La Universidad del País Vasco alegó un convenio inexistente con la UNED para examinar a 26 presos etarras

La Universidad del País Vasco (UPV) esgrimió un convenio con la UNED que no existía para examinar a 26 presos de ETA que accedieron a estudios superiores mediante el curso para mayores de 25 años. Según consta en la investigación llevada a cabo por la Guardia Civil a instancia de la Audiencia Nacional, la UPV alegó en 2016 a requerimiento del Instituto Armado que «26 de los 64 presos que habrían realizado» estas pruebas lo habrían hecho «en fechas anteriores al año de la supuesta firma» del convenio suscrito entre dicha Universidad y la UNED.

Ese convenio, que habría sido firmado en 1988 (si bien «la fecha no consta en el documento», precisa la Guardia Civil), dice que la UPV contrató los «servicios del Centro Asociado de la UNED sito en Bergara (Guipúzcoa)» para examinar a los internos en prisión. No obstante, los investigadores subrayan que «los elaboradores del presente informe desconocen la validez legal de dicho documento a los efectos de realización de exámenes e impartición de cursos en Centros Penitenciarios españoles».

Este informe, consultado por OKDIARIO, fue remitido al Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, pero la magistrada Carmen Lamela terminó archivando las pesquisas. La denuncia fue presentada por el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) que preside Consuelo Ordóñez, hermana del dirigente del PP de Guipúzcoa Gregorio Ordóñez asesinado por ETA en 1995. En concreto, tras tener acceso a registros electrónicos de la UPV, Covite llevó a la Audiencia Nacional los casos de 76 presos etarras superaron la Selectividad o accedieron a la formación universitaria con curso para mayores de 25 años tras aprobar supuestamente unos exámenes fraudulentos. Un vez matriculados, los recursos pudieron obtener beneficios penitenciarios.

Tal y como ha revelado OKDIARIO de fuentes conocedoras de la investigación, la UPV nunca entregó a la Guardia Civil las actas de esos exámenes. La juez Lamela archivó la causa sin que dicha documentación clave fuese aportada por la UPV en la diligencias efectuadas por el Instituto Armado. Es más, la Universidad se excusa en que «no guarda copia» de tales pruebas, como ha informado también este diario.

Igualmente, además de esos 26 reclusos de ETA que fueron examinados en base a un convenio fantasma, la Guarda Civil indica que otros seis presos aprobaron tales pruebas cuando se «encontraban en prisión en Francia, no en España, y por tanto fuera del ámbito territorial de aplicación del citado Convenio». Entre esos 26 miembros de la banda terrorista aparecen Inés del Río, Domingo Troitiño, Cándido Aspiazu, Joseba Artola Ibarretxe o José Antonio López Ruiz, alias ‘Kubati’.

De otro lado, los seis reclusos en centros penitenciarios en Francia en el momento de esa presunta realización del examen fueron Miguel Ángel Gil Cervera, Juan Lorenzo Lasa Mitxelena, Iñaki Lizundia Álvarez, Teodoro Meabe Derteano, Francisco Múgica Garmendia, alias ‘Pakito’, e Idoia López Riaño, alias ‘Tigresa’.

Sin datos académicos

Por su parte, la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) comunicó al citado Juzgado Central de la Audiencia Nacional que «en sus archivos no figuraba documentación de naturaleza académica de alumnos
internos en centros penitenciarios y que la labor del centro asociado UNED-Bergara se concretaba en la intermediación para hacer llegar los materiales docentes a cada centro penitenciario».

Desde Covite denuncian que el modus operandi del ‘frente de cárceles’ de ETA era movilizarse para que estos presos fueran matriculados en dichas universidades nada más entrar en prisión con el fin de acogerse a beneficios penitenciarios.