El Tribunal de Cuentas reclama casi 10 millones de euros al sindicato UGT por el caso de los ERE

El Tribunal de Cuentas ha exigido a 9,7 millones de euros UGT por un expediente de responsabilidad contable del caso de los ERE de Andalucía, una decisión que ya ha recurrido el sindicato.

Según UGT, el expediente supone una «indefensión» y pide poder responder con su patrimonio inmobiliario porque, de lo contrario, supondría su «inmediato bloqueo económico».

Según el Tribunal de Cuentas, UGT cometió irregularidades relacionadas con ayudas gestionadas de forma incorrecta en los expedientes de regulación de empleo tramitados en el ámbito de la Junta de Andalucía.

De acuerdo con el expediente, el sindicato concedía a trabajadores afectados por un ERE ayudas que realmente no les correspondían por no reunir las «condiciones exigidas para ello».

UGT recibió la notificación de esta decisión el pasado 15 de julio y sostiene que ha sufrido «indefensión» porque, a su juicio, el delegado instructor del procedimiento no concreta en qué irregularidades específicas se fundamenta la imputación, tal y como ha informado El País.

Para el sindicato, la cantidad que le exige el Tribunal de Cuentas es «objetivamente muy elevada». En su recurso defiende que «afecta al normal desenvolvimiento de la actividad del sindicato, comprometiendo su actividad sindical y en definitiva el derecho fundamental de libertad sindical (artículo 28.1 de la Constitución)».

En este sentido, advierte que si se llegara a esta situación acudirá ante el Tribunal Constitucional para solicitar amparo. UGT defiende su «especial ubicación» como sindicato en la Carta Magna lo que «realza» su posición como uno de los «soportes institucionales básicos de la sociedad».

Además, señalan que ni UGT ni la Federación Estatal del Metal, Construcción y Afines del sindicato, a quien se dirige el escrito, han recibido «cantidad alguna de las que se reclama afianzamiento». «Las han recibido los trabajadores afectados por los expedientes laborales correspondientes», subrayan.

Pare de los 9,7 millones de euros, en concreto 2,8 millones de euros, se reclaman de forma conjunta y solidaria con la Federación Minerometalúrgica de Comisiones Obreras (CCOO).