Puigdemont entrega 28 reproches al Estado español y pide celebrar el referéndum en su encuentro con Rajoy

El presidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, ha entregado al jefe del Ejecutivo en funciones, Mariano Rajoy, un documento con una serie de reclamaciones, entre ellas que se deje a Cataluña celebrar una consulta sobre la independencia.

El documento contiene 46 puntos, 28 que la Generalitat catalana considera «incumplimientos del Estado con Cataluña, invasión de competencias e interferencias en la acción del gobierno».

Así ha sido la primera reunión entre ambos desde que Puigdemont accedió a la Presidencia de la Generalitat. Un encuentro que ha durado dos horas y cuarto, y que Rajoy ha calificado de «correcto» y Puigdemont de «cordial», pero se han quedado claras las diferencias sobre la propuesta soberanista del Gobierno catalán.

El presidente del Gobierno en funciones ha expuesto su posición de defensa de la unidad de España y la soberanía nacional, y su rechazo a cualquier consulta sobre la independencia. Tras la reunión con el presidente catalán ha indicado: «Puigdemont dice que es preciso hacer una consulta y yo que no estoy de acuerdo”.

Puigdemont defiende que es una obligación buscar vías de negociación y diálogo que permitan «dar salida a las aspiraciones democráticas de la mayoría» que «como mínimo puede incluir la celebración de un referéndum vinculante». Sin embargo, ha entendido la claridad con la que el presidente en funciones le ha expresado su postura y ha señalado que no ve vocación de entendimiento entre Rajoy y el gobierno catalán respecto a la principal de sus reivindicaciones, la hoja de ruta para convertir Cataluña en un Estado independiente.

Puigdemont ha reclamado también a Rajoy que el objetivo de déficit para este año sea del 1,07 %. Además pide un mayor margen para la consolidación fiscal y más recursos financieros, así como la revisión del sistema de financiación autonómico y el establecimiento de un interés al 0 % para el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

El Corredor Mediterráneo, la red de Cercanías, el modelo de gestión de puertos y aeropuertos, el plan hidrológico del Ebro, la ley de garantía de unidad de mercado o los papeles de Salamanca son algunos de los «agravios» a los que se refiere la Generalitat.

Como incumplimientos, entre otros, cita el caso del 0,7 por ciento del IRPF para fines sociales, como se pide desde hace años por parte de las fuerzas nacionalistas catalanas, y el respeto al modelo de enseñanza en catalán y de normalización lingüística previsto en el Estatut.

También señala que el porcentaje de inversión territorializada en los Presupuestos Generales del Estado está «muy lejos» del peso que tiene Cataluña en el PIB estatal, lo que tiene un impacto directo sobre los servicios esenciales que se prestan a los catalanes.

Abren vía de diálogo

Puigdemont ha indicado que han encargado a los vicepresidentes de ambos gobiernos, Soraya Sáenz de Santamaría y Oriol Junqueras, que se reúnan en los próximos días para estudiar los 44 puntos del documento sobre los que el dirigente catalán cree que se puede negociar: todos salvo el referéndum independentista y su queja por lo que considera la «judicialización de la política» que sigue el Gobierno de Rajoy. Puigdemont opina que se envía ante los tribunales a políticos «por expresar opiniones, que en democracia se pueden expresar libremente». Entre ellos, alcaldes o concejales pero también los cargos de la Generalitat denunciados por organizar el 9-N, como Artur Mas.