Un testigo del 9N: «Hubo presión para no intervenir y me inquietó que las órdenes eran sólo verbales»

En la segunda jornada del juicio contra Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau por el referéndum ilegal del 9N están compareciendo los primeros testigos del caso. Uno de ellos, el inspector de la Conselleria de Enseñanza Jesús Rul, ha explicado este martes que el inspector jefe les instó en una reunión el 21 de octubre de 2014 a no intervenir ante la petición de la Dirección de Servicios Territoriales de Barcelona Comarcas de la Conselleria de Enseñanza a los directores de institutos para que cedieran los centros para el proceso participativo.

En su declaración como testigo en el juicio que se celebra en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Rul –que actualmente está jubilado– ha explicado que le «inquietó» que los Servicios Territoriales pidieran a los directores que cedieran los centros oralmente y no por escrito.

A preguntas de la Fiscalía, ha detallado que supo por el inspector jefe que la directora territorial de Barcelona Comarcas, Montserrat Llobet, pensaba convocar a los directores de institutos de la zona para comunicarles que sus centros iban a ser sede del 9N y entonces lo comentó con los directores que dependían de él.

Según este inspector, las reuniones con los directores se desarrollaron con una forma de proceder «no habitual», y le inquietó que se les pidiera solamente de manera verbal que los institutos fueran sede de votaciones.

Por eso, escribió sendas cartas a los directores de su zona de inspección para asesorarles sobre cómo actuar ante esta petición de la directora territorial, recomendando que pidieran las instrucciones por escrito y recordando que los directores deben cumplir la legalidad: «Pensé que como inspector tenía el deber de asesorar».

«La motivación era asesorar a los directores ante las demandas que la autoridad administrativa hacía para el 9N», ha detallado el inspector, que ha indicado que en una reunión el 21 de octubre con el inspector jefe, Francesc Güell, les dijo que se abstuvieran de intervenir en el 9N.

Ha expresado que en esta reunión en la que había en torno a una veintena de inspectores no figuraba en el orden del día que se abordaría el tema de la consulta, aunque sí se trató, y fue cuando el inspector jefe les dijo que se abstuvieran de actuar porque el tema era competencia de la directora de servicios territoriales con los directores.

«Se nos instó a los inspectores a no intervenir en cuestiones del 9N», ha insistido, a lo que él intervino para decir que no se les podía pedir que no actuaran, pero ha admitido que hubo inspectores que estaban de acuerdo con que el propietario de los edificios podían usarlos para lo que consideraran oportuno.

«Un caso atípico»

El inspector ha asegurado que la Administración funciona con un sistema muy preciso, y sus normas se desarrollan de manera rigurosa: «En este caso, me pareció que no se desarrollaba de esta forma». «Había un interés de que los directores colaborasen con lo que decían sus superiores y que entregaran las llaves. Esto es atípico con el derecho administrativo», ha indicado el inspector.

El abogado de Irene Rigau, Jordi Pina, ha iniciado su interrogatorio preguntándole si fue voluntario el 9N: «No fui voluntario», ha respondido.

Sobre si es competencia de un inspector reenviar meses después del 9N copia de las cartas que envió a los directores a la alta inspección de Educación del Estado en Cataluña, ha explicado que lo hizo para «colaborar con la Justicia». En la última pregunta, ha dicho que en sus cartas consideró que la petición de uso de los institutos se enmarcaba en el «uso social» y no en un uso administrativo.