El Tribunal de Cuentas no se rinde: juzga a Junqueras y Puigdemont por desviar 5 millones para el 1-O

El Tribunal de Cuentas ha celebrado este viernes una vista del juicio por el desvío de fondos para el procés en el que está encausado Carles Puigdemont y otros 34 ex cargos de la Generalitat de Cataluña. A pesar de las peticiones de las defensas de suspender el procedimiento por la tramitación de la Ley de Amnistía, la consejera que se encarga del caso, Elena Hernáez, ha optado por escuchar las tres declaraciones previstas. No obstante, ha indicado que en las próximas semanas resolverá los recursos y notificará a las partes si procede continuar con el jucio.

El ex presidente catalán Carles Puigdemont estaba llamado a comparecer, pero no lo ha hecho. Pidió a última hora entrar por videoconferencia desde Bruselas pero la consejera se lo ha denegado. Su abogado, Gonzalo Boye, ha asegurado que sí estaba dispuesto a participar del juicio a distancia como ha hecho en otros casos. En todo caso, en la vista ha comentado con socarronería: «Carles Puigdemont hasta hace nada no sabía si iba a venir o no, por eso hemos esperado hasta el último momento. Igual se aplicaba la ley [de amnistía] y podía venir».

En declaraciones a los periodistas tras la vista, el letrado se ha negado a aclarar en qué punto de la tramitación parlamentaria de Ley de Amnistía Puigdemont tenía previsto regresar a España. Sobre si el juicio del Tribunal de Cuentas por los gastos del 1-O es lawfare, Boye ha criticado los desembolsos que supone precisamente la celebración del juicio.

A lo largo de dos horas, la consejera del Departamento 2º de la Sección de Enjuiciamiento, Elena Hernáez, ha presenciado el interrogatorio a tres testigos: la interventora de la Administración del Estado en Cataluña durante el 1-O, María Luisa Lamela; una antiguo miembro del comité ejecutivo del Diplocat, Antoni Millet; y un profesor de Derecho Internacional de la Universitat Rovira i Virgili a quien se contrató para elaborar un informe sobre tratados internacionales suscritos por el Estado español, Alfonso González Bondía.

La que fuera interventora de la Administración del Estado en Cataluña cuando el 1-O, María Luisa Lamela, ha explicado en el Tribunal de Cuentas que «nunca llegó a controlar» los gastos del procés porque no era su competencia. Se limitaba a tramitar los pagos que contaban con el certificado de la Generalitat. Su equipo, ha esgrimido, no tenía ni competencia ni capacidad para controlar los gastos del independentismo catalán.

Boye lanza «preguntas impertinentes»

Durante las preguntas que le ha hecho Boye ha tenido que salir al paso la consejera por ser «preguntas impertinentes». El letrado de Puigdemont ha cuestionado su testimonio por ser hermana de la jueza Carmen Lamela que fue la primera instructora de la causa del procés. La testigo ha indicado que no habla de temas profesionales con su hermana y la consejera le ha cortado: «No tiene que dar explicaciones sobre sus relaciones familiares».

En esta línea, el fiscal también ha intervenido para ir en contra de Boye. «Estamos ante una contradicción insalvable». El representante del Ministerio público ha comentado que la defensa de Puigdemont podía haber recurrido su petición de declaración como testigo. El fiscal se ha mostrado, en todo caso, contrario a suspender este procedimiento para aclarar la responsabilidad contable de los independentistas.

Por su parte, los otros dos testigos han comentado sus recuerdos sobre esas fechas. Han expuesto que el Diplocat no llegó a liquidarse y sólo dejó de trabajar unos meses. Por otra parte, el profesor ha justificado que el precio pagado por sus informes se fijó tras preguntar baremos a la fundación de la universidad. La Fiscalía y Sociedad Civil Catalana no han participado en ninguno de los interrogatorios.

Previamente la prueba documental ya se había dado por reproducida. La consejera ha explicado que, en caso de seguir adelante con el procedimiento, dará un plazo a las partes para que presentes sus conclusiones por escrito. Sociedad Civil Catalana quería exponer sus conclusiones a viva voz pero no se lo han permitido.

Reclamaciones millonarias

La Fiscalía reclama 3,1 millones de euros de forma conjunta y solidaria a los 35 encausados tras rebajar las estimaciones iniciales del propio Tribunal de Cuentas, que había previsto una responsabilidad contable de unos 9,5 millones. Sociedad Civil Catalana, por su parte, pide 5 millones a 11 ex cargos del Govern. Los encausados ya han aportado una fianza de cara al juicio para evitar embargos gracias al Instituto Catalán de Finanzas.

Entre los 35 encausados está Artur Mas. Ya fue condenado por el propio Tribunal de Cuentas a devolver a la Generalitat algo más de 4,9 millones de euros y un millón de euros más de intereses– por la organización de la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014.

Además de Puigdemont, están implicados ex consejeros condenados por el Supremo, como Raül Romeva y Jordi Turull; exconsejeros huidos, como Toni Comín y Lluís Puig; exdelegados de la Generalitat en el extranjero, como los de Estados Unidos, Francia, Italia y Portugal; y delegados en el exterior que aún permanecen en el cargo, como Marie Katinka (Alemania) y Eric Hauck (Sudeste de Europa). Igualmente, están en la causa del Tribunal de Cuentas 9 procesados por el Juzgado de Instrucción Número 13 de Barcelona por los preparativos del referéndum ilegal del 1-O.