No es sólo el Supremo: otro juez investiga a un cargo de Ábalos por «apañar» un contrato como dijo Aldama

El empresario Víctor de Aldama ha puesto en jaque al Gobierno con la acusación de que el ministerio de Transportes «preadjudicaba» contratos millonarios de construcción de carreteras con diversas compañías. Tal como destapó OKDIARIO, existe una licitación que se encuentra investigada por un juzgado de Ávila también impulsada por la Dirección General de Carreteras. Un alto cargo ministerial fue grabado pidiendo expresamente «apañar» las puntuaciones de las empresas licitadoras para que ganara una determinada sociedad. Fuentes jurídicas confirman que el caso sigue abierto a la espera de recibir un informe pericial que dé por concluida la fase de instrucción.

Por tanto, no es sólo el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional los que están sobre la pista de presuntas irregularidades en Transportes. También la UCO de la Guardia Civil, la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía Europea han estado mirando con lupa estos hechos. También se suma el Juzgado de Instrucción número 5 de Ávila que desde hace varios años investiga presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y fraude vinculados al ex número dos de la Dirección General de Carreteras del Gobierno de España.

De hecho, la Audiencia Provincial de Ávila ordenó reabrir el caso. La causa se centra en grabaciones de audio donde el acusado discutía abiertamente la necesidad de «apañar» un concurso público para adjudicar el mantenimiento de la carretera AV-02 a una empresa específica. Pedía a sus subalternos manipular las puntuaciones para forzar una adjudicación concreta. El interlocutor muestra su malestar en esa conversación. Asegura que no está durmiendo por ese tema y que quiere tener una jubilación tranquila. No quiere que los documentos de la licitación, que son públicos, aparezcan en el Portal de Contratación con su firma. No obstante, su jefe le presiona: «Si no lo firmas tú, lo firmo yo, es la indicación del director general».

El caso renace tras una denuncia de Vox. Marta Castro, jefa jurídica de Vox, recurrió el archivo provisional dictado en junio de 2023. El tribunal ha ordenado la práctica de una nueva pericial técnica sobre la valoración de la licitación que ganó la empresa CYOPSA-SISOCIA, al considerar que las periciales previas, realizadas por las partes implicadas, son insuficientes para esclarecer los hechos.

Además, los magistrados han decidido que esta nueva pericial no sea realizada por la Administración General del Estado para garantizar su imparcialidad. En su lugar, deberá ser encargada a una administración pública distinta, ya sea local, regional o europea, que cuente con experiencia en la adjudicación de contratos similares mediante concurso público.

Las grabaciones, que se remontan a 2020, exponen al entonces subdirector de Conservación del Ministerio de Transportes, Alfredo González González, alto cargo en la época de José Luis Ábalos. En dichas grabaciones, González presionaba al técnico encargado para favorecer a CYOPSA en un contrato valorado en 25,6 millones de euros.

El subdirector manifestaba sin ambigüedad ninguna su intención de «ajustar» las puntuaciones técnicas para favorecer a CYOPSA, insistiendo en que seguía «instrucciones» de su superior, identificado como Javier Herrero, director general de Carreteras en aquel momento. González llegó a decir al técnico: «¿Hasta dónde lo puedes subir? Con un 80 no puedo, no cumplo las instrucciones». Las grabaciones revelaron también que la oferta de CYOPSA contenía «errores de bulto», lo que agravaba las sospechas de manipulación.

En el diálogo, el técnico presionado expresó su rechazo, señalando que era «injustificable» alterar las puntuaciones, a lo que González respondió asegurando que él mismo asumiría la responsabilidad de firmar la adjudicación. Finalmente, CYOPSA no solo ganó el contrato cuestionado, sino que se hizo con otro contrato adicional de 10,6 millones de euros en las mismas fechas.

Tras el escándalo, el Ministerio de Transportes, bajo la dirección de Ábalos, trasladó el caso a la Fiscalía tras realizar una investigación interna que confirmó irregularidades. El caso ahora reabierto busca determinar si estas actuaciones constituyen un delito contra la Administración Pública, según lo previsto en el Código Penal.