Espionaje con Pegasus

Sánchez miente: se reunió 20 veces con el CNI mientras investigaba a los líderes independentistas

juez Tsunami
Disturbios en Barcelona tras la sentencia del procés, en octubre de 2019.
Luz Sela
  • Luz Sela
  • Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.

Pedro Sánchez ha tratado de sacudirse la responsabilidad sobre la investigación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) al separatismo afirmando que «el Gobierno ni conoce ni decide sobre las decisiones operativas de los servicios de Inteligencia». Así lo aseguró el pasado jueves, en su comparencia ante el Pleno del Congreso sobre el caso Pegasus. Sin embargo, como reveló OKDIARIO, Sánchez sí estaba al corriente de que los servicios secretos rastreaban los vínculos entre esos líderes separatistas y los violentos que, a finales de 2019, incendiaron Cataluña como respuesta a la sentencia del procés.

El propio presidente socialista lo confirmó en una entrevista en televisión, en horario de máxima audiencia. Era una de las prioridades en aquel momento. Con esas investigaciones en marcha, Sánchez montó un comité, con la presencia del CNI, para seguir de cerca el estallido de violencia. Ese comité se reunió hasta en 20 ocasiones entre octubre y diciembre de ese año, según la información del Ministerio de la Presidencia a la que ha tenido ahora acceso OKDIARIO. Y Sánchez, como él mismo desveló, estaba al tanto de las investigaciones.

Conocer la vinculación de los dirigentes independentistas con estos radicales, organizados en la autodenominada plataforma Tsunami Democràtic, era uno de los objetivos prioritarios. Sánchez lo reveló con claridad el 27 de octubre, en una entrevista en Telecinco, donde aseguró que existían «distintas líneas de investigación» y una de ellas era, precisamente, comprobar si existían  «vínculos entre responsables políticos y algunas plataformas» que llamaban «a la agitación y la violencia».

Conexiones

En octubre de 2019, Moncloa constituyó un comité, del que formó parte el CNI, para rastrear a fondo la grave crisis en Cataluña provocada por Tsunami. La plataforma, responsable de altercados en las calles de Barcelona, convocó una movilización masiva para colapsar el aeropuerto de El Prat. Su enorme coordinación y su músculo económico centraron rápidamente la atención del Gobierno, que sospechó de un canal de financiación con dinero público. Pere Aragonés, por entonces vicepresidente catalán y uno de los espiados por el CNI -con mandato judicial- animaba públicamente a «no aflojar» en las movilizaciones para forzar una negociación con el Gobierno. Se sospechó que el dirigente separatista pudiese estar detrás de la coordinación de estos radicales. Aragonés, que también era conseller de Economía, resultó una pieza fundamental para la investidura de Sánchez, que tendría lugar sólo tres meses después.

El gabinete de crisis estaba integrado por varios ministerios clave como Defensa o Interior, el Departamento de Seguridad Nacional y  también por el servicio de Inteligencia. La presencia de los servicios secretos era fundamental para rastrear quién estaba detrás de los violentos.

«En el comité de coordinación en el que venimos trabajando desde hace varias semanas, con Seguridad Nacional, el CNI y el Ministerio del Interior estamos investigando esa plataforma. Tenemos información, empezamos a saber exactamente quién está detrás de esta plataforma, pero me permitirá que no diga nada más sobre este asunto para poder actuar», afirmó Sánchez en una rueda de prensa, el 16 de octubre, preguntado por si Quim Torra podría estar detrás de los altercados. Días después, proclamó en televisión que existían «distintas líneas de investigación» en la causa del Tsunami, investigada en la Audiencia Nacional por un presunto delito de terrorismo. 

La primera de las líneas, explicó, estaba relacionada con «los más de 200 detenidos» en aquellas semanas. En segundo lugar, se investigaban también «los actos vandálicos y cortes en infraestructuras estratégicas, como por ejemplo en la AP-7» y «la responsabilidad administrativa y eventualmente penal» que de las mismas podían derivarse. La otra prioridad: «Ver si existen vínculos entre responsables políticos y algunas plataformas que llaman a la agitación y a la violencia», admitió el socialista.

El entrevistador, Pedro Piqueras, no pasó por alto esa última revelación. «¿Hay algún dato que pueda avanzarnos?». Como informó OKDIARIO, desde los servicios secretos le habían advertido en días previos sobre la confidencialidad de las pesquisas. Sin embargo, Sánchez afirmó: «Lo que sí le puedo garantizar es que los servicios de Inteligencia y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están detrás de esta cuestión».

La incredulidad fue máxima entre los servicios de Inteligencia al escuchar las palabras del presidente, que a punto estuvo de dar al traste con todo el operativo.

La ley

La ley que regula el Centro Nacional de Inteligencia establece, en su artículo 2, que «actuará bajo los principios de eficacia, especialización y coordinación, de acuerdo con los objetivos de inteligencia definidos por el Gobierno».

Además, el CNI es el «responsable de facilitar al presidente del Gobierno y al Gobierno de la Nación las informaciones, análisis, estudios o propuestas que permitan prevenir y evitar cualquier peligro, amenaza o agresión contra la independencia o integridad territorial de España».

Los servicios secretos se ciñeron, pues, al propio mandato del Gobierno, expresado en la directiva de Inteligencia, de 2019 -un documento de carácter secreto- que instaba a hacer seguimiento del independentismo en Cataluña para evitar un desenlace como el referéndum ilegal. Según la operativa del CNI, los servicios secretos siempre informan al presidente de estas investigaciones.

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