Sánchez rechaza recuperar la reforma exprés del CGPJ y equipara al PP con Bildu

• Joan Guirado @joanguirado
• Corresponsal de Gobierno y Casa Real. Siguiendo la actividad del presidente y líder del PSOE, Pedro Sánchez, y del Rey de España. También política catalana.
• • 23/07/2021 02:22
  • Actualizado: 23/07/2021 12:32

El Gobierno difícilmente cumplirá con la obligación constitucional de renovar el órgano de dirección de los jueces en esta legislatura. El presidente, Pedro Sánchez, descarta recuperar la reforma exprés del reglamento del Congreso para la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, como le pide Podemos, que permitiría elegir a los magistrados con mayoría simple y no con dos terceras partes de la cámara como es de obligación hasta ahora. Lo hace mientras menosprecia al PP, el único partido que le puede salvar la renovación, equiparándole a Bildu en la ronda de reuniones que mantendrá en septiembre el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.

PSOE y Podemos registraron meses atrás una propuesta para llevar a cabo esta reforma que, para facilitar la negociación y el acuerdo con el PP, Sánchez se comprometió a retirar. Y la retiró. Pero el acuerdo con los populares no fue posible por la negativa del presidente a aceptar algunas de sus condiciones, como la de dejar fuera de todo el poder a sus socios de Podemos. Ahora la vicepresidenta Yolanda Díaz avisa que en este intento de negociación que anuncian desde Moncloa, los dos socios de la coalición irán conjuntamente a negociar con el PP. No parece la mejor idea para convencer a los de Pablo Casado. 

Tras la reforma del Consejo de Ministros, el líder socialista ha pedido a la nueva ministra de Justicia, Pilar Llop, capear la situación. Esta misma semana se ha reunido con representantes de las diferentes asociaciones profesionales y los distintos organismos judiciales para escuchar sus inquietudes. Todas le reclaman el desbloqueo de la renovación, ya que los magistrados tienen el mandato caducado desde hace dos años y medio. Si Sánchez persiste en su idea, completarían un segundo mandato sin haber procedido a la renovación. La única opción para forzar la máquina sería la dimisión de los miembros.

De la misma forma que en tantas otras cuestiones en las que existen fuertes discrepancias en el seno de la coalición, como la Ley de Vivienda o cuestiones fiscales, con la manera de proceder a la renovación del CGPJ también hay diferencias entre el PSOE y Podemos. Los de Pedro Sánchez no quieren un nuevo tirón de orejas de Europa ni beneficiar electoralmente al PP, mientras que los de Díaz no quieren renunciar a su parte del pastel en el reparto de los jueces. El aviso de la Comisión Europea de la vulneración de derechos en la reforma exprés, es lo que ha motivado que el jefe del Ejecutivo decida aparcar definitivamente la propuesta.

Lo que quiere Podemos y descarta Sánchez, con esta reforma para rebajar la mayoría parlamentaria necesaria para elegir a la mayoría de los vocales sin los controles de los órganos constitucionales, es no depender del principal partido de la oposición para cumplir con la necesidad de renovar la dirección de los jueces, cuyo mandato está caducado. Pero tampoco quiere depender del PP el presidente, que quiere no desviar la atención de aquí a las elecciones de 2023 de la recuperación económica que le permitirá el reparto de los fondos europeos, consciente de que un pacto de Estado de estas características beneficiaría más a su adversario.

En su momento, cuando los dos partidos que apoyan al Ejecutivo propusieron la reforma legislativa para la elección del órgano de dirección de los jueces, los partidos de la oposición se pusieron en pie de guerra, con recursos al Tribunal Constitucional. También los jueces y los fiscales, que temen que la institución quede en manos del Gobierno socialcomunista, mostraron su preocupación e incluso la Comisión Europea, que advirtió que una reforma de esas características no era aceptable en los estándares europeos.

El Gobierno, entonces, aseguró que la propuesta que ahora Sánchez descarta contaba «con todas las garantías jurídicas para que pueda llevarse a cabo». Así lo manifestó hace unos meses, en plena polémica, la ex portavoz gubernamental María Jesús Montero tras el Consejo de Ministros.