Sánchez y Díaz obligan a Montero a modificar la chapuza del ‘Sólo sí es sí’ tras 277 rebajas de pena

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, han pactado una revisión de la Ley de Garantía Integral contra la Violencia Sexual. La llamada Ley del Sólo sí es sí impulsada por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero que ya ha dejado a más de 277 agresores sexuales beneficiados de reducciones de penas o excarcelaciones. Montero, que pasó de denominar esas informaciones sobre beneficios como «propaganda machista» a acusar a los jueces de hacer mal su trabajo, deberá arreglar su ley. Pese a que la reforma ya no evitará que los delincuentes condenados puedan beneficiarse, debido a la irretroactividad de la norma, sí podría cerrar la puerta a futuras excarcelaciones.

Montero se ha negado durante meses a reconocer el error de su ley y, tras acusar a los jueces de aplicarla de forma incorrecta, la ministra de Igualdad deberá asumir que tiene que cambiarla. No lo hará de forma voluntaria, ya que tal y como ha podido confirmar de fuentes del Gobierno a OKDIARIO, la decisión de reformar la Ley del Sólo sí es sí la han tomado Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. Ambos han llegado a un pacto para parchear el reglamento actual y tratar de cerrar la puerta a futuras excarcelaciones y rebajas de penas mediante una meticulosa revisión del articulado.

Igualdad se había negado desde el primer momento a asumir los errores y poner la norma en revisión, alegando que no tenía más fallos que la mala interpretación que estaban haciendo de ella los titulares de los juzgados. El ataque a los jueces, sin embargo, escondía que el CGPJ advirtió de esta revisión de penas antes de que se aprobase la norma.

La cerrazón de Montero, sin embargo, llega a su fin por imposición de un pacto del ala socialista con Díaz, jefa de filas de los morados. Entre lo pactado figura que sea la propia Montero quien dirija la tarea de revisión de la norma -como ha adelantado La Vanguardia-, pero según ha sabido OKDIARIO, será el Ministerio de Justicia quien tutele todo el proceso para confirmar que la reforma es efectiva y que carece de agujeros legales para que los agresores puedan colarse, como ocurre con el actual texto.

Hasta el momento, son 277 los violadores y agresores sexuales que se han beneficiado de la interpretación más laxa de la norma de Montero respecto al anterior articulado del Código Penal. Pese a que desde Igualdad se negó en todo momento cualquier error, tanto Montero como otras dirigentes de la cartera han ido reconociendo los fallos y proponiendo parches, como la propuesta de otorgar pulseras telemáticas a las víctimas de violadores excarcelados para su control. Algunos de ellos ya han amenazado con hacer daño a sus víctimas.

La Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, más conocida como Ley del sólo sí es sí, ha provocado la reducción de las penas de decenas de agresores sexuales. Bien porque los condenados están solicitando la revisión de sus penas, bien porque los nuevos condenados lo son con la aplicación de una ley que fija horquillas inferiores. Tanto en un caso como en otro, los agresores sexuales están saliendo beneficiados por la ley impulsada por la ministra de Igualdad, Irene Montero. Ella negó que su iniciativa fuera a provocar una reducción de penas y se limitó a zanjar el asunto como «propaganda machista».