Por qué hay que botar a Sánchez, quedan 21 días: la DANA y la emergencia nacional que no declaró
El Ejecutivo central se negó a declarar inicialmente la emergencia de interés nacional
El 29 de octubre de 2024, una DANA devastó decenas de municipios de la provincia de Valencia y provocó una de las mayores catástrofes naturales de la historia reciente de España. Las inundaciones arrasaron viviendas, carreteras y negocios y dejaron, según el balance oficial actualizado en noviembre de 2026, 242 víctimas mortales en España, 234 de ellas en la Comunidad Valenciana. La tragedia abrió una profunda polémica sobre la gestión de la emergencia, las decisiones de las administraciones y la respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez.
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) había advertido del riesgo de lluvias torrenciales durante los días anteriores. El 29 de octubre, a las 7:36 horas, activó el aviso rojo en parte de Valencia. Sin embargo, la alerta masiva a los teléfonos móviles no llegó hasta las 20:11 horas, cuando numerosas localidades ya estaban inundadas. El envío de ese aviso correspondía a las autoridades autonómicas valencianas.
La respuesta del Ejecutivo central generó una gran controversia. Aunque la Unidad Militar de Emergencias comenzó a movilizarse el mismo 29 de octubre, no fue hasta el 2 de noviembre, cuatro días después del desastre, cuando Sánchez anunció un refuerzo de otros 5.000 militares y 5.000 policías nacionales y guardias civiles. El Gobierno defendió que ya había desplegado miles de efectivos y que estaba atendiendo las solicitudes de la Generalitat.
Aquella jornada, Sánchez pronunció una frase que quedará ya para siempre en la hemeroteca: «Si necesita más recursos, que los pida», en referencia al Gobierno valenciano. Otra de las decisiones controvertidas fue la negativa del Ejecutivo a declarar la emergencia de interés nacional. La Ley 17/2015 de Protección Civil permite al ministro del Interior acordar esa declaración por iniciativa propia, previa comunicación con la comunidad autónoma afectada, y asumir así la dirección de las operaciones.
Dos años después, la reconstrucción continúa y la gestión de aquellas horas continúa bajo investigación judicial. La DANA dejó, además de cientos de víctimas y enormes daños materiales, un debate político que sigue abierto: si las administraciones actuaron con suficiente rapidez y si el Gobierno central debió asumir antes la dirección de una emergencia de semejante magnitud.
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