España
Inmigración ilegal

La regularización masiva colapsa los servicios sociales en Madrid y ya retrasa la atención a familias necesitadas

Alcaldes del PP alertan de "deficiencias" en servicios básicos municipales por culpa del Ejecutivo

Exigen por carta "apoyo económico" y "refuerzo de personal" al delegado del Gobierno de Sánchez

La regularización masiva impulsada por el Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez está colapsando los servicios sociales en Madrid y ya provoca graves retrasos en la atención de distintos ayuntamientos a las familias más necesitadas, tal y como revelan a OKDIARIO fuentes municipales.

Este colapso ha llevado a alcaldes del PP en la Comunidad de Madrid a dirigirse por carta al delegado del Gobierno en esta región, el socialista Francisco Martín Aguirre, reclamándole sobre todo «apoyo económico» y «refuerzo de personal» para asumir esta «gran carga de trabajo» y revertir la situación «antes de que el deterioro de los servicios municipales sea irreversible».

El alcalde de Valdemoro, David Conde, denuncia en la misiva que «nuestros trabajadores están sometidos a una presión insostenible» y advierte de que «los vecinos comienzan a sufrir retrasos y deficiencias en servicios básicos que nada tienen que ver con su gestión municipal ordinaria».

En conversación con OKDIARIO, Conde revela que, a consecuencia de esta regularización lanzada por el Gobierno central sin planificación suficiente ni coordinación alguna con las entidades locales, las citas de primera atención del resto de usuarios en el Ayuntamiento de Valdemoro «van a tener que retrasarse unos 15 días, con lo que ello conlleva para las familias necesitadas». Todo ello, añade, a pesar del esfuerzo que ya realizan los profesionales de Servicios Sociales del Consistorio.

«El principal servicio afectado es el área de Servicios Sociales. La semana pasada, por ejemplo, se realizaron 140 informes de vulnerabilidad, aunque eso es una pequeña parte del trabajo porque antes hay que recibir a los afectados, informarles, derivarles en su caso a donde puedan ser atendidos», explica Conde a este periódico.

«Los profesionales de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valdemoro no pueden emitir documentos públicos sin el rigor administrativo que ello requiere. Sin embargo, parece que el Gobierno considera que los inmigrantes son objetos a repartir, pero son personas y no se da abasto para poder atenderles en condiciones», lamenta el regidor de este municipio de Madrid.

«Estas circunstancias hacen que el trabajo habitual de los trabajadores municipales se vea gravemente afectado, así como la atención al resto de población del municipio», incide Conde. Alude aquí a los efectos negativos para las familias más vulnerables.

También en Pinto

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Pinto, gobernado por Salomón Aguado, alertan de un escenario muy similar en este municipio. Los inmigrantes irregulares están «colapsando» la centralita del Servicio de Atención Ciudadana, que deriva esas llamadas a Servicios Sociales, además de las directas que también recibe esta área.

A ello se une que, pese a la existencia de cita previa para solicitar la firma del certificado de vulnerabilidad, está habiendo quienes llegan con el modelo del Ministerio de Migraciones «ya rellenado para que lo selle la técnico». «Pero eso no lo puede hacer, porque para que la técnico firme un certificado tiene que haber hecho una entrevista, un seguimiento», precisan las mismas fuentes. De igual modo, relatan que con esta saturación también se está viendo afectado el servicio del padrón municipal.

El alcalde de Pinto, Salomón Aguado. (Foto: Ayto. Pinto)

Por tanto, desde el equipo de Aguado subrayan que toda esta carga de trabajo está impidiendo que se atienda a otras personas en Servicios Sociales, fundamentalmente a las familias más necesitadas.

Además, en su carta al delegado del Gobierno, el alcalde de Pinto reprueba que el real decreto de esta regularización «ha sido tramitado de forma totalmente unilateral, sin el concurso de los ayuntamientos que estamos soportando las cargas burocráticas del mismo».

Aguado ha reclamado al Ejecutivo que aclare «si se van a aportar por parte del Gobierno de España recursos y financiación para poder abordar desde los servicios sociales municipales esta tarea extraordinaria».