad no ha parado de crecer, la de los delitos más graves, los que más daño y alarma generan.

El aumento de las agresiones sexuales con penetración también desmontan al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien presume siempre que puede de liderar un Gobierno feminista, en el que los propósitos y avances sociales sostienen la legislatura, así como que España «tiene las calles más seguras».

Además de que se le han disparado las violaciones, la ley del sólo sí es sí de la ex ministra de Igualdad Irene Montero ha beneficiado a miles de abusadores sexuales que han visto reducidas sus condenas con esta ley e incluso han sido excarcelados. A ello se añade, asimismo, el escándalo de los fallos de las pulseras antimaltrato, revelado en exclusiva por OKDIARIO, que han provocado sobreseimientos, absoluciones y situaciones de desprotección para las víctimas.

Fracaso de gestión, denuncian los policías

Con esta espiral de violencia callejera desatada en España se topan a diario los policías nacionales durante sus intervenciones, que, sin embargo, siguen sin ver cumplida su histórica reivindicación de la profesión de riesgo. La Confederación Española de Policía (CEP) denuncia que «este deterioro de la seguridad en la calle es un indicador objetivo que acredita que la gestión del Ministerio del Interior en este ámbito está siendo un fracaso y el progresivo deterioro de la seguridad a la que se enfrentan los policías nacionales en su trabajo diario».

«La violencia que los policías encuentran en las calles no responde, por tanto, a una oscilación puntual, sino a un problema que se ha extendido, se ha agravado y ha terminado por adquirir un carácter estructural, cronificado y profundamente arraigado, sin que Marlaska haya sido capaz de articular una respuesta eficaz», declara David Gutiérrez, portavoz de la CEP.

Además, este sindicato hace hincapié en que la violencia callejera está aumentando a un ritmo veinte veces superior al de la criminalidad total e Interior «continúa sin ofrecer una explicación ni una estrategia a la altura del problema».

Este problema de la violencia callejera desbocada alcanza prácticamente a toda España. Quince de las diecisiete comunidades autónomas han registrado durante el primer semestre de 2026 su cifra más elevada de los últimos 11 años. Sólo Aragón y Galicia no han alcanzado máximos históricos. Si se incluyen Ceuta (donde estos delitos han aumentado el 39,4 %, situando a la ciudad en el peor registro de toda la serie) y Melilla, dieciséis de los diecinueve territorios analizados se encuentran en máximos, «lo que acredita que estamos ante un fracaso de alcance nacional», subraya la CEP.

Andalucía, Cataluña y Madrid a la cabeza

Andalucía encabeza la estadística con 2.897 delitos registrados, seguida de Cataluña con 2.092, Madrid con 1.953; la Comunidad Valenciana con 1.948 y el País Vasco con 1.064. Estas cinco comunidades concentran casi dos de cada tres delitos registrados en España. Además, en sólo un año estos delitos han aumentado un 36,6% en Murcia, un 31,4% en Cantabria, un 25,2% en Navarra, un 19,6% en Castilla y León, un 18,8% en Castilla-La Mancha y un 17,3% en Extremadura.

Comparando los últimos datos con los de 2018 muestra, los delitos de lesiones y riña tumultuaria han aumentado un 174,3% en Castilla-La Mancha y un 174,2% en Murcia. En la Comunidad Valenciana el crecimiento ha sido del 122,1%, en Andalucía del 116,2%, en el País Vasco del 112,8% y en Madrid del 102,8%. En todos estos territorios la violencia se ha duplicado y, en algunos casos, está cerca de haberse triplicado durante la etapa del actual ministro.

Agresiones a policías

Este crecimiento tiene una repercusión directa sobre la integridad física de los policías nacionales, que son quienes deben intervenir en las agresiones, detener a sus autores, separar a los participantes en peleas y reyertas y afrontar situaciones en las que el nivel de violencia resulta cada vez mayor.

Los datos de delitos de atentado contra policías nacionales y guardias civiles durante 2025 confirmaron ese diagnóstico. Madrid registró 2.896 agresiones; Andalucía 2.895, la Comunidad Valenciana 2.183, el País Vasco 685, Murcia 582, y Castilla-La Mancha 567. Sólo entre estas seis comunidades acumularon 9.808 atentados, el 59,2% de los contabilizados en toda España.

«Pese a la situación , el Ministerio continúa negando a los policías nacionales el reconocimiento como profesión de riesgo», critica la CEP, denunciando que Interior exige a los agentes que afronten una violencia cada vez más frecuente y grave, pero «se niega a asumir las consecuencias laborales y de protección social derivadas de esa exposición».

«El Gobierno conoce los datos y sabe cuál es la realidad de las calles porque dispone de información detallada sobre los atentados sufridos por policías y guardias civiles. Por ello, su negativa ya no puede justificarse por desconocimiento, sino por una decisión política consciente de ahorrar a costa de la seguridad y de la jubilación de quienes protegen a los ciudadanos», declara David Gutiérrez.

Reforzar el principio de autoridad

Para este sindicato, la solución a esta lacra pasa por adoptar de inmediato medidas que «refuercen el principio de autoridad, la integridad física de los policías y, en última instancia, la seguridad del despliegue de prevención de la delincuencia». Sin embargo, la CEP recalca que lejos de ello, «Interior sigue bloqueando la profesión de riesgo para policías».

«Este sindicato defiende en solitario ante el Parlamento Europeo el reconocimiento de la Policía Nacional como profesión de riesgo. Un trabajo que ya ha permitido avances y seguirá desarrollándose mientras el Gobierno español mantenga bloqueada una reivindicación que sus propios datos hacen cada vez más difícil de negar», apunta Gutiérrez.

Además, subraya que Interior «puede intentar esconder este deterioro detrás del dato global de criminalidad, pero no puede borrar sus propias estadísticas ni descargar indefinidamente sobre los policías las consecuencias de su incompetencia».

La CEP advierte que seguirá denunciando este fracaso dentro y fuera de España. «No vamos a permitir que el Gobierno convierta la agresión, el riesgo y el abandono institucional en condiciones normalizadas del trabajo policial», sostiene el portavoz del sindicato, recordando que cuando la violencia se descontrola, son los policías quienes se sitúan entre los agresores y los ciudadanos.

«A quienes se juegan la integridad física para proteger a los demás se les respalda y se les protege, no se les abandona entre propaganda y excusas», concluye.