El Supremo investigará a Casero por prevaricación y también por malversación, como adelantó OKDIARIO

El Tribunal Supremo ha abierto una causa al diputado del PP que se equivocó en la votación de la reforma laboral y permitió al Gobierno sacarla adelante, Alberto Casero, para investigar determinados acuerdos y contratos de servicios que habría realizado cuando era alcalde de Trujillo (Cáceres) sin sujetarse a los procedimientos administrativos legalmente establecidos. El Alto Tribunal le investigará por los delitos de prevaricación y también de malversación, como adelantó OKDIARIO.

El ponente que redacta la admisión a trámite ha sido el juez de la Sala de lo Penal Miguel Colmenero. De esta manera, el Supremo dará respuesta al Juzgado de Instrucción número 2 de Trujillo (Cáceres) que, apoyándose en el informe de la Fiscalía, instó al Alto Tribunal a investigar a Casero.

El Alto Tribunal indica que los hechos recogidos en la exposición razonada enviada por el Juzgado y atribuidos a la persona aforada podrían ser constitutivos de delito, en una valoración que considera necesariamente muy provisional por el momento procesal en que se encuentra el asunto. El Supremo expone que, siendo necesaria la investigación de estas actuaciones, procede asumir la competencia y acordar la incoación del oportuno procedimiento, siendo designado instructor, conforme al turno establecido, al magistrado Andrés Palomo del Arco.

El auto recoge una síntesis de la exposición razonada elevada por el Juzgado de Trujillo, que abrió diligencias previas en virtud de denuncia de la Fiscalía relativa a determinados contratos, acuerdos o convenios concertados por Alberto Casero, en su condición de alcalde de Trujillo, en 2017 y 2018, con terceros. La exposición razonada, de acuerdo al auto del Supremo, señala indicios sólidos de que los citados actos de contratación se realizaron por Casero sin sujetarse al procedimiento administrativo previsto para ello, comprometiendo el pago de diversas cantidades, sin comunicarlo al Ayuntamiento y sin los informes necesarios, según prueba documental y testifical que incluye el Juzgado en su documento.

Irregularidades en la gestión

Según indicó la magistrada, Casero «no informó ni aportó al ayuntamiento el contrato suscrito, ni se instruyó expediente de contratación, ni se recabó informe del órgano de Contratación sobre la necesidad del servicio, ni se aprobó el gasto». Tampoco consta que el psicólogo realizara los servicios por los que presentó factura. La Comisión de Violencia de Género asegura que «no le consta ninguna actuación» de Bonilla en dicho órgano.

Del mismo modo, el escrito expone que Casero firmó un convenio con la Cámara de Comercio de Perú por el que se comprometía a realizar una aportación económica de 25.000 euros para financiarlo.

Pero Casero no informó a los servicios económicos ni jurídicos del consistorio y no aportó copia del convenio al interventor. Además, la juez recuerda que dicho contrato no fue aprobado en pleno ni publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). A todo ello se suma que Casero no podía adjudicarlo directamente porque superaba los 18.000 euros y, por tanto, precisaba licitación. La exposición recogía que tanto el psicólogo Pablo Bonilla como la Cámara de Comercio de Perú reclamaron parte de las facturas que no fueron abonadas por el consistorio.

La feria del queso

Además del asunto del psicólogo y del convenio, el juzgado menciona otros tres asuntos. Uno de ellos hace referencia al compromiso verbal de Casero en 2017 con la Asociación Cultural Bon Vivant para celebrar en Trujillo la gala Pop Eye a cambio del patrocinio institucional de 18.000 euros. Una vez más, Casero no informó a los servicios competentes, y no tramitó expediente.

En 2018 contrató a Icaro Consultores en Comunicación para organizar la feria del queso por un importe de 14.300 euros como contrato menor. El procedimiento no siguió los cauces habituales y resultó inadecuado.

Y, por último, en el marco de la feria internacional del queso firmó también contrato con Radio Interior SL para promocionarla. El convenio se firmó como un contrato menor pese a superar los 15.000 euros que le obligaba a licitarlo.