Ribera ignoró el barranco mortal de Valencia pese a disponer de 55 millones para prevención de riadas
La Confederación mantiene "en redacción" el proyecto contra las inundaciones en el barranco del Poyo
La Confederación Hidrográfica del Júcar, el organismo encargado de la vigilancia de los caudales de la zona afectada por la dramática DANA en Valencia, dispone de un presupuesto de 55.267.639,06 euros para la «reducción del riesgo de inundación», pero ninguna actuación concreta para el barranco del Poyo, la zona cero de la tragedia.
Así se desprende del Plan de Actuación para 2024, al que ha tenido acceso OKDIARIO. En el documento se admite únicamente que el proyecto del barranco del Poyo está «en redacción». Un estado en el que lleva desde junio de 2020, cuando se licitó la elaboración del plan Vía verde de conexión del barranco del Poyo con el nuevo cauce del río Turia, que tenía como el objetivo de aumentar la capacidad hidráulica del barranco para reducir el riesgo de inundaciones.
La histórica crecida de la conocida como rambla del Poyo, que ha dejado en una situación de emergencia a varias poblaciones y un número aún indeterminado de víctimas, no debía coger de imprevisto a las autoridades. Se trata de una de las zonas más conflictivas y de mayor riesgo de la Comunidad Valenciana, y así se recoge en distintos planes hidrográficos. El propio Ministerio de Transición Ecológica, en la licitación del proyecto para la zona, ya destacaba en 2020 que «el régimen torrencial de las lluvias dadas en la cuenca del Poyo y el alto grado de urbanización de la cuenca hacen que el riesgo de inundaciones sea muy elevado, ya que el cauce se desborda con facilidad. Además, la limitación existente aguas abajo de Paiporta, es el que en la actualidad lleva a considerar que todas las poblaciones existentes aguas abajo de dicho punto tienen un riesgo de inundación elevado».
A pesar de que en el departamento de Teresa Ribera se reconocía el elevado riesgo de inundaciones, el proyecto para el Poyo lleva años prácticamente estancado. Como ya informó OKDIARIO, en enero de 2023, el Gobierno respondió al Senado que estaba en redacción. Cuatro años después de su licitación, y a la vista del plan de actuación de la Confederación Hidrográfica, el estado es el mismo. No tenía previstos nuevos pasos ni actuaciones este año.
Cruce de acusaciones
El cruce de acusaciones entre el Gobierno valenciano y la Confederación Hidrográfica ha arreciado en las últimas horas en relación a la responsabilidad de la tragedia.
Desde el Ejecutivo de Carlos Mazón se responsabiliza al organismo dependiente de Ribera de no informar adecuadamente, y con la suficiente antelación, de la crecida en el Poyo. La cadena de correos electrónicos remitidos a lo largo de ese día revela que la Confederación sólo informó de una cambiante situación del caudal, con descensos significativos a lo largo de la jornada, hasta dar un aviso definitivo cuando ya varias poblaciones estaban inundadas.
Así, por ejemplo, a las 16:13 horas informó textualmente: «Descenso de caudal en Rambla de Poyo. Valor: 28.7 m³/s menor de 30 m³/s con tendencia descendente a las 15:50 h. Se continúa el seguimiento». No es hasta las 18:43 cuando se lanza un nuevo aviso. Por entonces, la crecida era ya histórica. «Valor de 1.686 m³/s mayor de 150 m³/s con tendencia ascendente a las 18:40 h».
La comunicación se acompañó de un aviso escueto: «Para su conocimiento, la crecida está siendo muy rápida. Se continúa el seguimiento desde sala SAIH». Ese valor equivale a 53 veces el caudal del Tajo-Segura, o 4 veces el caudal del Ebro. La tragedia posterior ya es conocida.
Desde el Gobierno de Mazón no se explican por qué no hubo más avisos previos y se quejan de que dicha comunicación llegó tarde y por vías inadecuadas, un correo electrónico sin acompañamiento de una llamada telefónica para reforzar la alerta.
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