Las víctimas de Ghali exigen al Supremo que lo sigan investigando por asesinato, terrorismo y torturas
Las víctimas de Brahim Ghali, actual presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), han interpuesto recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo para que no se cierre en falso la investigación sobre la responsabilidad de Ghali cuando era el máximo responsable del ministerio de Defensa del RASD por los delitos de asesinato, lesiones, detención ilegal, terrorismo, torturas y desapariciones cometidos sobre los siete denunciantes agrupados en la asociación ASADEH (Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos).
Las víctimas marroquíes de Ghali, algunas de las cuales tienen nacionalidad española y viven en nuestro país, piden también que «se acuerde librar orden internacional de localización y detención para su ingreso cautelar en prisión, mediando el preciso proceso de extradición en su caso».
El Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional acordó el 1 de octubre de 2021 declarar concluida la investigación contra Ghali sin procesamiento. El 15 de octubre la Fiscalía también apoyaba la decisión del juez y pedía el sobreseimiento libre de la causa por prescripción de los supuestos delitos.
La defensa de los querellantes creen que no ha existido la prescripción de los delitos, puesto que la querella fue presentada en 2008, «cuando no había transcurrido el plazo de 20 años» desde algunos de los hechos descritos que habrían sucedido en 1991.
Entre los hechos denunciados figura la historia de Hosein Baida Abdelaziz, de nacionalidad española, que estuvo encarcelado desde agosto de 1979 hasta mayo de 1985 y sometido a torturas, o la denuncia de Dahi Aguai, encarcelado entre 1974 y 1980 acusado de pertenecer a los servicios secretos españoles y que identificó a Ghali «como uno de los torturadores». Ahmed Jer estuvo en prisión en varios centros del RASD entre febrero de 1975 y enero de 1988 y denunció que «durante 10 años de encarcelamiento ha presenciado asesinatos y torturas». También está la denuncia de Ahmed Ould Ahmed Aiche, en la cárcel del Polisario entre 1982 y 1990, que afirma «haber sido torturado salvajemente» e identificó a Ghali «como uno de sus torturadores». Cuando Sallam El Meras tenía dos años, el 18 de septiembre de 1976 en Tarfaya, denunció que «su madre fue asesinada por negarse a unirse al Frente Polisario por un comando que le disparó y lanzó una granada» e indentificó a «Brahim Ghali como el que estaba al frente de ese comando».
El 21 de marzo de 2014 se presentó una ampliación de esa misma querella por parte de Mustafá Kory, de nacionalidad española, Lehbib El Korchi, El Kabch Mohamed Nafee y Echeuear Mohamed Moled Ben Ali en la que «denunciaban que fueron detenidos sin motivo, acusados de espías o de trabajar para el enemigo y fueron enviados a prisión donde permanecieron entre el final de la década de los 70 y el final de la década de los 80 siendo sometidos a continuos malos tratos y torturas», todos identificaron a «Brahim Ghali como uno de los responsables de enviarlos a prisión».
La entrada en España y estancia en el hospital de Logroño de Ghali provocó la apertura de otras causas y el titular del Juzgado de Instrucción 7 de Zaragoza, que investiga la entrada en nuestro país del líder del Frente Polisario Brahim Ghali, acordaba el pasado 10 de marzo el archivo provisional de la investigación para el ex jefe de gabinete del Ministerio de Asuntos Exteriores Camilo Villarino, pero dejaba abiertas las diligencias sobre la ex ministra de Exteriores Arancha González Laya.
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