El Supremo investigará a Puigdemont por terrorismo pese a la Amnistía basándose en directivas de la UE

El Tribunal Supremo va a aludir a las directivas europeas sobre terrorismo para investigar a Carles Puigdemont y al diputado independentista Rubén Wagensberg por terrorismo en la causa sobre Tsunami que ha recaído en la Sala de lo Penal del Alto Tribunal. No habrá un archivo inmediato de la causa sobre Tsunami y, en todo caso, habrá un exhaustivo análisis de las normas de la Unión Europea.

Tal como ha podido saber OKDIARIO, los magistrados no tienen prisa y, por ahora, no ha arrancado la instrucción sobre el ex presidente catalán. El procedimiento se realizará en paralelo al que lidera Manuel García-Castellón en la Audiencia Nacional, que irá más rápido. Habrá coordinación con los mismos investigadores de la Guardia Civil, pero los dos tribunales trabajarán cada uno por su lado.

Los abogados de los dos políticos independentistas podrían ahora recurrir el auto del Supremo para abrirles una causa penal a petición de García-Castellón. El letrado Gonzalo Boye se ha caracterizado por recurrir todos y cada uno de los movimientos de los jueces. Por tanto, ese movimiento podría retrasar temporalmente la apertura formal de la causa y el arranque de las primeras diligencias. Por ahora, no se ha tomado una consideración sobre si Puigdemont será llamado a declarar por su posible responsabilidad en las protestas violentas de Tsunami. En todo caso, como ha publicado OKDIARIO, lo que sí admiten los magistrados del Supremo es que con la publicación en el BOE de la ley se tendrán que levantar las medidas cautelares, es decir, la orden nacional de detención al dirigente de Junts y socio de Pedro Sánchez.

Las fuentes pulsadas consideran que, a pesar de la presumible aprobación de la Ley de Amnistía en el Pleno del Congreso de los Diputados esta semana, el borrado de los delitos y las investigaciones judiciales de los dirigentes independentistas y sus seguidores está lejos de materializarse de inmediato.

Puigdemont tiene en el Supremo dos cuentas pendientes. Por un lado, el juicio al proceso independentista que encabezó él mismo con un referéndum ilegal de independencia y una declaración de secesión fugaz. Sus compañeros de Gobierno autonómico sí fueron juzgados por el Supremo y fueron condenados a penas de cárcel. Sin embargo, él se fugó. En este procedimiento se da por hecho que el Supremo lanzará una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para aclarar si la norma es conforme a las normas comunitarias.

Por otra parte, desde el pasado 29 de febrero, el Supremo tiene previsto investigar a Puigdemont por terrorismo. En el auto que razona esa decisión, el tribunal deja claro que no tiene duda alguna de que los hechos que se imputan a Tsunami se incardinan en el delito de terrorismo y recoge una decena de sentencias de terrorismo callejero que consolida su doctrina sobre este delito.

Directiva a estudio

En este punto se ha nombrado por reparto a una juez instructora que analizará, llegado el caso, la Ley de Amnistía en relación a este caso. Analizará las directivas europeas sobre terrorismo. En particular, tal como ya avanza la propia norma del PSOE y Junts, un texto del Parlamento Europeo y del Consejo de 2017 «relativa a la lucha contra el terrorismo». Posteriormente, según el sentido de la decisión, alguna de las partes recurrirá en apelación y la Sala de lo Penal confirmará o revocará el fallo de su compañera.

En esa norma de la UE, «se enumeran con carácter exhaustivo una serie de delitos graves, como los atentados contra la vida de las personas, en tanto actos intencionados que pueden calificarse de delitos de terrorismo cuando y en la medida en que se cometan con un fin terrorista específico».

«Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que los siguientes actos intencionados se tipifiquen como delitos de terrorismo cuando se cometan con uno de los fines enumerados: atentados contra la vida de una persona que puedan tener resultado de muerte; (…) destrucciones masivas de instalaciones estatales o públicas, sistemas de transporte, que puedan poner en peligro vidas humanas o producir un gran perjuicio económico; el apoderamiento ilícito de medios de transporte colectivo; la fabricación y tenencia de explosivos o armas de fuego», entre otros.

También se apunta expresamente a que los fines de los delitos terroristas han de ser «intimidar gravemente a una población; obligar indebidamente a los poderes públicos o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo; desestabilizar gravemente o destruir las estructuras políticas, constitucionales, económicas o sociales fundamentales de un país o de una organización internacional».

Tsunami, detrás del cual estaba Puigdemont presuntamente con líder intelectual, atacó una infraestructura de transporte masiva como el aeropuerto de El Prat, donde falleció un turista francés, trató de imponer la independencia y revertir el orden constitucional de 1978 y generó una intimidación total entre gran parte de los españoles. «Quienes estuvimos en Barcelona esos días vimos cómo el Estado perdía el control de la situación. Era una situación de auténtico pavor en la que no se podía salir a la calle. Fue terrorífico», recuerdan aún hoy personas que vivían en el centro de la Ciudad Condal. Se trató de un tipo de terrorismo callejero que se persigue en España y en otros muchos países de nuestro entorno.

Por tanto, voces en el Supremo mantienen que hay un amplio margen de interpretación de la directiva europea. La Ley de Amnistía excluye del borrado de antecedentes en casos de terrorismo, ya no por el Código Penal y sí por las normas de la UE, y esa podría ser la vía para que los togados, llegado el momento, procesen a Puigdemont en el Supremo. El ex presidente pierde el aforamiento si no revalida su escaño de eurodiputado antes de verano, pero la intención de Junts es que vuelva a ser candidato en Bruselas.