El presidente del TSJM critica el «espectáculo»dado por los políticos en el CGPJ

Tras una semana de nombramientos y siglas de partidos relacionadas con la renovación del poder judicial, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Javier Vieira, ha cargado contra el «espectáculo» de las «cuotas políticas» que ha protagonizado el proceso de designación de los vocales del CGPJ.

A punto de culminar su mandato al frente del TSJM para pasar a formar parte de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Vieira confiesa en una entrevista con Efe que es «esa sensación que se transmite al ciudadano de vincular el Consejo General del Poder Judicial con los partidos políticos» lo que «lo estropea todo».

Una afirmación que aunque «falsa», Viera admite que «termina afectando» a la sociedad y a la propia justicia en general porque parece «que los tribunales no actúan con imparcialidad o actúan con criterios políticos».

El presidente del TSJM apunta a los grupos políticos como los responsables de mantener esta larga sombra de sospecha sobre la justicia en tanto en cuanto no aceptan la propuesta de las asociaciones judiciales, ampliamente apoyada por el sector, de que los vocales sean elegidos por los miembros de la carrera judicial.

Vieira habla de «una lucha permanente» para modificar el sistema de elección de los vocales del CGPJ pero, resignado, afirma que eso es algo que «no se consigue porque los políticos no quieren».

«La verdad es que el espectáculo que nos siguen dando (los partidos) es el mismo», asevera el magistrado, a quien le «duele profundamente» que «se pueda transmitir la sensación de que el nuevo CGPJ reproduce las cuotas políticas del Parlamento».

Ni siquiera el Tribunal Constitucional ha sido ajeno a esta polémica cuando, tras avalar el sistema vigente, «advirtió del riesgo de que se transmitiera al CGPJ la distribución partidista que hay en los partidos políticos».

Esa sensación de aparente intromisión de la política en la justicia no es el único asunto por el que los jueces están en el punto de mira de la opinión pública.

Vieira reconoce que «estamos viviendo unos momentos críticos» con el próximo juicio del «procés», el caso de La Manada o el asunto de las hipotecas, en el que equipara la presión de la banca con la de los ciudadanos. «¿Cuál es la presión mayor?», se pregunta. «Yo creo que es muy similar», afirma, lo que ocurre es que «cada uno mira donde le interesa».

Admite que la crítica a las decisiones judiciales puede ser incluso «beneficiosa», pero una cosa es eso y otra «desacreditar al que dicta (la resolución) e incluso atacarle personalmente», como ha sucedido recientemente con el juez del Supremo e instructor del «procés», Pablo Llarena.

«Independientemente de las presiones ambientales que podamos tener», subraya Vieira, la decisión del juez se basa exclusivamente en criterios jurídicos. «Esa es la mayor garantía que puede tener el ciudadano. No puede dudarlo nadie», recalca.

Pone como ejemplo el caso de Cataluña, donde los jueces están actuando en base a unos hechos que pudieran constituir delito y señala que «lo que no se puede pretender nunca» es que, ante indicios de un posible delito, «se solucione desde el punto de vista político» y no jurídico.

«Si socialmente llegáramos a la conclusión de que la persecución de los delitos depende de la actuación política, pobres los ciudadanos, yo como ciudadano me sentiría inquietísimo», precisa.

Y aunque la solución política del tema catalán sigue sobre la mesa, «eso no puede afectar para nada a que si se puede haber cometido un delito, ese delito se tiene que enjuiciar y no hay más historias».

Vieira también pone el foco en otro asunto en el que la política le pisa terreno a la justicia: la figura de la acusación popular ejercida por partidos políticos, una fórmula que «ha permitido que se traslade a la vía judicial conflictos políticos y eso no es bueno»

Y advierte a los partidos: «Si quieren despolitizar la Justicia no se puede judicializar la política».