Acuerdo PSOE-PNV

Sánchez promete al PNV el acceso a información confidencial de la UE sobre terrorismo reservada a ministros

El detalle del acuerdo entre el PSOE y el PNV busca potenciar la presencia del Ejecutivo vasco en Europa

PNV investidura Sánchez
Pedro Sánchez y el presidente del PNV, Andoni Ortuzar.
Luz Sela
  • Luz Sela
  • Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.

La letra pequeña del acuerdo entre el PSOE y el PNV para la investidura de Pedro Sánchez arroja nuevas cesiones al Gobierno vasco. El pacto tiene alcance en materia de «reconocimiento nacional»-negociación de un nuevo Estatuto- economía y fiscalidad -transferencia de la Seguridad Social, entre otros-, cultura -inyección de 100 millones para la promoción del euskera- y también en seguridad. En este punto, el acuerdo de investidura con el PNV se detalla que el Gobierno de Pedro Sánchez «impulsará la participación de la persona titular del Departamento de Seguridad Pública del Gobierno Vasco en el Consejo JAI», el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior.

El JAI es el órgano del Consejo de la UE encargado de elaborar las políticas de cooperación en materias como terrorismo o inmigración, gestión de las fronteras y cooperación policial en el ámbito comunitario. Está formado por los ministros de Justicia y de Interior de todos los Estados miembros de la UE y se suele reunir cada tres meses. Esa instancia se ocupa de las políticas de asilo e inmigración, la cooperación judicial en materia civil y penal, la protección civil y la lucha contra el terrorismo y contra la delincuencia grave y organizada y el terrorismo. También trabaja en facilitar y reforzar la coordinación de la actuación de los Estados miembros en el ámbito de la seguridad interior, mediante la protección de las fronteras exteriores de la UE y la cooperación policial y aduanera.

En 2021, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya dio un paso en el reconocimiento de esta reivindicación del nacionalismo vasco, al prometer al Ejecutivo de Urkullu que le mantendría informado, puntualmente, de forma previa y posterior, sobre los asuntos abordados en el citado órgano de la UE. El Gobierno de Urkullu considera que su presencia en esa instancia está justificada al disponer el País Vasco de una Policía propia autonómica.

Actualmente, las dos cuestiones que centran los trabajos del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior son principalmente la inmigración – elaboración del Reglamento sobre la gestión del asilo y la migración y el Reglamento sobre el procedimiento de asilo- y la lucha contra el extremismo violento y el terrorismo.

Última reunión del JAI

La última reunión del JAI tuvo lugar el pasado 19 de octubre, con la participación de Marlaska, y en ella se abordaron las implicaciones del conflicto entre Israel y Hamás para la seguridad interior de la UE. «Nos preocupa el aumento de la radicalización, los delitos de odio y la polarización en este contexto de violencia», señaló el ministro del Interior español que, sin embargo, se ha negado a elevar el nivel de alerta antiterrorista (actualmente en el nivel 4). Asimismo, se compartió información sobre la radicalización de menores en línea por parte de grupos terroristas y extremistas violentos, y la puesta en marcha de un sistema de información compartida entre los distintos Estados miembros para la lucha contra la delincuencia, el control de las fronteras y la gestión de los flujos migratorios.

No es la única pretensión del Gobierno vasco en cuanto a la participación en los órganos europeos. El Ejecutivo de Urkullu busca tener participación en «todos los foros en los que están en juego los intereses vascos», como el Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin). Ya el año pasado, el Gobierno vasco instó a Pedro Sánchez a aprovechar la presidencia europea rotatoria del Consejo Europeo para dar “un nuevo impulso” a la participación de las comunidades autónomas en el Consejo de la Unión.

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