El Supremo ve probado que la Fiscalía filtró a La Moncloa el correo contra Ayuso antes de publicarse
"Y de ahí al medio de comunicación elplural.com", indica el auto del juez Hurtado
El juez dice que Moncloa se lo envió a Lobato para que "hiciera uso de él, con una clara finalidad política"
El juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado, instructor del caso en el que se investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la filtración de datos de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado que el mail en el que se incluía la información, protegida por el secreto profesional, sobre la pareja de la dirigente del PP, tuvo «salida» de la Fiscalía y «destino» en «Presidencia del Gobierno». «Y de ahí al medio de comunicación elplural.com», indica el auto del magistrado al que ha tenido acceso OKDIARO.
El juez del Alto Tribunal apunta en su escrito: «Con salida de la Fiscalía General del Estado (FGE) y destino Presidencia del Gobierno, circuló el mismo correo de 2 de febrero de 2024, y de ahí al medio de comunicación elplural.com».
Ese auto es el mismo en el que el magistrado Hurtado cita a declarar como imputado al fiscal general; a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y a la número 2 de la Secretaría Técnica de la Fiscalía, Diego Villafañe, por un presunto delito de revelación de secretos. En el auto se indica, sobre ellos, que se habrían «concertado para revelar secretos o informaciones reservadas» que conocían por razón de su cargo.
Tal y como ha señalado el juez del Supremo, el mail con los datos protegidos por el secreto profesional de González Amador, una vez «llegado a Presidencia del Gobierno», después «se puso a disposición del testigo Juan Lobato, portavoz del Grupo Socialista de la Asamblea de Madrid, al objeto de que hiciera uso de él, con una clara finalidad política» en su intervención en el Pleno de la Asamblea de la Comunidad de Madrid del pasado 14 de marzo.
«En una primera transmisión que recibe de él, plantea sus dudas de que se hubiera publicado en algún medio, hasta el punto que pide que se le confirme este extremo», ha incidido en su auto. En ese punto, ha recordado los mensajes enviados por Lobato: «Porque si no, parece que me la ha dado la Fiscalía». También otro en el que apunta: «Y Pilar quiere que yo saque el mail de Fiscalía. Que no ha salido, pero que lo saque yo. No puede ser».
«Ante estas circunstancias, desde Presidencia del Gobierno se hacen gestiones para la publicación en el medio elplural.com del correo de 2 de febrero de 2024 entre el abogado de Alberto González Amador y el fiscal, donde aparece, pero con los datos personales tapados, que es el que muestra en la Asamblea Juan Lobato, y que no lo estaban en el correo que con anterioridad había recibido él de Presidencia», continúa el auto del magistrado del Alto Tribunal.
El magistrado ha citado a declarar al fiscal general el 29 de enero, a la fiscal provincial el 30 de enero, y al teniente fiscal el 5 de febrero. En su auto, destaca especialmente el valor de los informes elaborados por la UCO, cuyos investigadores «han venido contando con el beneplácito del Ministerio Fiscal en otras causas» y cuya «reconocida solvencia no habría de ser cuestionada gratuitamente».
Una noche de infarto
El auto del juez del Tribunal Supremo revela los detalles de una presunta operación coordinada para filtrar información confidencial la noche del 13 de marzo de 2024. Dibuja unas horas frenéticas. Entre las 21:59h, cuando el fiscal general Álvaro García Ortiz recibió el correo en su gmail particular, y las 23:51h, cuando fue publicado por la Cadena SER, se sucedieron una serie de llamadas y mensajes «reveladores de momentos de urgencia».
El magistrado Ángel Luis Hurtado describe un operativo dirigido personalmente por García Ortiz, que aprovechó «la situación de superioridad que ostentaba sobre otros fiscales, que se prestaron a ponerse a su disposición». Los WhatsApp intervenidos muestran cómo el fiscal general exigió que le enviaran el correo a su cuenta personal en lugar de la oficial.
«La secuencia y presura de esos pasos ponen de relieve unas prisas por parte del Fiscal General del Estado en recoger una determinada información, tantas, que no puede esperar a la mañana siguiente», señala el juez, quien destaca el «concreto interés» por obtener un correo que no había sido incluido en la documentación oficial.
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