Sánchez sopesa prohibir al CNI el uso de Pegasus para apaciguar a Podemos y ERC
La jefa del CNI avisó a Bolaños del riesgo de «robo de información» un mes antes del espionaje a Sánchez
El CNI instó en julio de 2021 al Gobierno de Sánchez a «revisar sus móviles» por los ataques con Pegasus
El Gobierno de Pedro Sánchez se está planteando tomar una decisión drástica para tratar de zanjar la crisis abierta con su socio ERC a costa del espionaje con Pegasus: prohibir el uso de este tipo de herramientas al CNI y a otros servicios de información que operan soluciones similares al programa israelí. La propuesta ha llegado a Sánchez desde el ala de Podemos en el Consejo de Ministros y ya está siendo contemplada como una posible salida para aplacar al separatismo, insatisfecho con las explicaciones del CNI en la Comisión de Secretos Oficiales. Se basa en un informe del Supervisor de Protección de Datos de la UE, que propone limitar la capacidad de los países para utilizar este tipo de programas.
La alarma se ha extendido entre los servicios y agencias del Estado especializados en obtener información para luchar contra el crimen en España. En plena polémica por el espionaje a círculos separatistas en el marco de investigaciones relacionadas con el procés, los rumores sobre una posible prohibición de herramientas tipo spyware se han extendido entre los agentes. Se trataría, en síntesis, de lo mismo que ocurrió con la prohibición de desplegar la tanqueta UIP de la Policía tras los incidentes de Cádiz. Y en este caso, los temores, según ha podido saber OKDIARIO, no son para nada infundados.
Fuentes gubernamentales admiten a OKDIARIO que en los últimos días se ha puesto en conocimiento de altos funcionarios de estos servicios que «el uso de estos recursos está en juego» y que en el Consejo de Ministros «se ha abierto un debate sobre si se deben prohibir». La información se ha trasladado también a los escalones inmediatamente inferiores. La pelota, dicen, está en el tejado de Moncloa, que aún no se ha pronunciado al respecto. Ni Defensa ni Interior respaldan tal decisión, que supondría poner coto a una de las herramientas que más resultado ofrecen en la lucha contra el crimen.
Sin embargo, no se descarta ni mucho menos que acabe ocurriendo y el Gobierno opte por prohibir «o limitar hasta el extremo» el uso de Pegasus y otros software espía que utiliza la seguridad del Estado. Máxime teniendo en cuenta que la supervivencia política del Ejecutivo de coalición depende, en buena medida, del apoyo de ERC. Su líder y presidente de Cataluña, Pere Aragonés, es uno de los nombres señalados en esa lista de 18 objetivos que marcó el CNI y que su directora, Paz Esteban, confirmó en el Congreso a los diputados de la Comisión de Secretos Oficiales.
Podemos está detrás
La erradicación de Pegasus y otros de estos sistemas del catálogo de herramientas que tienen a su disposición las fuerzas de seguridad aplacaría en cierta medida, entienden en el Gobierno, las iras del separatismo. Pero también las que hay dentro del propio Consejo de Ministros, que encarna el ala de Podemos. Es precisamente de ahí de donde parte la iniciativa que ya baraja Moncloa.
Según las fuentes consultadas, el partido morado ha presentado esa propuesta amparándose en un informe de la Unión Europea del pasado mes de febrero. El documento fue elaborado por el Supervisor de Protección de Datos de la UE, un organismo similar a la Agencia Española de Protección de Datos.
El informe, titulado Observaciones preliminares sobre los programas espía modernos, se centra en explicar los problemas legales y «situaciones de abuso» que pueden derivar del uso de Pegasus.
Plantea, además, ocho propuestas para prohibir o limitar el uso de este software a las agencias de inteligencia europeas, y reclama «dejar de abusar de argumentos de Seguridad Nacional para legitimar vigilancias con motivos políticos».
Endurecer su uso
«La seguridad nacional no puede ser usada como excusa para usar estas tecnologías», insiste el regulador, que incita a los socios europeos a «apoyar a las plataformas civiles» que investigan el uso de estas tecnologías para descubrir a contra quién se están utilizando. Es decir, a organizaciones como Citizen Labs, el laboratorio informático canadiense que emitió el informe sobre el CatalanGate.
Este departamento también insta a los gobiernos a endurecer los controles sobre el uso de estas herramientas y a asegurarse de que hay una tutela judicial efectiva, no «simples formalidades» a la hora de aprobar intrusiones en teléfonos como las que permite Pegasus.
Podemos, en su propuesta al Gobierno, recoge el hecho de que la Unión Europea se dirige hacia esta posición e insta a Sánchez a que sea el primer país en tomar una decisión radical sobre el uso de spyware para luchar contra el crimen. Una decisión que, de tomarse, sería aplaudida por sus socios parlamentarios… y por muchos de los criminales investigados por el CNI, la Guardia Civil o la Policía Nacional.
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