Sumar exige al PSOE dejar impunes los escraches para frenar el «ataque a la democracia» del PP

Sumar ha registrado este viernes la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, que consideran necesaria frente al «acoso al que someten a la democracia» fuerzas como el Partido Popular y Vox. La reforma, que tendrá que ser consensuada con el PSOE, recupera el dictamen que ya fue aprobado en la anterior legislatura y que decayó luego en la Comisión de Interior por el rechazo de ERC y Bildu. La iniciativa propone, por ejemplo, dejar sin castigo las manifestaciones no comunicadas, lo que dará vía libre a las concentraciones en la vía pública ante las viviendas de los dirigentes políticos.

La actual Ley de Seguridad Ciudadana establece en su artículo 35 como infracciones muy graves, con sanciones de 30.001 a 600.000 euros, «las reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en infraestructuras o instalaciones en las que se prestan servicios básicos para la comunidad o en sus inmediaciones, así como la intrusión en los recintos de éstas, incluido su sobrevuelo, cuando, en cualquiera de estos supuestos, se haya generado un riesgo para la vida o la integridad física de las personas». En el caso de las reuniones y manifestaciones serán responsables los organizadores o promotores.

El texto pactado en la pasada legislatura por el Gobierno y sus socios dejaba sin sanción esta infracción, obligando a las autoridades a «velar por el respeto al libre ejercicio del derecho de reunión, manifestación y libre expresión de las personas en el espacio público» y a adoptar «las medidas necesarias para proteger la celebración de reuniones y manifestaciones», siempre y cuando «no se perturbe la seguridad ciudadana».

En el caso de que la concentración pueda suponer un «peligro para personas o bienes», la reforma abre la posibilidad de disolverla, pero «siempre en la forma que menos perjudique» el «derecho de reunión». No se establece en ningún caso como prohibición.

Además, se incorpora que «la carencia del trámite previo de comunicación, aun pudiendo considerarse infracción leve, no será motivo para impedir el ejercicio del derecho de reunión y manifestación».

La propuesta acordada en su día también obliga a la Policía a llevar a cabo medidas de intervención en reuniones o manifestaciones «graduales y proporcionadas» y guiadas «en todo momento por un enfoque de
derechos humanos». Antes de adoptar esas medidas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado «deberán avisar a las personas afectadas de manera verbal claramente audible, con indicación expresa del plazo previo, que
deberá ser suficiente, antes de la adopción efectiva de las mismas».

El Ejecutivo alegaba entonces que no procedía la comunicación de estas «reuniones espontáneas» con ocasión de «hechos o situaciones cuya respuesta por la opinión pública no admita demora a costa de quedar obsoleta».

El portavoz de Sumar y dirigente de IU, Enrique Santiago, ha instado al acuerdo parlamentario entre el bloque de investidura para proceder rápido a este cambio legislativo.

«Policía ultra»

Santiago ha destacado que el «paréntesis» de Pedro Sánchez para «reflexionar» sobre su continuidad al frente del Ejecutivo hace necesario impulsar medidas frente al «acoso que someten a la democracia» fuerzas como PP y Vox. En ello ha citado también la despenalización de delitos como las injurias a la Corona o el enaltecimiento del terrorismo, que está en marcha en el Congreso.

Entre otras medidas, Santiago ha explicado que la reforma recoge expresamente el enfoque de «respeto a los derechos humanos» en la actuación de la Policía, la eliminación de sanciones al fenómeno del top manta o la no penalización de difusión de imágenes de protestas o de actividades de las Fuerzas de Seguridad -algo que ha sido muy criticado por la desprotección que supone.

Preguntado sobre si teme que sindicatos policiales rechacen la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, Santiago ha afirmado que le traen sin cuidado lo que opinen organizaciones «ultras», que liga a PP y Vox.