Sánchez quiere convertir el Pazo en un culebrón: rechazó la expropiación pese a saber que era más rápida

• Carlos Cuesta @carloscuestaem
• Director adjunto en OKDIARIO.
• • 18/07/2019 06:50
  • Actualizado: 18/07/2019 11:20

Pedro Sánchez quiere convertir la recuperación del Pazo de Meirás para el patrimonio público en un culebrón. El lugar de escoger la vía rápida de la expropiación para arrebatar la propiedad a la familia Franco, el presidente del Gobierno en funciones prefiere alargar el caso y el debate mediático en el tiempo para sacar rédito político.

Si hasta ahora el foco principal estaba en la exhumación del dictador del Valle de los Caídos, ahora las acciones judiciales del Gobierno se dirigen al intento de incorporación al patrimonio del Estado del Pazo de Meirás. Pero la opción para litigar la adquisición por parte del Ejecutivo de este inmueble no ha sido ni la más directa, ni la más rápida.

Más bien ha sido la más complicada y larga: una demanda civil para reclamar a la familia el histórico inmueble gallego. Y lo ha sido pese a que los equipos jurídicos del Estado alertaron de que esta vía podía ser compleja y dilatarse en el tiempo. Pese a lo cual el Gobierno descartó una expropiación, la vía propuesta como la más rápida, segura y corta. Esta opción se desechó porque Sánchez busca un nuevo y largo culebrón mediático. Ahora con la lucha por el Pazo de Meirás.

El Gobierno ha visto lo ocurrido con el intento de exhumación de Franco del Valle de los Caídos. Sabe que hay posibilidades de que su batalla por sacar los restos del dictador se complique. Y es que una cosa es exhumar, y otra inhumar donde el Gobierno decida, cuestión que no cuenta con un claro respaldo legal. Sánchez no está dispuesto a que los restos de Franco acaben en La Almudena, el sitio elegido por la familia.

Por ello, el Gobierno ha abierto otro frente para asegurarse más posibilidades de triunfo frente a los Franco: la incorporación al patrimonio estatal del Pazo de Meirás, propiedad actualmente de la familia del dictador.

Los equipos jurídicos del Estado saben que también aquí se mueven en terreno complicado. El Código Civil español incorpora la figura de la prescripción adquisitiva, por la que, incluso sin título de buena fe, se adquiere en propiedad un inmueble con el uso durante un periodo de 30 años. Esta figura no exige que el poseedor actúe con buena fe ni justo título, sólo se requiere que la posesión sea pública -a ojos de todo el mundo-, pacífica -que no se ejerza de manera violenta-, ininterrumpida, y que el propietario se comporte como tal. Y todo eso puede ser defendible por los Franco en el caso del Pazo.

No a la expropiación

Por ello los equipos jurídicos aconsejaron una segunda vía: la expropiación. Pero el Gobierno no quiso optar por ella. Precisamente porque era rápida. Y Sánchez quiere un nuevo culebrón sobre los Franco. Una nueva batalla interminable, de desgaste, que demuestre que el PSOE pelea contra el dictador.

La opción de la expropiación, de hecho, se habría apoyado en un precio muy asumible para las arcas públicas. Y es que la Abogacía del Estado ha valorado ya el Pazo de Meirás en un precio de tan sólo 714.168,33 euros, tal y como ha publicado OKDIARIO. Una valoración que sirve perfectamente para reducir una futura condena en costas, en caso de que la resolución judicial acabe siendo negativa. Pero que, además, estaba pensada para poder expropiar con facilidad.

La demanda planteada por los letrados públicos -ante el Juzgado de Primera Instancia número 1 de La Coruña- fija, de este modo, la cuantía del procedimiento ordinario, en una cantidad muy alejada de los 7.000.000 de euros que refleja la tasación incorporada por los herederos del dictador en la testamentaría formalizada el año pasado por los nietos de Franco.

La Abogacía del Estado entiende que, según lo recogido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuando el objeto del proceso civil sea «la condena de dar muebles o inmuebles» se estará «al valor de los mismos al tiempo de interponerse la demanda, conforme a los precios corrientes en el mercado o en la contratación de bienes de la misma clase». Y, según ellos, ese valor es de poco más de 700.000 euros.