El Supremo abre diligencias al ‘faker’ a sueldo Alvise por revelación de secretos y acoso

El Tribunal Supremo ha abierto diligencias para investigar a Luis Pérez, conocido como Alvise y líder de Se Acabó la Fiesta (SALF), por presuntos delitos de acoso y revelación de secretos contra dos eurodiputados que concurrieron en su lista electoral. El instructor designado, Manuel Marchena, ha acordado solicitar autorización al Parlamento Europeo para proceder contra el aforado, según consta en un auto consultado por OKDIARIO.

La querella fue interpuesta el pasado 27 de junio por Diego Adrián Solier Fernández y Nora Junco García, los dos eurodiputados que rompieron con SALF tras las elecciones europeas de 2024.

Esta es la cuarta causa penal que afronta Alvise en el Alto Tribunal. Las tres anteriores incluyen presuntos delitos de falsedad e injurias por difundir una PCR falsa del presidente catalán Salvador Illa, por amenazas a la fiscal de delitos de odio de Valencia Susana Gisbert, y por financiación ilegal de partidos tras recibir presuntamente 100.000 euros en efectivo para su campaña electoral.

Los querellantes denuncian una campaña de hostigamiento en redes sociales como consecuencia de los mensajes que Alvise ha publicado sobre ellos desde que se integraron en el grupo parlamentario Conservadores y Reformistas Europeos. Según la querella, han llegado a temer por su integridad física al revelar el eurodiputado el lugar en el que se encontraban o al que se dirigían.

Una vez filtradas sus direcciones de correo, sus números de teléfono y sus redes sociales, habrían recibido una ingente cantidad de mensajes ofensivos y amenazantes. Hasta el punto de que «se habrían visto compelidos a soportar una continua sensación de inseguridad, modificando sus hábitos o rutinas», según recoge el escrito judicial.

Los querellantes aseguran que todo ello «obstruye significativamente su labor parlamentaria y la propia de su ordinaria vida familiar». Además mencionan el «miedo que les generaba el poder ser abordados en ese contexto por la calle por cualquier desconocido».

Llamadas al hostigamiento

El Ministerio Fiscal interesó en su informe del 11 de septiembre que se declarara la competencia de la Sala Segunda del Supremo. La Sala de Admisión acordó finalmente el 3 de octubre declarar su competencia para la instrucción y, en su caso, enjuiciamiento del eurodiputado.

El tribunal considera que la actuación de Alvise «pudiera colmar las previsiones normativas contempladas en el tipo penal indicado, habida cuenta de las explícitas llamadas del mismo a que un grupo muy numeroso de seguidores expresara y desarrollara una actitud repetidamente hostil hacia los querellados».

Para la Sala, igualmente, «aparece indiciariamente justificado» que Alvise «pudo haber facilitado y hecho público aspectos personales e identificativos concernientes a dichas personas». Todo ello, sin que cesara en su actitud después de que muchos de sus seguidores hubieran reflejado explícitamente la intención de alterar el normal desarrollo de vida de los querellados.

El eurodiputado habría reiterado sus llamamientos a que resultaran hostigados como reacción a su posición política, según considera el Alto Tribunal en su resolución.

Suplicatorio a Bruselas

La condición de eurodiputado de Pérez Fernández obliga a instar del Parlamento Europeo la correspondiente autorización para proceder a su «inculpación material», conforme a lo previsto en el Protocolo sobre Privilegios e Inmunidades de la Unión Europea.

El instructor ha iniciado ya los trámites para solicitar dicha autorización a la Cámara Europea. Mientras tanto, Marchena ha dado traslado de la querella al político populista y le ha requerido para que en el plazo de cinco días manifieste si está dispuesto a comparecer voluntariamente.

El querellado puede ejercitar su derecho de defensa desde este momento, «debidamente asistido de letrado y antes de que pueda concederse por la Cámara Europea la correspondiente autorización para proceder», según establece el auto judicial.

Declaraciones programadas

El magistrado instructor ha señalado el próximo 12 de enero de 2026 para tomar declaración a los querellantes. Diego Adrián Solier Fernández comparecerá a las 10 horas, mientras que Nora Junco García lo hará a las 11 horas.

Marchena ha recabado también la hoja histórico-penal actualizada del eurodiputado investigado. La providencia permite interponer recurso de reforma en el plazo de tres días y/o apelación contra esta resolución.

El delito de acoso contempla penas de prisión de tres meses a dos años o multa de seis a veinticuatro meses para quien acose a una persona llevando a cabo de forma insistente y reiterada conductas que alteren gravemente el desarrollo de su vida cotidiana.

La revelación de secretos castiga a quien se apodere de papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualquier otro documento o efecto personal de otro para descubrir sus secretos. También incluye el acceso sin autorización a datos reservados de carácter personal o familiar de otro.

Las amenazas y coacciones, inicialmente incluidas en la querella, han quedado finalmente fuera de la calificación indiciaria realizada por la Sala de Admisión. No obstante, podrían reincorporarse durante la instrucción si aparecieran indicios suficientes.

El caso supone un test judicial sobre los límites de la libertad de expresión en redes sociales y la responsabilidad de los líderes políticos sobre las acciones de sus seguidores. La Sala deberá dilucidar si las publicaciones de Alvise constituyen un ejercicio legítimo de crítica política o un subterfugio para desencadenar un linchamiento digital contra quienes abandonaron su órbita. Mientras Bruselas decide si levanta la inmunidad parlamentaria, dos eurodiputados intentan reconstruir su vida tras convertirse en dianas de un ejército digital cuyo general niega comandar.