La UE advierte a Sánchez de que la Fiscalía debe ser «autónoma» para poder llevar la instrucción

La Unión Europea ha advertido al Gobierno de Pedro Sánchez sobre su reforma para entregar la instrucción de los casos a la Fiscalía, que encabeza el imputado Álvaro García Ortiz. La Comisión avisa de que el Ministerio Público debe ser «autónomo» para «efectuar sus investigaciones de forma eficaz e imparcial sin sufrir presiones políticas». Una situación de independencia que el organismo no ostenta ahora mismo en España. Así lo ha expresado este jueves Bruselas en una respuesta firmada por el comisario de Democracia, Justicia, Estado de derecho y Protección de los Consumidores, el irlandés Michael McGrath.

Se trata de una contestación de la Comisión, órgano ejecutivo de la Unión, a una pregunta parlamentaria de la vicepresidenta del PP Europeo, Dolors Montserrat. En la cuestión de la política popular se aludía a que el Gobierno socialista «prepara una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) con el objetivo de entregar la dirección de las investigaciones a la Fiscalía en detrimento de los jueces».

La iniciativa planteada por la recientemente propuesta como secretaria general del PP Europeo ya advertía de los problemas que podría ocasionar esta modificación legislativa. En concreto, Monserrat aseguraba que «supondría un control indirecto del Gobierno sobre el archivo de las causas penales, incluidas las de corrupción».

En ese sentido, la también portavoz del PP en la Eurocámara recordaba que el fiscal general está siendo investigado, antes conocido como imputado, en el Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos «para fines políticos».

Concretamente, el Alto Tribunal indaga sobre la participación del máximo representante del Ministerio Público en la filtración de correos electrónicos del abogado de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Estos correos se habían enviado al fiscal de delitos económicos encargado del caso, Julián Salto, y estaban protegidos por el secreto profesional. La pareja de la líder del PP de Madrid está siendo investigado en el marco de un caso de presunto fraude fiscal.

Institución sin independencia

La reforma propuesta por el Gobierno es la misma que, como apostilla el PP, «quiere reducir el papel de las acusaciones populares, decisivas en los casos de corrupción que mantienen acorralado al Gobierno». Esta figura procesal está presente en causas como la del propio fiscal general, en la del hermano del presidente, David Sánchez, o en la de la mujer del líder socialista, Begoña Gómez.

En ese mismo sentido, Montserrat ha recordado que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya había advertido que la «revisión del funcionamiento de la Fiscalía» es «imperativa» si pretenden entregarle la instrucción de las causas penales. Y esto, como recuerda la europarlamentaria popular, «para garantizar su independencia».

Cabe apostillar que el propio Pedro Sánchez, durante una entrevista que se produjo en 2019, preguntó al periodista que conducía la conversación: «La Fiscalía de quién depende». El informador contestó que «del Gobierno» y el líder socialista dijo «pues ya está».

Las preguntas del PP son las siguientes:

1. Interroga sobre si la Comisión considera «que la Fiscalía, elegida y controlada por el Ejecutivo, puede ocupar el papel de los jueces para dirigir la instrucción».
2. Se cuestiona sobre si el Ejecutivo europeo va a «interpelar» al Gobierno de Sánchez «sobre esta reforma y sobre la de las acusaciones populares tras las advertencias del CGPJ y de las asociaciones de fiscales y de la magistratura».

«Salvaguardias institucionales»

La Comisión ha contestado este jueves a Monserrat asegurando que «la organización de las fiscalías nacionales varía en toda la UE». El órgano Ejecutivo incide en que no «existe un modelo único para todos los Estados miembros» y que su regulación es «competencia» de cada uno de los países.

La Unión Europea no desdeña el modelo que propone el Gobierno de Sánchez, ya que se utiliza también en otros países. Sin embargo, sí que advierte de que, ahora mismo, la falta de independencia de la Fiscalía puede comprometer el buen funcionamiento de la justicia. «Deben existir salvaguardias institucionales para garantizar que el ministerio fiscal sea lo suficientemente autónomo», subraya. Esto es algo que, a luz de la opinión del CGPJ y tal y como ha admitido el propio presidente del Gobierno, no existe.

Todo ello, como exige el club comunitario, para que el Ministerio Público «pueda efectuar sus investigaciones de forma eficaz e imparcial sin sufrir presiones políticas».