Sánchez avaló con su firma la subvención de 40 millones a la empresa de Cerdán investigada por la UCO
El Consejo de Ministros ignoró las alertas de irregularidades de múltiples organismos ministeriales
Santos Cerdán se coló en las reuniones para impulsar la obra de 67 millones de euros que investiga la UCO
Pedro Sánchez avaló con su firma personalmente en el Consejo de Ministros la polémica subvención de 40 millones de euros destinada a los túneles de Navarra, que se adjudicó previamente a la unión temporal de empresas donde estaba Servinabar, la empresa de la que tiene acciones Santos Cerdán. La UCO investiga a esa compañía por el pago de comisiones.
Tal como ha comprobado OKDIARIO, el acta oficial del 22 de octubre de 2024 confirma que el presidente del Gobierno presidió la reunión que aprobó el Real Decreto de la subvención para las obras de los túneles de Velate, pese a múltiples alertas de irregularidades detectadas por organismos de control.
La decisión se produjo tras advertencias de la Intervención Delegada, el Ministerio de Hacienda y la Oficina Presupuestaria sobre deficiencias en el procedimiento. Los documentos oficiales revelan un patrón sistemático de irregularidades que fue ignorado por el Ejecutivo.
La Intervención Delegada había alertado en junio de 2024 de que «no está regulado en el real decreto la justificación de la ejecución del primer pago», calificando el sistema de pagos anticipados como irregular. El informe técnico señalaba que el procedimiento incumplía «lo exigido en el propio real decreto».
Por otra parte, Hacienda confirmó por escrito que «al no existir crédito dotado en los Presupuestos Generales del Estado para 2023 prorrogados para 2024, será necesario, una vez aprobado el real decreto, tramitar el correspondiente expediente de modificación presupuestaria». Esta circunstancia supone gastar dinero público sin dotación previa, restándolo de otras partidas presupuestarias por determinar de los Presupuestos Generales.
La Oficina Presupuestaria había reiterado la misma advertencia, confirmando que la subvención se aprobaba sin respaldo presupuestario. Tres organismos distintos coincidían en señalar problemas, pero el Gobierno mantuvo su agenda política para favorecer el proyecto del Gobierno socialista navarro de María Chivite y la UTE de Acciona, Servinabar –propiedad de Cerdán– y Oses.
Procedimiento viciado
Los documentos del expediente de adjudicación a esa UTE revelan irregularidades aún más graves. Como publicó OKDIARIO, Lorenzo Serena, secretario de la mesa de contratación, manifestó por escrito en septiembre de 2023 que «el procedimiento que hemos seguido al valorar las ofertas ha quedado viciado, así puede ser visto» y alertó que «no es necesario reiterar lo que sabemos de sobra; que los procedimientos de selección de ofertas han de efectuarse con exquisita corrección y transparencia».
El interventor delegado, Jesús Muñoz, fue más contundente al manifestar que «el informe adolece de falta de motivación al no haber una correlación entre la literatura del informe y las puntuaciones asignadas». La mesa de contratación emitió tres votos particulares en contra de la decisión final.
Jesús Polo, presidente de la mesa que a sus 73 años se debía haber jubilado, presionaba para acelerar: «Hay mucho interés en que se adjudique antes de San Fermín», según consta en correos del 30 de mayo, evidenciando una urgencia inusitada que levantó sospechas entre los técnicos.
Sin consulta pública
El Gobierno ha reconocido oficialmente que prescindió de la consulta pública alegando «graves razones de interés público que justifican prescindir del trámite de consulta pública previa». Esta omisión contraviene los principios básicos de transparencia en la contratación pública.
La Secretaría General Técnica justificó esta decisión por «estar abierto un procedimiento de infracción contra el Reino de España», aunque múltiples fuentes señalan que la verdadera premura tenía motivaciones políticas relacionadas con Santos Cerdán, que llegó a acudir a reuniones ministeriales. El Gobierno se agarró a que la Comisión Europea apremia, en general, a España para que los túneles cumplan la normativa comunitaria.
Solapamiento temporal
Los documentos revelan un cronograma que refuerza las sospechas de instrumentalización política. El Gobierno de Navarra adjudicó las obras el 26 de diciembre de 2023 por 62,8 millones de euros a la UTE donde participa Servinabar 2000 SL, empresa investigada por sus conexiones con Cerdán y Koldo García.
Las obras se iniciaron el 22 de marzo de 2024, pero la subvención estatal no se aprobó hasta el 22 de octubre de 2024. El dinero llegó 10 meses después de adjudicar las obras, evidenciando que la financiación era retroactiva y destinada a cubrir un gasto ya comprometido.
El caso se enmarca en la investigación de la UCO sobre las comisiones pagadas a Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, que aparecen mencionadas en grabaciones. El empresario Víctor de Aldama ha declarado haber entregado 15.000 euros en efectivo a Cerdán tras «unas molestias generadas» relacionadas con licitaciones públicas.
La empresa Servinabar, propiedad de Cerdán y su amigo Antxon Alonso, participó en la UTE adjudicataria pese a ser «desconocida en el sector de la construcción». Su dueño había intentado sin éxito construir la Ciudad de Vacaciones en Milagro, pueblo natal de Cerdán.
Esta trama de poder, según fuentes de la investigación, apunta a que Cerdán controlaba determinadas licitaciones públicas a pesar de no tener competencias de gestión, actuando como un fontanero, que sin mando en plaza tenía ascendencia en muchas instituciones controladas por el PSOE.
El acta del Consejo de Ministros del 22 de octubre confirma que Pedro Sánchez presidió personalmente la sesión que aprobó esta controvertida subvención, convirtiéndole en máximo responsable político de una decisión que ignora múltiples alertas de irregularidades y beneficia directamente a empresas investigadas por la UCO. En 2023 la subvención a dedo también pasó por el Consejo de Ministros por petición de la ministra Raquel Sánchez. Ese día lo aprobó Nadia Calviño en sustitución de Pedro Sánchez, que no presidió el órgano. Como el Gobierno no tramitó a tiempo ese expediente se tuvo que volver a elevar a la máxima reunión de Moncloa y, ya sí, Sánchez firmó de su puño y letra ese acuerdo.
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