Sánchez evita informar al CNI de la presencia de Yolanda Díaz en la comisión de Inteligencia

Una de las tareas que tiene a la vista el Gobierno de Pedro Sánchez de cara al inicio del nuevo curso político es la reunión prevista en septiembre con la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban. Ese encuentro de la Comisión Delegada para Asuntos de Inteligencia (CDGAI) ya ha sido oficialmente convocado, pero Moncloa ha eludido especificar qué vicepresidentes y ministros acudirán al mismo. El CNI se remite a su ley reguladora propia, que excluye taxativamente a la vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz, de la comisión. Sánchez, al igual que hizo con Pablo Iglesias, ha colado su presencia a través de un decreto publicado en abril.

La cita está prevista para este mes de septiembre, cuando la directora del CNI planteará al Gobierno todos los objetivos y necesidades operativas en materia de inteligencia para 2022.

Estas citas forman parte del funcionamiento habitual de toda la estructura de inteligencia del Estado: el CNI recopila la información de Interior (Policía Nacional y Guardia Civil) y de Defensa (de los tres Ejércitos y del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas) y se la trasmite al Gobierno a través de un borrador. Ese documento es el que se va a presentar este mes de septiembre.

Sánchez esconde a Díaz

Los preparativos y la burocracia previa a dicha reunión ya están en marcha. El CNI ya ha enviado un memorando al Gobierno recordando la cita, con un detalle que no ha pasado desapercibido para quienes han podido ver esa convocatoria. El servicio de inteligencia le reclama a Sánchez que identifique quiénes estarán presentes en dicha cita, y lo hace -he aquí la ‘puntilla’- recordándole la «legislación vigente» y los criterios que establece la ley reguladora del CNI 11/2002.

Según esa ley, en su texto actualizado a 15 de junio de este año, la composición de esa comisión se limita exclusivamente «al vicepresidente del Gobierno que designe su presidente (…) los ministros de Asuntos Exteriores, Defensa, Interior y Economía, así como por el secretario general de la Presidencia, el secretario de Estado de Seguridad y el secretario de Estado Director del Centro Nacional de Inteligencia, que actuará como secretario». Es decir, no hay sitio posible para una vicepresidenta de Trabajo, cargo que ocupa Díaz.

Tal y como ha podido saber OKDIARIO, el Gobierno de Sánchez no ha respondido aún al CNI sobre la composición de la Comisión que se reunirá el próximo septiembre. Se entiende en estos círculos que esa tardanza, nada común en años anteriores, tiene que ver con las dudas legales que plantea la presencia de Díaz tras el revés que recibió el Gobierno cuando el Tribunal Constitucional tumbó la presencia de Iglesias en esas comisiones.

La ‘trampa’ de Sánchez con Iglesias

Cabe recordar que, en 2020, el Gobierno, a exigencia del propio Pablo Iglesias, coló al entonces vicepresidente mediante un artificio legislativo dentro de esta comisión, en principio sólo destinada a un vicepresidente y a los ministros de Defensa, Interior, Asuntos Exteriores y Economía. Los llamados ‘Ministerios de Estado’, los más involucrados en las posibles amenazas que afecten a España y que se tratan en esa comisión.

Iglesias fue incluido mediante una disposición escondida en el decreto del primer estado de alarma, un subterfugio utilizado por Sánchez que el Tribunal Constitucional declaró nulo en su sentencia del pasado 13 de mayo. El Constitucional dictaminó, tras el recurso de Vox, que no estaba justificada «la extraordinaria y urgente necesidad» de la presencia del titular de Derechos Sociales.

Con la salida de Iglesias del Gobierno y la entrada de Yolanda Díaz en la vicepresidencia, Moncloa maniobró para dar cobertura legal a la cuota de Podemos en esa comisión. Lo hizo mediante un decreto aprobado en el Consejo de Ministros del pasado 6 de abril que abría la puerta a Díaz y que podría ser tumbado igualmente por el TC.

Otro aspecto que se maneja en círculos de inteligencia y que impediría la presencia de Díaz en dicha comisión es la inexistencia de la «necesidad de conocer». Un término que se utiliza en ese sector para restringir la información únicamente a aquellas personas que deban conocerla. En el caso de Díaz, titular de Trabajo, las fuentes consultadas advierten que es «prácticamente imposible que el Gobierno justifique el por qué (la vicepresidenta) tiene el derecho a acceder a esa información reservada».