Sánchez olvida su promesa en regeneración: sin avances del plan anticorrupción que anunció hace 2 años

La lucha contra la corrupción no es una prioridad para Pedro Sánchez. Así se desprende de los timidísimos avances en el ambicioso paquete de medidas que firmó con Podemos bajo el epígrafe Regeneración democrática y transparencia. Entre ellos, llama la atención que el Gobierno, a preguntas de OKDIARIO, no aclara si ha dado algún paso para aprobar las promesas de un «Plan Nacional contra la Corrupción», la «Ley integral contra la corrupción, en la que se incluirá un Estatuto del denunciante» o, entre otros, medidas de «lucha contra los cárteles en la contratación pública».

Fuentes expertas en la materia consultadas por OKDIARIO indican que ven muy difícil que se completen las nueve medidas que firmaron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en diciembre de 2019. «Ojalá me equivoque, pero no creo que se cumplan esas promesas en la actual legislatura. Todavía no se ha traspuesto la directiva europea de protección a los denunciantes de corrupción, no se han limitado los aforamientos políticos, no se ha reformado la Ley de Transparencia, ni tampoco se ha aprobado el reglamento que la desarrolla», enumera un especialista.

«Constato que no hay voluntad política. No la tienen los partidos que están gobernando, pero tampoco los partidos de la oposición, ya que no exigen públicamente la necesidad de adoptar estas medidas de regeneración democrática», lamentan desde el ámbito académico sobre la situación.

Por su parte, la secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez, explica en una respuesta a este periódico que sí han dado pasos en algunos de esos otros ocho acuerdos. No obstante, no menciona el plan anticorrupción. Echa balones fuera y deja caer que eso no es competencia de ese ministerio, Hacienda, cuando todo apunta a que sí es así, ya que el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, está adscrito a la Intervención General de Administración del Estado, que depende precisamente del departamento de María Jesús Montero.

El Ministerio destaca que la promesa de regular los lobbies para hacer transparente su incidencia política, con un registro obligatorio y público de sus entrevistas y agendas, sí está en camino. 

«El anteproyecto de ley de Transparencia e Integridad en las Actividades de los Grupos de Interés y el de Prevención de Conflictos de Intereses del Personal al Servicio del Sector Público se han sometido, en mayo de 2021, al trámite de consulta pública», destacan. A pesar de que sólo se registraron 29 y 14 aportaciones respectivamente en todo el país, pasado un año no se han dado nuevos pasos. El Ministerio destaca, en todo caso, que «se han mantenido diversos encuentros con colectivos representativos de intereses afectados por las mismas». 

Prometen que los proyectos se elevarán al Consejo de Ministros «previsiblemente, en el segundo semestre de 2022». Posibilitará esto los medios materiales y humanos asignados a la Oficina de Conflictos de Intereses con la colaboración de la Secretaría de Estado de Función Pública y la Secretaría General Técnica de ese ministerio.

A cuentagotas

Por otra parte, sobre la promesa de reformar la Ley de Transparencia y aprobar su reglamento, el Ministerio pone de relieve la elaboración de, previo acuerdo con la sociedad civil, del IV Plan de Gobierno Abierto de España 2020– 2024. «Con este Plan España ha dado un paso firme y decidido para mejorar la calidad de nuestra democracia y para reforzar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030», agregan.

Aseguran que el plan incluye medidas de transparencia y rendición de cuentas y aborda la reforma del marco regulatorio. Cifran en un 24% el cumplimiento actual de esa hoja de ruta.

Destacan la creación de un subgrupo de trabajo específico para la reforma de la ley de transparencia con representantes de las Administraciones y de las organizaciones de la sociedad civil. Se ratificó en marzo de 2022.

Por último, sobre el acuerdo de «integrar los principios de buen gobierno y responsabilidad social corporativa en el sector público, fundacional y empresarial» se traslada que, en la Mesa de Negociación de la Administración General del Estado está la Comisión Técnica de Responsabilidad Social, integrada por la Administración y los sindicatos. Entre sus cometidos, y para este año, está previsto «seguir analizando la incidencia de la política general sobre el medio ambiente y movilidad sostenible, sobre el beneficio y bienestar del personal y sobre el entorno social». No dan más detalles.