El Tribunal Supremo ha quitado la competencia para investigar el caso Koldo a la Fiscalía Europea que dirige el filosocialista Ignacio de Lucas. El alto tribunal da así respuesta a la cuestión de competencia planteada por el instructor de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que seguirá liderando la investigación judicial. La Sala considera que no se han visto afectados los intereses financieros de la Unión Europea por lo que revoca la petición de la Fiscalía Europea que asumió parte de la investigación. Así, la Sala de lo Penal resuelve que el caso Koldo lo investigue un juez en vez del jefe de los fiscales europeos que es hermano de un ex senador y militante socialista. 

El Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional  seguirá investigando las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de mascarillas en distintas administraciones públicas durante la pandemia a la presunta trama integrada por Koldo García, ex asesor del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos. Estas partidas asciendes a cantidades millonarias sobre las que existieran presuntas mordidas. El Supremo entiende que el juez Moreno es el competente para investigar los hechos, incluidos los contratos adjudicados por los Servicios de Salud balear y canario que ya estaba investigando la Fiscalía Europea. De este modo, se le retira parte de la investigación que hasta ahora estaba siendo llevada a cabo por los fiscales europeos que dirige de Lucas.

«El órgano comunitario deberá mantener su competencia sobre tales expedientes solo para determinar si se cometió o no un delito contra los intereses financieros de la Unión Europea», matiza el Tribunal Supremo sobre la investigación del caso Koldo. 

Los magistrados explican que, de lo actuado hasta el momento, lo que se investiga «es la posible existencia de una organización criminal destinada a obtener de forma irregular adjudicaciones de contratos de material sanitario en distintas administraciones públicas nacionales». Inciden, además, en que se investigan también presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública; todo ello competencia de un tribunal nacional.

Al hilo, el Tribunal Supremo apunta que la investigación del caso Koldo en Audiencia Nacional se encuentra en un «estado avanzado» y dada su «evidente complejidad» el cambio de competencia podría mermar su «ritmo y eficacia». Además, considera que la Fiscalía Europea no está en una «mejor posición» para asumir la investigación por contar con una mayor especialidad o mejor dotación de medios materiales y humanos que el juzgado de Ismael Moreno.

La Fiscalía a favor

Tras analizar el marco en el que se creó la Fiscalía Europea y sus competencias, el tribunal señala que la génesis de este órgano es la de proteger los intereses de la Unión Europea. Añade que cualquier interpretación que se realice del alcance de la competencia material de este órgano comunitario «debe partir de esta premisa: los delitos competencia de esta Fiscalía, lo serán, si existe ese perjuicio a los intereses financieros de la Unión y si su mejor y más eficaz persecución exige que aquella asuma su investigación y persecución». Para el Supremo, ninguna de esas condiciones se advierte en este momento. Así, coincide con el criterio de la Fiscalía del Supremo, que defendía la necesidad de que la totalidad de la causa se quedara en la Audiencia Nacional.

En la resolución, de la que ha sido ponente el magistrado Manuel Marchena, el tribunal asegura que no puede concluir que el juez Moreno esté investigando delitos intrínsecamente ligados al fraude de los intereses financieros de la Unión. Por ello, no ve justificación para que intervenga la Fiscalía Europea. 

20 millones

El Tribunal Supremo cifra las adjudicaciones presuntamente irregulares a Puertos del Estado en 20 millones de euros y en 3.479.355 de euros las cantidades presuntamente defraudas en la Secretaría de Estado de Seguridad. Todas estar partidas pudieron ser financiadas íntegramente por fondos nacionales, lo que motiva que la investigación judicial continúe su curso en la Audiencia Nacional.

Los magistrados señalan que sobre la adjudicación otorgada por ADIF: 10.868.867,47 euros corresponderían a fondos nacionales y 1.631.132,53 euros a fondos de la Unión Europea. La Fiscalía Europea de Ignacio de Lucas pedía la competencia sobre la investigación precisamente por ser estos fondos comunitarios, sin embargo, la Sala presidida por Marchena ha decidido que sea el instructor de la Audiencia Nacional el que investigue.