El Supremo imputa al ‘faker’ Alvise por un delito de desórdenes públicos en las tractoradas de 2024

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo investiga al faker Alvise por un delito de desórdenes públicos durante las tractoradas de febrero de 2024. En concreto, por varias publicaciones realizadas en el canal de Telegram que lleva su nombre.

La Sala considera que las publicaciones no son simples manifestaciones de crítica política o social, sino que son llamamientos «a la ocupación, el bloqueo y el colapso de vías de comunicación centros logísticos, puertos, refinerías y nodos de distribución». Asimismo, señalan que proponía «la utilización de vehículos propios para apoyar cortes circulatorios, alude a la necesidad de aprovechar la insuficiencia de efectivos policiales y asocia la movilización a fórmulas de coordinación colectiva con aptitud para afectar de modo grave al orden público».

Respecto a la protección de la libertad de expresión, la Sala indica que «no se entiende en los llamamientos» que pueden suponer «desórdenes públicos agravados».

El auto explica que la imputación provisional no descansa en los comentarios violentos efectuados por terceros en el canal de Telegram, sino en las publicaciones atribuidas al canal controlado por el aforado y en su aptitud para incitar públicamente a conductas de bloqueo, colapso y enfrentamiento con los poderes públicos.

Esta causa fue devuelta inicialmente por el Tribunal Supremo al Juzgado de Instrucción 29 de Madrid, que envió una exposición razonada por estos hechos el 17 de marzo de 2025, debido a la ausencia de una mínima actividad instructora destinada a comprobar si la persona investigada se hallaba efectivamente al frente, administraba o controlaba el canal de Telegram identificado como Canal Alvise, desde el que se habrían difundido las publicaciones objeto de investigación.

Tras recibir esa primera respuesta del Supremo, el juzgado solicitó a la Comisaría General de Información informe sobre la titularidad, administración y control del citado canal y el resultado de esa diligencia permite afirmar, en este estadio, «que existen indicios suficientes de que Luis Pérez Fernández (Alvise) se encontraba al frente del canal; que este se identificaba públicamente con su persona; que el investigado había reconocido en diversas ocasiones su vinculación con él; y que el canal operaba como instrumento de difusión directa de mensajes audiovisuales y escritos dirigidos a una audiencia muy numerosa».

El Supremo tiene abiertas otras cinco causas sobre el eurodiputado: presunto acoso a dos eurodiputados que fueron en la lista de su formación; presunta financiación ilegal de SALF; presunto acoso en redes sociales a la fiscal Susana Gisbert; presuntas amenazas al alcalde de Algeciras y senador del Grupo Mixto, José Ignacio Landaluce, y por la difusión de una PCR falsa del ex ministro de Sanidad y actual presidente catalán, Salvador Illa.