Carles Puigdemont asegura a Bélgica que el proceso independentista «no es violento» y que es denominado en Cataluña «la revolución de las sonrisas». El expresidente catalán fugado junto a otros 4 exconsellers presentaron ante el tribunal belga una demanda civil contra el juez instructor del Tribunal supremo, Pablo Llarena, por la presunta “falta de imparcialidad y la vulneración de los derechos de los investigados por parte del magistrado”.
En dicha demanda, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, la defensa de Puigdemont niega la malversación de fondos señalando que «no se ha desviado o utilizado ningún fondo público con el fin de financiar la organización del referéndum, que fue íntegramente pagado con fondos privados».
«El objeto de la presente acción» sostienen, «no es ver al juez civil belga pronunciarse a priori sobre el fundamento de la acción penal en curso en España. Sin embargo, es esencial no olvidar este contexto político y de represión judicial, en el momento de evaluar la falta civil cometida por el juez Pablo Llarena, fuera del ejercicio de sus funciones jurisdiccionales».
«Por lo motivos expuestos «, añade, «y teniendo en cuenta que no se utilizó ningún fondo público para organizar el referéndum las calificaciones de ‘malversaciones’ y de ‘desvío de fondos públicos’ deben de ser analizadas con la máxima precaución».
A continuación, niega la violencia en el ‘procés’ que califica como la revolución de las sonrisas»: «El proceso independentista catalán es efectivamente un proceso de cambio político guiado por la no-violencia, denominado en la literatura política independentista catalana ‘la revolución de las sonrisas’».
Quizá uno de los reproches más surrealistas reflejado en la demanda es en el que se ataca al Ministerio de Justicia de España por incluir en el Centro de Documentación Judicial CENDOJ, las decisiones judiciales de Llarena: «Es interesante observar que, dentro del contexto de un esfuerzo constante y de una campaña general cuyo objetivo es deslegitimar la causa política de las partes demandantes, el Ministerio de Justicia español publica sistemáticamente las decisiones del juez Llarena: el motor de búsqueda del Consejo General del Poder Judicial no registra menos de 307 entradas con el nombre ‘Llarena’».
También se cuestiona la participación de Llarena en determinados actos junto a los Mossos: «El juez Llarena realiza intervenciones públicas al margen de su función judicial. Asimismo, aparece públicamente en eventos públicos, como en el del 9 de abril de 2018, durante su asistencia a una ceremonia de juramento de jueces en Barcelona, el juez Llarena atrajo todas las miradas cuando se acercó al jefe de los Mossos d’Esquadra, Ferrán López, a quien interrogó como testigo en la causa catalana que instruye».
Además, Puigdemont defiende la labor de los Mossos durante la preparación y celebración del referéndum ilegal del 1-O: «En la semana del 25 de septiembre de 2017, el Gobierno español ha enviado entre 5.000 y 8.000 agentes de la Policía Nacional para impedir la celebración del referéndum. El Gobierno español teme que los Mossos, agentes de policía autonómica, que dependen de la Generalitat, la cual organiza el referéndum, no ejecuten la decisión del Gobierno español de detenerlo.
«Sin embargo, los Mossos d’Esquadra que pertenecen a la policía judicial, han obedecido las instrucciones que les han sido dadas para impedir la celebración del referéndum y han confiscado las papeletas y el material electoral» afirma el texto.
El Govern iba de «farol»
En la demanda de Carles Puigdemont contra Pablo Llarena se explica que «el 27 de octubre de 2017, el Parlamento catalán declara formalmente la independencia. No se trata de la adopción de una ley, sino de la lectura formal de un texto que constata el voto de los ciudadanos en el referéndum del 1 de octubre de 2017».
«El Gobierno catalán no participa en este acto», añade, «una ‘resolución’ que concreta los efectos jurídicos de la Declaración es posteriormente votada por el Parlamento. Una vez más, el Gobierno catalán no participa». Finalmente, el texto recuerda que «ningún acto gubernamental es realizado por los miembros del Gobierno catalán desde la declaración formal de independencia».
