Las pruebas que condenan a David Sánchez: buscó casa antes de ganar la plaza y el mote de «hermanísimo» en los correos

La Audiencia Provincial de Badajoz ha detallado en su sentencia numerosos indicios que llevan a condenar a David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa. Entre las pruebas más reveladoras figura que el acusado buscó alojamiento en Badajoz a través de Airbnb antes de que concluyera el proceso selectivo de la plaza que finalmente obtuvo, así como el apodo con el que era conocido en la Diputación, «el hermanísimo», que aparece reflejado en varios correos electrónicos incautados por la Guardia Civil.

El tribunal, presidido por José Antonio Patrocinio Polo y con Emilio Serrano como ponente, ha condenado también al ex presidente de la institución provincial, Miguel Ángel Gallardo, a dos penas de nueve años por otros tantos delitos de prevaricación.

Piso antes de tiempo

Los hechos probados recogen que, el mismo día en que se reunió la comisión de valoración de los candidatos, el 26 de junio de 2017, David Sánchez «se interesó, a través de la aplicación Airbnb, por un alojamiento estable en la ciudad de Badajoz». El propietario del apartamento declaró como testigo que el acusado le explicó que «iba a venir a trabajar a Badajoz».

Esa gestión se produjo cuando el proceso de selección aún estaba abierto y otros diez aspirantes competían formalmente por la plaza. Finalmente, no llegaron a un acuerdo, pero las fechas por las que se interesó, entre el 10 y el 15 de julio de 2017, coinciden con las de la firma del contrato definitivo.

El mote «hermanísimo»

La sentencia recoge que el mismo día en que se publicaron las bases de la convocatoria, el 19 de mayo de 2017, el entonces director del Conservatorio Superior, Evaristo Valentí, envió un correo electrónico a la directora de otro centro, Yolanda Sánchez Baltasar, con el asunto literal «el hermanísimo», que incluía un enlace a dichas bases.

El testigo José Luis Albarrán, técnico de Recursos Humanos, reconoció que ese apodo circulaba entre los empleados, aunque él mismo ha matizado que no sabía con certeza que la plaza fuera para David Sánchez, aunque «las sensaciones eran las sensaciones», en su propia expresión recogida por el tribunal.

Un puesto «a medida»

El tribunal ha considerado especialmente significativo un correo remitido por la entonces directora de Cultura, Elisa Moriano, el 11 de octubre de 2016, en el que comunicaba a los directores de los conservatorios la creación del puesto empleando la expresión «han decidido», verbo en plural que, según la Sala, «denota participación de altas instancias» ajenas a la propia Moriano. Los jueces dicen expresamente que los puestos se crearon «a medida».

Cargo innecesario

La sentencia también recoge que Evaristo Valentí nunca propuso la creación de esa plaza y que, al conocer que se situaría jerárquicamente por encima de los propios directores de los conservatorios, elaboró un informe en el que advertía de que ello «nos convertiría en los únicos centros de España (creemos que del mundo)» con semejante organigrama.

La creación de la plaza, que en su día justificó la Diputación por «la realización a lo largo del curso escolar de diferentes ciclos de conciertos» que exigían coordinación, ha sido calificada por el tribunal como una decisión «innecesaria y vacía de contenido», concebida para dar cobertura laboral a David Sánchez cuando este se encontraba desempleado tras finalizar un máster en Milán.

Preguntas sólo para él

Otro de los indicios recogidos en la sentencia es el trato desigual en las entrevistas de selección. La aspirante Cristina de Frutos, profesora de música, ha declarado que a ella «no le hicieron ninguna pregunta» más allá de un breve resumen de su proyecto, mientras que a David Sánchez se le valoró expresamente «la contestación a las preguntas que le formularon en la entrevista», según recoge textualmente la propuesta de contratación de 29 de junio de 2017.

El propio acusado, al declarar en fase de instrucción, ha reconocido no recordar «qué preguntas le hicieron en la entrevista» ni «cuándo se incorporó a su puesto de trabajo».

La sentencia no es firme y puede recurrirse ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el plazo de diez días. Posteriormente podrá recurrirse ante el Tribunal Supremo.

El procedimiento se inició en mayo de 2024, a raíz de una denuncia del sindicato Manos Limpias, y fue instruido por la magistrada Beatriz Biedma en el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz. El Ministerio Fiscal, representado por Begoña García Boró, solicitó el sobreseimiento de la causa, por lo que la apertura del juicio quedó sustentada, en exclusiva, en la acusación popular unificada.

Entre el mote y el mapa, un despacho que David Sánchez nunca supo situar del todo bien resume el fondo de una condena construida, sobre todo, con los propios correos de quienes creían que nadie los iba a leer nunca.