El Tribunal de Cuentas abronca a Marlaska por obligar a la Guardia Civil a usar coches «con más de 15 años»

El Tribunal de Cuentas ha abroncado al Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska por forzar a la Guardia Civil y la Policía Nacional a utilizar coches «con más de 15 años». El órgano fiscalizador de las cuentas públicas ha advertido que existe «un porcentaje significativo de vehículos» que tienen «antigüedad y kilometraje excesivos».

Se trata de las conclusiones extraídas del Informe de Fiscalización operativa de la planificación y gestión de inversiones y equipamientos del Ministerio del Interior, durante los ejercicios 2021, 2022 y 2023.

El organismo subraya que gracias a los fondos europeos que financian el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con el que se sufragaron diversos proyectos después de la pandemia, se produjo «la renovación de un número significativo de turismos de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil».

No obstante, la balanza entre los vehículos que ha entregado a la Policía Nacional y a la Guardia Civil denota una diferencia de trato de Interior a ambos cuerpos. Y es que, mientras que la primera ha recibido 2.659 nuevas unidades, para la Benemérita se han adquirido 1.596 coches.

«Antigüedad y kilometraje excesivos»

«Sin embargo, a pesar del esfuerzo de renovación de material móvil de los dos cuerpos policiales, persiste un porcentaje significativo de vehículos con antigüedad y kilometraje excesivos», reza el informe de fiscalización realizado a la cartera de Marlaska.

Y, además, la diferencia de trato entre ambos cuerpos policiales se hace aún más llamativa en cuanto al tiempo que tiene su flota. Como señala el Tribunal de Cuentas, «particularmente», la Dirección General de la Guardia Civil «opera un parque móvil más envejecido que el de la Policía Nacional».

En el caso del instituto armado, «un 21% de los turismos y un 26% de los todoterrenos de la Guardia Civil tenían más de 15 años o más de 300.000 kilómetros recorridos». La Policía Nacional no se queda atrás: un tercio de las unidades tiene más de 100.000 kilómetros y más de la mitad de los coches tiene una antigüedad de cinco años, mientras que uno de cada cuatro tiene más de 15 años.

En el caso de la Policía Nacional, se benefician de forma preeminente de los contratos de arrendamiento que son, a ojos del Tribunal de Cuentas, un acuerdo «más eficiente para el servicio que prestan los vehículos». Y es que explican que «disminuye el coste en reparaciones y permite disponer de una flota más moderna».

«Sin embargo, dadas las limitaciones presupuestarias, no resulta viable en la actualidad que los dos cuerpos policiales dependan en exclusiva de contratos de arrendamiento», exponen desde el órgano fiscalizador de las cuentas públicas. Y la Guardia Civil es quien menos se ha beneficiado de esta medida.

«Deficiencias» en la gestión

Por otro lado, el Tribunal de Cuentas también ha advertido sobre la «información almacenada en los sistemas de gestión de la Policía Nacional y de la Guardia Civil». El órgano fiscalizador advierte de que «la gestión de los vehículos de sus respectivos parques móviles adolece de deficiencias». Concretamente, se debe a la «calidad y funcionalidades de explotación» por «las carencias de sus respectivos sistemas de información de gestión».

Por todo ello, el Tribunal de Cuentas realiza dos recomendaciones a la cartera del Interior. Por un lado, insta a Marlaska a «abordar un plan de renovación de la flota a medio y largo plazo, que tenga en cuenta un equilibrio entre el número de vehículos en arrendamiento y en propiedad».

En ese mismo sentido, se pretende que Interior «considere la financiación futura del reemplazo de los vehículos adquiridos en el marco del PRTR para utilización de la Policía Nacional y de la Guardia Civil» porque advierte que «la finalización de su vida útil se producirá en un lapso de tiempo similar entre todos ellos».

La segunda recomendación del Tribunal de Cuentas es «desarrollar mejoras en las funcionalidades de los sistemas de información que dan soporte a la gestión del parque móvil de la Policía Nacional y el de la Guardia Civil». Con esa actualización, pretende «incorporar mayor detalle en la información, con sistemas automatizados e interoperables y con controles específicos de calidad del dato».