Varapalo del Tribunal de Cuentas a Mónica García: archivada su denuncia por 1.436 pagos de Ayuso

El Tribunal de Cuentas ha archivado la denuncia del partido de Mónica García contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a cuenta de 1.436 pagos del Ejecutivo autonómico. Unos desembolsos que Más Madrid consideraba irregulares porque se hicieron de urgencia y sin el procedimiento habitual de realizar una licitación y un contrato. No obstante, esas convalidaciones de gastos son frecuentes en todos los niveles de la Administración. En un auto de 15 páginas, al que ha tenido acceso OKDIARIO, la sección de Enjuiciamiento «decreta el archivo del expediente, al no existir supuesto alguno de responsabilidad contable».

A pesar de que Manuela Bergerot, la sustituta de Mónica García, presentó en mayo a bombo y platillo la denuncia en el Tribunal de Cuentas, ahora se ha demostrado que no había irregularidades en el uso de las convalidaciones de gasto por parte del Gobierno de Ayuso. Se trata de un procedimiento habitual en la administraciones públicas ante situaciones sobrevenidas que la oposición critica habitualmente.

Los de Más Madrid denunciaron «el abuso de los expedientes de convalidación de gasto por parte de la Administración madrileña». El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso contestó a la hoy ministra Mónica García que no iban a iniciar expediente alguno ante esas convalidaciones de gasto señaladas y Más Madrid se lanzó ante el Tribunal de Cuentas, sin éxito.

El equipo legal de Más Madrid aseguraba que había ilegalidades a lo largo de 32 páginas. Sin embargo, la jueza –que en esta jurisdicción se denomina consejera de cuentas– determina que, «teniendo en cuenta todas las alegaciones y la documentación aportada por la Comunidad de Madrid, y en casi total coincidencia con el criterio finalmente expresado por la Fiscalía, los hechos objeto de la presente acción pública no constituyen un supuesto de alcance en los caudales públicos».

La Comunidad ha justificado uno a uno los expedientes. En un caso se realizó el encargo porque la empresa concesionaria «se negaba a continuar prestando el servicio una vez finalizado el contrato, debido a los incrementos de los costes laborales según convenio y del IPC. El contrato se celebró sobre la base del contrato anterior, totalmente legal, al que se le añadieron las subidas acordadas por las partes, no produciéndose por tanto un perjuicio a los fondos públicos». En otro se apunta que la decisión «no provocó perjuicios, ya que no se acredita que el precio por el que se adjudicaron los contratos fuera superior al precio de mercado».

«Sin aportar documentación»

El Tribunal de Cuentas recuerda a Mónica García que Más Madrid «no cuestiona que los servicios fueron efectiva y debidamente prestados. Ni tampoco denuncia que se haya pagado por la Administración un precio excesivo, a la vista de los precios de mercado existentes en aquel momento». Sólo se cuestionan «las partidas de beneficio industrial, incrementos salariales e IVA». No obstante, lo hace «sin aportar documentación alguna que fundamente su afirmación».

«En consecuencia, el pretendido daño a los fondos públicos, consistente en el abono del beneficio industrial, no ha sido debidamente individualizado o concretado por el denunciante como exige la Ley del Tribunal de Cuentas», agregan.

Más Madrid «carece de legitimación»

Además, el fallo reprocha: «Si lo que se está solicitando de esta consejera de cuentas es que determine si se ha pagado o no el beneficio industrial para, posteriormente, pasar a cuantificarlo, debe advertirse al denunciante que carece de legitimación para formular dicha petición». La normativa interna del Tribunal de Cuentas prohíbe expresamente abrir fiscalizaciones que no pidan las Cortes Generales, los parlamentos autonómicos o el propio Tribunal.

Por el contrario, Más Madrid quería juzgar al consejero de Hacienda de Madrid por «responsabilidades contables por posible ‘dolo, culpa o negligencia grave’ con evidentes daños y perjuicios para el patrimonio de todos los madrileños a consecuencia del recurrente y reiterativo abuso de procedimientos de pagos sin contrato». Apuntaban a más de 1.436 convalidaciones de gastos por el Consejo de Gobierno de Ayuso por valor de más de 1.700 millones de euros. El diputado de Más Madrid Eduardo Gutiérrez afirmó que «no se ha justificado la urgencia ni los motivos de interés general».

Además, lamentaban que el Gobierno de la Comunidad de Madrid les contestó a sus preguntas en una carta «en lugar de una resolución administrativa que no permite el ejercicio de recurso alguno, en un evidente intento de impedir mayor actuación por parte de este partido».

Ya en mayo reconocían que «el procedimiento de convalidación de gasto es legítimo, pero no es posible su utilización de una forma desaforada (1.436 ocasiones por un total de 1.704 millones de euros en el periodo 2020 a 2022)». Pedían «aclarar las razones de urgencia o interés público en la utilización de pagos sin contrato de forma reiterada y contumaz», y ahora el Tribunal de Cuentas concluye que sí está justificado.