‘Txeroki’, sanguinario jefe de ETA, saldrá en semilibertad con una condena a 377 años de cárcel

• Rosalina Moreno @rosalina_mb
• Periodista de Nacional. Interior, Defensa y Justicia. rosalina.moreno@okdiario.com
• • 06/02/2026 11:25
  • Actualizado: 06/02/2026 13:06

El ex jefe de ETA Garikoitz Aspiazu Rubina, alias Txeroki, saldrá en semilibertad con una condena de 377 años de cárcel, entre otras. Saldrá de prisión de lunes a viernes porque se le ha aplicado el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, pese a no constar arrepentimiento de sus crímenes ni desvinculación de la izquierda abertzale.

De esta forma, este sujeto, que es uno de los dirigentes de ETA más sanguinarios, disfrutará de beneficios propios del tercer grado sin haber progresado formalmente a ese régimen.

Las víctimas del terrorismo están que trinan con la decisión, como es natural. Han puesto el grito en el cielo denunciando que estamos ante «una amnistía encubierta, absolutamente incompatible con el derecho de las víctimas a la Justicia y contraria a nuestro ordenamiento jurídico». Así lo sostiene el Colectivo de Víctimas del Terrorismo Covite).

Teroki fue capturado en noviembre de 2008 en Francia, donde comenzó a cumplir prisión hasta que a principios de 2018 fue trasladado a España para ser juzgado por diversas causas pendientes. En julio de 2011 fue sentenciado a 377 años de cárcel por 20 delitos de asesinato en grado de tentativa, 18 años por cada uno, y por un delito de estragos terroristas. Entre ellos, el intento de asesinato de la ex teniente de alcalde de Portugalete (Vizcaya) Esther Cabezudo (PSE) en febrero de 2002. Se encuentra interno la cárcel guipuzcoana de Martutene.

También ha sido condenado a otros 18 años de prisión por intentar matar a una periodista, la ex delegada de Antena 3 en el País Vasco María Luisa Guerrero. Ocurrió en enero de 2002. Todavía tiene varios procedimientos pendientes con la Justicia.

Ahora, saldrá de lunes a viernes de prisión y por las noches volverá para dormir.

Vaciar las cárceles, exigencia de ETA

Covite denuncia que la aplicación del artículo 100.2 en este caso constituye «un nuevo fraude en la ejecución de las condenas a los presos de ETA», al tratarse de una medida prevista por la ley con carácter excepcional que con los presos de ETA se está utilizando de forma sistemática para flexibilizar el cumplimiento de sus penas.

Además, pone el foco en que «esta política penitenciaria del Gobierno vasco con los presos de ETA supone la culminación de la última exigencia de ETA que queda por cumplir en este final de ETA negociado que vivimos, que es, en palabras de la propia izquierda abertzale, vaciar las cárceles».

«Se está cumpliendo a rajatabla exactamente como ellos quieren: sin exigirles arrepentimiento ni desvinculación del entramado social y político que legitima y vanagloria el terrorismo. Las consecuencias de este final de ETA indigno las estamos pagando las víctimas con la impunidad de los asesinos de nuestros familiares», critica indignada la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, hermana del concejal del PP vasco Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA el 23 de enero de 1995, en San Sebastián.

Y reclama a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que actúe y recurra el 100.2 de este sanguinario etarra para impedir que se consolide esta «amnistía encubierta» contraria a Derecho. En la fase de ejecución de las condenas, las víctimas no pueden personarse, por lo que la Fiscalía es la única institución que puede corregir esta tropelía que ha avanzado esta madrugada El Correo. «Avalar decisiones como ésta y mirar hacia otro lado supone trasladar un mensaje devastador de impunidad», avisa Ordóñez.

Covite recuerda que el arrepentimiento es una condición esencial para avanzar en la reinserción de los condenados por terrorismo y subraya que, «tratándose de un delito público y de especial gravedad como este, dicho arrepentimiento debería manifestarse también públicamente, precisamente para contribuir a la reparación no sólo de las víctimas directas, sino del conjunto de la sociedad, especialmente de la vasca y la navarra, donde las consecuencias del terrorismo siguen muy presentes».

Lo tratan de «héroe» y de «preso político»

«Nada de eso concurre en el caso de Txeroki. Al contrario, la izquierda abertzale continúa exhibiéndolo como si fuera un héroe y tratándolo como a un preso político, lo que demuestra que sigue sin cuestionar su trayectoria criminal en la organización terrorista y, por tanto, que no está arrepentido», sostiene Ordóñez.

En este sentido, señala como prueba que este sanguinario está «fuertemente vinculado a la izquierda abertzale, y fue nombrado en las listas de los etarras de Etxerat, la asociación de familiares de presos de ETA –etarras vinculados a SORTU–. Además, señala que fue «exhibido de forma explícita esta pasada Nochevieja por Bildu y su satélite SARE en una mesa con sillas vacías en vía pública en el barrio de Santutxu de Bilbao», y también en fiestas de Bilbao y de su propio barrio, Santutxu, en las que tenían un acto reservado para homenajear al etarra y a su familia.

Covite advierte que la extensión del artículo 100.2 a numerosos presos de ETA «vacía de contenido el carácter excepcional de esta medida y consolida una política penitenciaria que continúa avanzando, sin prisa y sin disimulo, en la dirección marcada por la izquierda abertzale.»

Asimismo, denuncia por enésima vez «la falta de transparencia del Gobierno vasco en relación con la concesión de determinados beneficios penitenciarios a presos de ETA, como el propio artículo 100.2 o el 117 del Reglamento Penitenciario, ambas vías excepcionales que permiten a reclusos clasificados en segundo grado —que no pueden progresar al tercero por no haber cumplido aún las tres cuartas partes de la condena— disfrutar de beneficios propios de ese régimen».

Según Covite, el Gobierno vasco ha rehusado facilitar tanto el número como la identidad de los presos beneficiados, una negativa que no se produce por primera vez. «No se puede hablar de transparencia mientras se oculta información relevante sobre decisiones penitenciarias que afectan directamente al derecho de las víctimas a la justicia», sentencia Ordóñez.

Pese a que la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, se comprometió públicamente en noviembre de 2025, en una jornada organizada por la AVT, a mejorar la información a las víctimas del terrorismo, Covite asegura que ese compromiso no se está cumpliendo. «Estamos solicitando información de forma reiterada y se nos está negando», critica Ordóñez.

Por otra parte, Covite denuncia la «soledad institucional y social» en la defensa del derecho de las víctimas a la Justicia ante este tipo de decisiones, «un fraude que afecta muy directamente al derecho a la Justicia de las víctimas de ETA».

«Todos aquellos que clamaban contra los acercamientos de presos de ETA a cárceles vascas, cuando no es un derecho de las víctimas elegir en qué cárcel deben cumplir su pena, ahora callan ante estas concesiones de terceros grados. ¿Por qué? ¿Acaso no es mucho más grave que se excarcele a los presos de ETA burlando nuestras leyes, que el hecho de que sean trasladados de una cárcel a otra?», lamenta Consuelo Ordóñez, indicando que «este silencio generalizado y atronador resulta tan doloroso como incomprensible».