Sánchez permite indemnizar con 390.000 € a los etarras que digan ser «víctimas» de la Policía

La retirada del recurso a la ‘Ley de Reconocimiento y reparación de víctimas de vulneración de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política’, la autodenominada por los nacionalistas como ‘Ley de torturas’, abre la puerta a indemnizar con hasta 390.000 euros a los etarras que digan ser «víctimas» de abusos policiales.

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, anunció este martes que Pedro Sánchez había alcanzado un acuerdo con el Ejecutivo de Urkullu para retirar el recurso que en su día interpuso Mariano Rajoy. Previsiblemente, la decisión será anunciada este viernes en el Consejo de Ministros. Se trata de uno de los mayores deseos de los nacionalistas vascos, y también de los proetarras, que desde hace años vienen presentando decenas de reclamaciones por presuntos abusos y torturas de los distintos cuerpos de seguridad, desde Ertzaintza a Policía.

El Ejecutivo vasco tiene un ‘censo’ con más de 4.000 casos de presuntas torturas, solo basado en testimonios y sin juicios

El artículo 9 de esta ley recoge las cuantías que las víctimas de violencia policial tendrán derecho a recibir en un único pago una vez reconocido su «derecho de reparación» por el órgano administrativo correspondiente.

Los importes baremados se fijan en función de la intensidad de los daños causados por la «vulneración de derechos» de los etarras. Y comprenden una horquilla desde los 35.000 euros por incapacidad permanente parcial hasta los 390.000 por gran invalidez.

Para la financiación de las compensaciones económicas previstas se destinarán los correspondientes créditos de pago consignados en los Presupuestos Generales del País Vasco durante cada ejercicio. Cantidades  que podrán verse actualizadas en función de las disponibilidades presupuestarias no agotadas en otros programas vía modificación presupuestaria.

Además, y con carácter excepcional, se prevé la aplicación retroactiva de las mismas hasta 1960. 

Según el texto de la ley, se considera vulneración de derechos humanos producida en un contexto de violencia de motivación política aquella que se haya producido en las siguientes situaciones: en un contexto de violencia de motivación política, de actuación o actuaciones con fines de motivación política, y en el que hubiera podido participar o bien personal funcionario público en el ejercicio de sus funciones o fuera del ejercicio de sus funciones; o bien particulares que actuaban en grupo o de forma aislada, individual e incontrolada; que como consecuencia de la vulneración de derechos humanos, se haya causado una afección a la vida o a la integridad física, psíquica, moral o sexual de las personas o en aquellas personas que puedan justificar indefensión, debido a que no se hayan investigado las denuncias presentadas por las violaciones de derechos humanos a través de cualquier medio de prueba admitido en derecho que acredite la indefensión.

«La vulneración de derechos humanos en un contexto de violencia de motivación política se podrá acreditar mediante la aportación de resolución judicial o administrativa que reconozca la realidad de unos hechos ilícitos, que se relacionen causalmente con los daños o la afección a los derechos alegados o, subsidiariamente, en su defecto, por cualquier  medio de prueba admisible en derecho, sin que sea preciso que haya existido un proceso judicial previo», se dice textualmente en la ley.

Será una comisión la que determina quién es o no víctima, según el contenido de la ley. Estará formada por diez personas y sus miembros serán designados con criterios políticos.

Asistencia sanitaria ilimitada

La ‘Ley vasca de torturas’ establece además prestaciones sanitarias ilimitadas para los tratamientos de los etarras declarados «víctimas» de abusos policiales de acuerdo a la misma.

Con cargo a los recursos del sistema vasco de salud se atenderán las terapias, prótesis y cuidados que necesiten recibir los afectados en base a los daños físicos o psíquicos que le sean reconocidos por la autoridad competente en la materia.

Si no fuese posible, se atenderán los gastos íntegros que supongan sus tratamientos en aquellos centros privados que dispongan de los recursos necesarios para su correcta atención.

La norma cuantifica en hasta 7.000 euros de honorarios profesionales por asistencia psicológica adicional -a los servicios médico-sanitarios correspondientes- que se atenderán trimestralmente previa presentación de las facturas emitidas.

Sin juicio

Se desconoce la cifra exacta de etarras que podrían beneficiarse de esas prestaciones.

El Gobierno vasco sí dispone de un polémico ‘censo’ sobre torturas, con un total de 4.113 casos-que no especifican perfil- entre  1960 y 2014 . El informe, que se presentó en diciembre pasado y provocó las críticas de la oposición, ha sido elaborado en los últimos tres años por el Instituto Vasco de Criminología y considera que esta cifra podría estar «por debajo de su dimensión real». Sin embargo, sus conclusiones son del todo cuestionables ya que están basadas únicamente en denuncias y testimonios de los afectados, sin sentencias judiciales.