El presidente del Supremo pide actuar contra la comisión sobre violación de derechos en Cataluña

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha pedido a la Abogacía del Estado que ejercite acciones legales contra el acuerdo de la Generalitat de creación de la «Comisión especial sobre violación de derechos fundamentales en Cataluña».

Lesmes señala en una carta dirigida al Abogado General del Estado que le transmite este requerimiento «con el fin de restablecer el ordenamiento constitucional y legal». El presidente del Poder Judicial afirma que el decreto de creación de la Comisión supone «una flagrante, insólita e injustificable violación» de la independencia judicial.

Lo que le pide concretamente Lesmes al abogado del Estado es que «curse las instrucciones precisas para proceder a ejercitar las acciones legales procedentes» contra el acuerdo del Gobierno de la Generalitat de Cataluña por el que se crea la Comisión especial sobre la violación de derechos fundamentales en Cataluña.

Lesmes, que además propondrá de forma inmediata a la Comisión Permanente la adopción de otras medidas en defensa de la independencia de jueces y magistrados, considera que la creación de la Comisión supone «una flagrante, insólita e injustificable violación de uno de los principios estructurales de cualquier sistema constitucional mínimamente avanzado como lo es el respeto a la independencia judicial».

El escrito del presidente del Supremo afirma que «el Govern de la Generalitat de Catalunya no puede, en modo alguno, desarrollar funciones de vigilancia y control de las actuaciones judiciales».

El presidente del TS y del CGPJ recuerda que la Generalitat puede recurrir las decisiones de los tribunales siempre que ostente legitimación procesal y material, «pero no someter a una suerte de control político, bajo además explícitas amenazas de emprender acciones genéricas e innominadas de responsabilidad contra los jueces y tribunales, la actuación que puedan desarrollar».

«Una vez más, se patentiza en la iniciativa normativa del Govern de la Generalitat el desprecio más evidente por los fundamentos del orden constitucional nacional y europeo», concluye Lesmes.