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El Ministerio para la Transición Ecológica, bajo la batuta de Teresa Ribera, ha lanzado una página web en la que señala en rojo los edificios particulares que tienen una baja eficiencia energética. Sin embargo, no se especifica el grado de sostenibilidad de los inmuebles de carácter público. En lugar de dar ejemplo y, con transparencia, mostrar los inmuebles en los que hay que mejorar, el Ejecutivo impone un manto de opacidad. Tal como ha comprobado OKDIARIO, los edificios del Gobierno central, así como de inmuebles regionales y de entes locales, se quedan en gris y no muestran información.
Se trata del Geoportal ‘Edificios Eficientes’ donde han volcado información oficial sobre los certificados energéticos de los edificios e inmuebles, «tanto residenciales como del sector terciario». Por ahora han empezado con los datos de la comunidad de Castilla y León como «experiencia piloto». «En un futuro próximo se ampliará su alcance geográfico y sectorial», prometen.
De esta forma, el equipo de Teresa Ribera ha difundido la información de la calificación del grado A –el mejor– al G –el más deficiente– de miles de viviendas. Estas certificaciones se basan en análisis de los sistemas de aislamiento, de calefacción, etc. Por ahora se muestran los datos disponibles de multitud de viviendas de los más de 2.000 municipios que integran la región con capital en Valladolid. No obstante, todavía muchas viviendas no han sido objeto de análisis.
En todo caso, llama la atención que se oculta si los edificios públicos han pasado estas certificaciones. Muchos edificios nuevos oficiales sí cumplen con los estándares actuales, pero cientos de construcciones de la España profunda tienen mucho que mejorar para tener una eficiencia energética a la altura de los tiempos actuales.
Estimación
El geoportal muestra un plano de todas las localidades y emplea el código oficial de colores y letras del etiquetado energético de los edificios. Del verde intenso, gradualmente, al rojo intenso. Si disponen de certificado se indica si está caducado; si no lo tienen aún, se facilita una estimación del que puedan tener en base a las propiedades del mismo bloque.
El geoportal también muestra una fotografía de todos los inmuebles para evitar malentendidos. También recoge enlaces a las webs sobre certificación energética de edificios de la comunidad autónoma y a la dirección oficial donde encontrar las ayudas a la rehabilitación energética. Por último, se incluyen consejos para reducir el consumo de energía y las emisiones de dióxido de carbono.
Este proyecto del Ministerio encabezado por Teresa Ribera es posible gracias a un real decreto aprobado el 1 de junio de 2021 que establece que los certificados inscritos en las regiones españolas se recopilarán en un registro centralizado, ya desarrollado y gestionado por Transición Ecológica. Previamente, las comunidades autónomas son las administraciones competentes para registrar y recabar la información.
Los datos de todas las comunidades autónomas se irán incorporando al geoportal progresivamente, en cuanto tengan sus certificados en abierto. A diciembre de 2021, en toda España había 4,6 millones de certificados energéticos de inmuebles. Cataluña ocupaba la primera posición de la clasificación autonómica, con 1,13 millones de certificados, seguida por Madrid y la Comunidad Valenciana, con 0,73 y 0,72 millones de certificados, respectivamente.
El Gobierno publicita esta herramienta porque «pretende promover actuaciones en eficiencia energética, como rehabilitaciones, y resulta muy útil para los negocios inmobiliarios, como compraventas o alquileres, y para otras actividades propias de empresas constructoras, instaladoras, de servicios de mantenimiento, de servicios financieros o estudios de arquitectura, entre otros».
El equipo de Teresa Ribera agrega en la comunicación para dar a conocer este geoportal que España está a la cola de Europa en rehabilitación para impulsar el uso responsable de la energía. En lugar de resaltar los aspectos positivos del país, denuncian: «España tiene una tasa anual de rehabilitación de edificios de 8 a 10 veces inferior a la de los principales países europeos. Esta escasa demanda es un obstáculo para cumplir los crecientes objetivos nacionales y europeos de ahorro de energía». Quieren revertir esta situación con fondos europeos. Prometen 6.820 millones de euros para el sector privado y el sector público -sobre todo autonómico y local- y otros 1.070 millones exclusivamente para la administración central a través de varias líneas de apoyo.
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