El registro de la Guardia Civil en la central de los Mossos en Lérida duró 11 horas

La Guardia Civil finalizó pasadas las 23:00 horas de este jueves, tras doce horas en su interior, el registro en la comisaría de los Mossos d’Esquadra en Lérida, a donde había llegado hacia las once de la mañana para obtener las grabaciones de la centralita de comunicaciones en la demarcación el 1-O y volcar el contenido de los teléfonos móviles de dos mandos.

Los agentes del instituto armado se personaron en la comisaría de los Mossos d’Esquadra de la región policial de Ponent por orden del titular del juzgado de instrucción número 4 de Lérida que, además de las grabaciones de las comunicaciones internas de la policía catalana en la zona durante el 1-O, también solicitó diversa documentación y el volcado del contenido de los teléfonos de dos de los mandos y un agente de la policía catalana en la demarcación.

Una vez dentro del edificio de los Mossos d’Esquadra, los efectivos de la Guardia Civil, acompañados por un secretario judicial, procedieron a volcar las conversaciones grabadas en la denominada ‘centralita de conferencias’ de la comisaría, en la que se registran las llamadas por radio de los agentes y las órdenes que les dan desde la sala de mando.

Investigación secreta

Según precisó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el juez había oficiado a la Guardia Civil para que acceda a las grabaciones de la centralita de comunicaciones de la región de Ponent de los Mossos d’Esquadra con motivo del 1-O, desde las últimas horas del sábado 30 de septiembre hasta las primeras horas de la mañana del lunes 2 de octubre.

El juez de Lérida mantiene en secreto esta investigación, una de las que se han abierto en una veintena de juzgados catalanes sobre la supuesta pasividad de los Mossos d’Esquadra a la hora de cumplir con las órdenes del TSJC para impedir la votación del 1-O, que había sido suspendida por el Tribunal Constitucional.

Este juzgado también está tramitando una querella de varias personas contra actuaciones de la Guardia Civil y la Policía Nacional durante el 1-O, que está en fase de ratificación, según el TSJC.