Varapalo de Anticorrupción al Gobierno: la Abogacía del Estado no puede actuar en el ‘caso Koldo’

La Fiscalía Anticorrupción ha advertido a Ismael Moreno, juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Koldo, de una «posible incompatibilidad» en que la Abogacía del Estado defienda a Jesús Manuel Gómez, subsecretario de Estado de Transportes investigado en la causa. Y es que el Estado podría personarse como acusación particular como afectada por un «eventual delito contra la hacienda pública». En ese caso, la Abogacía del Estado no podría ser defensa y acusación a la vez.

El fiscal Alejandro Cabaleiro ha indicado en un informe fechado en este lunes que no se opone a que Gómez escoja la defensa que considere oportuna. Sin embargo, indica que podría haber un choque de intereses en el futuro si finalmente el Estado acaba personándose.

«Si bien actualmente no ha sido interesada la personación de la Abogacía del Estado como acusación particular ante el eventual delito contra la hacienda pública, a efectos de evitar intereses contrapuestos de conformidad con el artículo 5 de la citada ley de Asistencia jurídica del Estado e Instituciones Públicas, se ha de dejar constancia de la posible incompatibilidad de asumir en el mismo procedimiento la doble condición de acusación y defensa a los efectos oportunos», puede leerse en el escrito del fiscal.

En ese sentido, el fiscal recuerda que el pasado 23 de mayo solicitó dirigirse a la Administración Tributaria para que paralizara unos expedientes inspectores en el marco de la investigación.

El secretario de Estado de Transportes fue citado como investigado a petición de la Fiscalía. Gómez tendrá que acudir al juzgado el próximo 9 de septiembre tras la confirmación del juez Moreno. Esta decisión se ha tomado después de que el Supremo ratificase la decisión de mantener el caso en la Audiencia Nacional después de que la Fiscalía Europea lo hubiera reclamado porque el caso afectaba a fondos comunitarios.

Gómez fue citado a declarar junto al director general de Gestión de Personas de Adif, Michaux Miranda, y el ex secretario general de Puertos del Estado Álvaro Sánchez Manzanare. Todo ello después de que la Guardia Civil recabase en un informe que se habían producido «ciertas presiones» sobre los responsables de adjudicar contratos de mascarillas «sin ninguna opción de rebatir la decisión final de adjudicación» a la empresa Soluciones de Gestión, en el centro de la trama.

«Correa de transmisión»

De acuerdo con el fiscal, Gómez podría haber ejercido, presuntamente, «como correa de transmisión entre la esfera próxima del ministro y los entes adjudicadores».

El juez de instrucción Ismael Moreno investiga en esta causa la adjudicación de ocho contratos por parte de diferentes instituciones de la Administración Pública. En total, el importe que se había adjudicado ascendía hasta los 51.998.434 euros.

Otro de los investigados en esta causa es quien da nombre a la trama, Koldo García, el que fuera ayudante del ex ministro de Fomento José Luis Ábalos. Se le atribuye formar parte de la presunta trama que habría pagado mordidas a cambio de obtener adjudicaciones en la venta de mascarillas en los peores meses de la pandemia. Los presuntos delitos atribuidos por la Fiscalía Anticorrupción a los presuntos responsables son los de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, delitos contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.