La UCO halla contratos de la cátedra de Begoña Gómez al «margen de la normativa» pero con «apariencia de legalidad»

• Segundo Sanz @SegundoSanz
• Investigación e información parlamentaria
• • 25/05/2026 10:14
  • Actualizado: 25/05/2026 11:53

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha hallado contratos al «margen de la normativa» pero con «apariencia de legalidad» relacionados con la cátedra de la Universidad Complutense que codirigía Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así aparece recogido en un informe de 317 páginas -al que ha tenido acceso OKDIARIO- elaborado por el Instituto Armado y remitido al titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, el juez Juan Carlos Peinado.

Los agentes señalan en el atestado que la Universidad Complutense, donde Gómez codirigiría una Cátedra en Transformación Social Competitiva, recurrió a la firma Deloitte Consulting SLU «tramitando dos expedientes que, como se infiere de los elementos expuestos a lo largo del presente escrito, se habrían elaborado como un mero marco administrativo conformado a los únicos efectos de dotar de apariencia de legalidad a la contratación de estos servicios, la cual se habría llevado a cabo nuevamente al margen del procedimiento establecido en la normativa».

La UCO precisa aquí que «los pagos a Deloitte sí se sustentaron en un contrato menor y en una posterior contratación mediante procedimiento abierto simplificado». Sin embargo, los agentes añaden que «de la sucesión de hechos se desprende que las adjudicaciones a Deloitte no sólo estaban premeditadas», sino que además se dieron bajo una serie de circunstancias que se explican a continuación.

La Guardia Civil subraya que «la consultora ya había iniciado sus funciones con anterioridad a la adjudicación del primer contrato; la prestación real de sus servicios no guardó relación con los plazos formales de ejecución de ambos contratos;  los requisitos y condiciones exigidos para ambos contratos —en su invitación a ofertar y en los pliegos, respectivamente— se amoldaron a las condiciones predefinidas por Deloitte y la Cátedra, incluido el precio, e incluso,  se deduce de la secuencia de hechos analizada que se habrían solicitado ofertas de forma simulada o en unas condiciones que propiciaron una limitación de la concurrencia al resto de licitadores y en beneficio de Deloitte», apostillan los investigadores.

Cabe recordar que Begoña Gómez también se ha visto implicada en otras presuntas contrataciones fraudulentas, como las que efectuó el Gobierno de su marido, a través de la empresa pública Red.es, que otorgó contratos al grupo del gurú de su cátedra, Juan Carlos Barrabés, por más de 10 millones de euros.

Begoña Gómez firmó cartas de recomendación en favor de este empresario aragonés, también procesado, cuyo conglomerado empresarial acabó recibiendo diversos contratos del Ejecutivo a través de la citada Red.es.

El pasado diciembre, el juez Peinado citó a varios cargos de Deloitte para interrogarles por la relación de la consultora con la cátedra que la mujer del presidente del Gobierno codirigía en la UCM. El juez también requirió a Deloitte y a otras empresas vinculadas a la cátedra que aportaran las agendas y actas de las reuniones que tuvieron lugar para trabajar en el desarrollo de la plataforma transformatsc.org, por la que se investiga a Begoña Gómez por la presunta comisión de un delito de apropiación indebida.

Junto a Cristina Álvarez

Estos cargos de Deloitte aseguraron ante el instructor que Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez en La Moncloa, acompañó a la mujer de Pedro Sánchez a algunas reuniones sobre la cátedra de Transformación Social Competitiva en la Complutense. Los cargos también apuntaron que la asesora de la esposa del presidente no intervenía en las reuniones activamente.

El juez Peinado procesó el pasado abril a Begoña Gómez, a su asistente, Cristina Álvarez, y al empresario Juan Carlos Barrabés al considerar que hay indicios sobre ellos respecto a la comisión de cuatro delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.