La severa fragmentación del voto separatista
Llama la atención la gran división que se prevé en el voto separatista catalán de cara al próximo 28-A. ERC y JxCat tendrán que batirse en duelo entre ellos mismos para conseguir el apoyo del independentismo, pero, además, tendrán que medirse con un nuevo ente político ligado a la CUP: Front Republicà.
Las elecciones generales del próximo 28 de abril se presentan con el voto fragmentado en todos los estratos ideológicos. Sin embargo, llama la atención la gran división que se prevé del voto separatista catalán de cara a los próximos comicios. JxCat y ERC, según los analistas políticos consultados por Efe, librarán un nuevo pulso para hacerse con la hegemonía separatista. Una disputa soterrada, añaden, que esta vez incorpora un elemento sensible con el que no se contaba en ocasiones anteriores: el duelo directo entre candidatos procesados por el 1-O y el temor al voto útil a los socialistas.
Las dos principales fuerzas separatistas deberán competir, no sólo entre ellas con listas encabezadas por líderes diferentes, sino además con otro ente político con el que hasta ahora no contaban y que, tal y como hacen ellas, sitúa la delirante «república catalana» en su horizonte: Front Republicà, una coalición de la que forma parte una organización vinculada a la CUP.
Desde 2015, cuando por primera y única vez se formó una lista independentista unitaria –Junts pel Sí (JxSí, que se convirtió en fuerza mayoritaria en el Parlament catalán–, los herederos de Convergència (CiU) y ERC han pugnado por liderar este espacio hasta en tres ocasiones. En la doble contienda electoral de 2015 y 2016, cuando hubo que repetir elecciones, la candidatura de ERC pilotada por Gabriel Rufián y Joan Tardà superó a los convergentes –con Francesc Homs a la cabeza– por nueve a ocho escaños, si bien la fuerza vencedora de los comicios en Cataluña fue En Comú Podem, de Xavier Domènech.
En aquel entonces, parecía que los separatistas de ERC acariciaban por fin su sueño de desplazar al centroderecha convergente del liderazgo del espacio soberanista, pero en las elecciones catalanas sobrevenidas el 21 de diciembre de 2017, tras el 1-O y la aplicación del artículo 155 de la Constitución española, la lista republicana encabezada por Oriol Junqueras sucumbió ante JxCat; Carles Puigdemont le ganó la partida: 34 a 32 diputados.
Según la última encuesta del Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalitat, ERC parte como favorita para ganar en Cataluña el 28-A (14-15 escaños), muy por encima de JxCat (5-7). Pero los separatistas de ERC, según los expertos de Efe, son especialistas en vencer, pero sólo en los sondeos, ya que levantan unas expectativas que luego en las urnas no cumplen. Esta es la baza en la que confía JxCat: en una remontada que como mínimo les permita acortar distancias.
En medio de esta batalla implícita por erigirse en la referencia del separatismo catalán, hay un temor que ERC y JxCat comparten en esta campaña: la fuga de apoyos hacia el PSC, que puede capitalizar voto útil soberanista por el miedo de buena parte del electorado a una triple alianza entre las formaciones de centro-derecha. Por ello, los mensajes de los candidatos independentistas en charlas, debates y mítines concentran el fuego en acusar a los socialistas de querer formar gobierno con Ciudadanos y de no tener reparos a la hora de intervenir de nuevo la autonomía catalana.
Para atraer voto soberanista, ambas formaciones juegan la carta de los golpistas procesados en el juicio del 1-O que se desarrolla en el Tribunal Supremo. ERC presenta como cabeza de lista a su presidente en prisión, Oriol Junqueras, mientras que el exconseller Raül Romeva, también en la cárcel es el candidato al Senado. JxCat, por su parte, ha repartido a sus propios presos como cabezas de cartel en las distintas circunscripciones: Jordi Sànchez por Barcelona, Jordi Turull por Lérida y Josep Rull por Tarragona, mientras que Jaume Alonso-Cuevillas, abogado de Puigdemont, es número uno por Gerona.
El futuro inmediato de los candidatos ahora en prisión está en manos del Alto Tribunal, a quien compete darles permiso para tomar posesión y decidir su posible suspensión de funciones.
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