España
Política agraria

Sánchez exigió a la UE que las ayudas al campo se condicionen a la entrada de mujeres en la agricultura

"Aspiramos a que la mujer desempeñe un papel más activo y visible en las comunidades rurales", recalca el ministro Planas

El Gobierno español ha sido el responsable de un giro en la política de concesión de ayudas al campo por parte de la UE, un giro que, pese a que en el Ministerio de Agricultura lo venden como todo un éxito, no ha cosechado los mismos elogios entre buena parte de los agricultores. Y es que el Ministerio de Agricultura ha exigido -y logrado introducir- el «enfoque de género» en la Política Agrícola Común (la PAC).

El propio ministro Luis Planas ha destacado en su departamento y ante la UE que el enfoque de género se integra por primera vez en la PAC como parte de sus objetivos específicos. Y que se ha hecho gracias a la insistencia de España. «Con ello, se podrán contemplar intervenciones en el Plan Estratégico en las que se discrimine positivamente a la mujer para que tenga más oportunidades de asumir el papel de titular de explotación agraria o pequeña y mediana empresa agroalimentaria en el medio rural», ha señalado el Ministerio.

Pero no acaba ahí el objetivo del Gobierno: «Aspiramos además a que la mujer desempeñe un papel más activo y visible en las comunidades rurales como líder de las empresas, organizaciones y cooperativas de su entorno», como ha recalcado el ministro en sus exposiciones.

Además, los jóvenes pasan a ser también objetivo prioritario en esta nueva PAC. Se tendrá que destinar al menos el 2% de los fondos de la PAC a los jóvenes agricultores, a través de complementos de pago en el primer pilar (ayudas directas) y ayudas a la primera instalación, que podrán alcanzar hasta 100.000 euros por joven que se instalan por primera vez.

Pero los agricultores señalan que «la estructura del campo es la que es y que, si se destinan ayudas a estos fines, baja el importe total dirigido a las explotaciones tal y como están concebidas en estos momentos. Y si ahora hay que modificar esa estructura eso implica incrementar los costes», destaca una fuente del sector agrícola.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, pese a todo ello, se ha mostrado satisfecho con el acuerdo político alcanzado por los estados miembros en torno a la futura Política Agraria Común (PAC) 2021- 2027. El ministro ha remarcado que la próxima PAC se aplicará el 1 de enero de 2023. Habrá un periodo transitorio, 2021 y 2022, durante el cual agricultores y ganaderos seguirán percibiendo las ayudas conforme al nuevo presupuesto, 47.274 millones de euros, si bien con las reglas de la anterior PAC.

El 40% de su presupuesto

Esta PAC destinará el 40% de su presupuesto a objetivos medioambientales. En este sentido, el ministro ha asegurado que la clave de este acuerdo es el equilibrio entre la sostenibilidad de agricultores y ganaderos, «a través de la ayuda básica a la renta, y la nueva arquitectura verde de la PAC, que se promoverá con los llamados ecoesquemas -ayudas complementarias para cumplir con prácticas beneficiosas para el medioambiente-«.

Hay que recordar que la perspectiva de género figuraba entre las exigencias de Podemos. La formación morada siempre quiso trasladar el feminismo al campo. Por eso exigió en su programa que una parte de las ayudas europeas a las producciones agrícolas (PAC) se concediese bajo la condición de contar con mujeres trabajando en este sector.

El ‘agrofeminismo’ persigue, entre otras cosas, alterar la política agraria imponiendo el feminismo también en el campo. Con ese fin, el partido morado quiere remodelar los criterios de asignación de la Política Agrícola Común (PAC). Para hacerla «más justa». Los datos de los morados señalan que España tiene cerca de 800.000 explotaciones agrarias y ganaderas, la mayoría de ellas familiares. Podemos considera que el objetivo de la PAC no puede ser «mantener un sistema de derechos históricos, sino apoyar a quienes de verdad desempeñan la actividad: los productores y las productoras, y hacerlo de manera proporcionada a sus necesidades económicas, con menos complejidad burocrática y con mayor transparencia en los mecanismos de gestión y aplicación de los fondos».

¿Y cómo pretenden los morados lograr esa «justicia»? Pues «destinando al menos el 10% de los fondos a establecer medidas eficaces que corrijan los desequilibrios del mercado, introduciendo ayudas directas a la incorporación de mujeres y complementarias para las que continúan la actividad […]».

En resumidas cuentas, que si en estos momentos el campo se pelea por conseguir menos imposiciones y poder disfrutar de ayudas que le permitan mantener su sistema productivo, Podemos responde a los agricultores diciéndoles que se condicionará parte del dinero enviado de Europa al hecho de que haya mujeres en la agricultura.