Sánchez ha destinado 407 millones a su maquinaria de autobombo en Moncloa desde que gobierna

• Luz Sela
• Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.
• • 17/10/2022 06:48
  • Actualizado: 17/10/2022 08:26

La maquinaria que engrasa la propaganda informativa de Pedro Sánchez en La Moncloa ha absorbido ya 407 millones de los Presupuestos desde que Sánchez llegó al poder, en junio de 2018. Las cuentas públicas de 2023, año electoral, reservan hasta 78.385.600 euros para la «cobertura informativa» del Gobierno. Es una cantidad ligeramente inferior a la de este año (79.285.000 euros) pero notable en un contexto de crisis económica.

El año pasado, cuando los españoles ya sufrían el impacto en su bolsillo del alza de los precios, el Gobierno de PSOE y Podemos destinó a esta partida hasta 72.828.000 euros. Durante el año de la pandemia fueron 68.826.000 euros. Y en 2019, 69.441.000 euros. Entre junio y diciembre de 2018, en los primeros meses de Sánchez en el poder, el coste de mantener la maquinaria de propaganda informativa ascendió a 39.212.000 euros. Este gasto se ha incrementado notablemente desde la llegada del jefe socialista a Moncloa, ya que con Mariano Rajoy fue de 54.192.000 euros.

Esta partida sirve para sufragar la «el impulso y la coordinación de la política informativa del Gobierno», de difundir la posición del Gobierno en temas de política nacional e internacional, así como las grandes líneas de acción política del Ejecutivo y de las diferentes medidas que las desarrollan. También se ocupa de analizar «la coyuntura nacional e internacional», gestionar la comunicación «ante situaciones de alerta» o proporcionar los medios técnicos y audiovisuales para la cobertura informativa del presidente del Gobierno, el ministro de la Presidencia -Félix Bolaños- y la ministra portavoz, Isabel Rodríguez.

«Desinformación»

La obsesión de Sánchez por controlar su política comunicativa ha sido una constante desde que gobierna, con medidas polémicas como la creación de una Comisión para la desinformación, un órgano que la oposición bautizó como Ministerio de la Verdad, y que tiene entre sus cometidos supervisar las supuestas campañas de fake news.

Este mismo año, y con vistas al nuevo ciclo electoral, Moncloa ha activado el autodenominado Foro contra las campañas de desinformación , cuyo objetivo es controlar la «desinformación» que, según Presidencia, supone «una amenaza y riesgo para la Seguridad Nacional». Para ello, se vigilarán especialmente los procesos electorales, entendiendo que «dichas campañas buscan polarizar a la sociedad y minar su confianza en las instituciones y suponen, además, una grave amenaza» en elecciones. 

En abril de 2020, en plena pandemia, ya fueron especialmente polémicas las declaraciones del entonces jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, el general José Manuel Santiago, que reveló la existencia de una orden para «minimizar todo el clima contrario a la gestión de la crisis por parte del Gobierno».

Secretos

Además, Moncloa prepara ahora la Ley de Secretos Oficiales -Ley de Información Clasificada-, con sanciones de hasta tres millones de euros por la difusión de información clasificada como «secreto» o «alto secreto».

Como ha publicado este periódico, la norma extiende la potestad de ocultar documentos hasta en una veintena de cargos y cualquier ministro tendrá «potestad sancionadora» para imponer multas de hasta un millón de euros a quien revele información «confidencial».

En esta categoría se incluye aquella información cuya «revelación no autorizada o utilización indebida» pueda causar «una amenaza o perjuicio leve para los intereses de España» en diferentes ámbitos, como «el efectivo desarrollo de las políticas del Estado o del funcionamiento del sector público», las «negociaciones políticas o comerciales de España con otros Estados», «los intereses económicos o industriales» o incluso el «funcionamiento de los servicios públicos». También se incluye un apartado que ha resultado polémico, como es «la prevención, detección e investigación de delitos». Además, esa posibilidad de ocultar la información se extiende a «cualquier otro ámbito» que, consideren estas autoridades, «pueda causar una amenaza o perjuicio leve para los intereses de España».