El Supremo exige a Ábalos, Koldo y Aldama devolver 430.298 € de las mordidas y pagar más de 170.000 en multas

El Tribunal Supremo ha ordenado la ejecución de la sentencia del caso Koldo y ha requerido al ex ministro José Luis Ábalos, a su ex asesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama que, en un plazo de quince días, abonen de forma solidaria 430.298 euros procedentes del delito de cohecho, además de multas que suman 170.250 euros. Si no pagan, el alto tribunal advierte de que «se procederá por la vía de apremio».

La Sala de lo Penal lo ha acordado en un auto del que ha sido ponente el presidente de la Sala, Andrés Martínez Arrieta. Con esta resolución se abre la ejecutoria número 1/2026, que pone en marcha el cumplimiento efectivo de la sentencia del caso dictada el pasado 22 de junio.

El auto recuerda que esa sentencia «es firme, contra la que no cabe recurso alguno». Por ello, los magistrados consideran «procedente acordar su ejecución».

Multas y decomiso

El tribunal ha desglosado una a una las sanciones económicas. Ábalos deberá ingresar 52.500 euros en multas. La cifra más alta corresponde a la de 20 meses con una cuota de 50 euros por día, que asciende a 30.000 euros.

Koldo García tendrá que pagar 45.750 euros. Aldama, pese a haber evitado la cárcel, afronta la multa más elevada de los tres: 72.000 euros, resultado de aplicar una cuota diaria de 200 euros durante doce meses en total.

Todas las cantidades deberán ingresarse en la cuenta de depósitos y consignaciones de la Secretaría del tribunal, en una sucursal en Madrid.

El decomiso de 430.298 euros se compone de tres partidas. La principal suma 340.000 euros, que corresponden a «10.000 euros mensuales durante 34 meses satisfechos por Víctor Gonzalo de Aldama Delgado». A ello se añaden 82.295 euros por el alquiler de una vivienda en la Plaza de España y 8.000 euros por el «chalé en Marbella/Villa Parra».

El Supremo ha justificado que la responsabilidad sea solidaria porque se trata de una cantidad «en la que se han beneficiado los tres condenados y del que Aldama era el encargado de repartirlo». Así, cualquiera de ellos podrá ser conminado a cubrir el total hasta saldar «la totalidad de las ganancias obtenidas por el grupo».

Además, Ábalos y Koldo deberán indemnizar conjuntamente a la sociedad pública INECO con 34.450 euros y a TRAGSATEC con 9.500,54 euros, en concepto de responsabilidad civil. Todo por la contratación de la prostituta Jéssica Rodríguez.

Para cobrar lo que no se abone voluntariamente, la Sala ha encomendado a la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) «la gestión y realización de las cantidades decomisadas» que queden pendientes.

Aplazamiento y fraccionamiento

El auto aplica por primera vez en esta causa la reforma introducida por la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero. En virtud de ella, los magistrados han dado diez días a las defensas para que se pronuncien sobre «si se solicita el aplazamiento o fraccionamiento y, en este caso, el plazo máximo de cumplimiento».

Después, la Fiscalía y la acusación popular unificada dispondrán de un plazo igual para presentar alegaciones.

Máximo de 15 años en prisión

El tribunal también ha ordenado practicar la liquidación de condena de Ábalos y Koldo García, con la prevención del tiempo máximo de cumplimiento. En el caso del ex ministro, la sentencia fijó ese tope en «15 años y 18 meses de prisión»; en el de su exasesor, en 15 años.

Ambos permanecen en el centro penitenciario Madrid V – Soto del Real, donde ingresaron en prisión provisional el 27 de noviembre de 2025. El auto precisa que esa situación es ahora de «prisión, ya definitiva».

Aldama, por su parte, deberá comparecer en un plazo de quince días en la Secretaría 4ª de la Sala para «ratificar el consentimiento a la realización de 1 año de trabajos en beneficio de la comunidad». También tendrá que presentarse cada seis meses para informar de sus actividades «laborales, mercantiles o empresariales».

Estas son las condiciones de las que depende la suspensión, durante cinco años, de sus penas de prisión, junto con la obligación de no volver a delinquir. El empresario ya había expresado por escrito el 24 de junio su «libre consentimiento, expreso, terminante y no condicionado» a realizar esos trabajos.

La Sala ha ordenado, asimismo, comunicar las inhabilitaciones a la Junta Electoral Central, en lo relativo al derecho de sufragio pasivo, y al Ministerio de Administraciones Públicas, en lo que respecta a los cargos públicos que impliquen manejar caudales públicos, intervenir en la contratación o seleccionar personal.

Según el tribunal, los condenados se concertaron para que una empresa vinculada a Aldama, Soluciones de Gestión, obtuviera dos contratos de mascarillas de Puertos del Estado y ADIF, organismos dependientes del ministerio de Ábalos. A cambio, Aldama pagó 10.000 euros mensuales a Ábalos y Koldo García desde octubre de 2019 hasta junio de 2022.

El juicio comenzó en abril de 2026 y concluyó con un fallo unánime. Tras conocerse, Ábalos anunció que recurriría ante el Tribunal Constitucional una condena que calificó de «desproporcionada».

La suerte de Aldama ha sido muy distinta. El Supremo le aplicó una atenuante «muy cualificada» por su colaboración con la Justicia, y en julio levantó sus medidas cautelares y le devolvió el pasaporte.

El dinero que durante casi tres años pasó de mano en mano, en sobres mensuales y alquileres pagados por otros, tiene ahora un único destino posible: una cuenta judicial. La cuenta atrás de quince días ya ha empezado.