Guardias civiles cesados por criticar la amnistía: «Nos trataron como a delincuentes, no como al DAO»

Guardias civiles han sufrido represalias por dar un paso al frente contra la amnistía, en defensa del Estado de Derecho, o por consultar la matrícula de un prófugo de la Justicia, Carles Puigdemont, sobre el que pesa una euroorden de detención. A día de hoy, muchos de ellos todavía siguen librando una batalla judicial para que se haga Justicia con sus casos.

Sin embargo, el director adjunto operativo (DAO) de la Benemérita, Manuel Llamas, lleva casi dos semanas imputado en el caso de las cloacas del PSOE por prevaricación administrativa y obstrucción a la Justicia y sigue en el cargo. Una inacción a la que el colectivo asiste con estupor y gran indignación.

«Nos trataron como a delincuentes, no como al DAO», declara a OKDIARIO Francisco J. Pajuelo, presidente de la Asociación Pro Guardia Civil (Aprogc), denunciando el calvario que ha sufrido su organización por defender el Estado de Derecho y el trabajo hecho por sus compañeros frente al proceso independentista catalán y la doble vara de medir que hay.

El caso de Aprogc se remonta al 10 de noviembre de 2023. El pecado de esta asociación de guardias civiles fue publicar un comunicado, titulado La última barrera ante la derrota del imperio de la ley, en el que destacaban que los guardias civiles quieren «seguir cumpliendo y haciendo cumplir la ley, igual que los jueces y magistrados seguir interpretando y aplicando la ley y haciendo ejecutar las sentencias», en referencia al caso procés.  

El expediente más grave

Aquella nota salió un viernes y el lunes siguiente, el entonces director de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, abrió a quien presidía Aprogc, Carlos Román, y al secretario, Manuel Velarde, un expediente por falta muy grave, que puede incluso acarrear la expulsión del Cuerpo. Les imputaba «la violación de la neutralidad política en desarrollo de la actuación profesional».

Además, de forma cautelar, los suspendió durante tres meses de empleo y sueldo, que también era lo máximo que les podía meter. Y con ello tuvieron que dejar de trabajar y le quitaron los complementos económicos, lo que les provocó un gran perjuicio ya que ocurrió justo antes de la Navidad.

«Nos han tratado como delincuentes», lamenta Román, preguntado por OKDIARIO por su caso, rompiendo por primera vez su silencio sobre este triste episodio. Además, destaca que aunque hubieran hecho algo indebido, cosa que no ocurrió, no tiene justificación alguna que los suspendiesen cautelarmente, ya que lo denunciado en la nota no tenía relación con su labor policial diaria.

Ni siquiera les preguntaron, sino que directamente les aplicaron la cautelar e iniciaron el expediente por una sanción muy grave. «Jugaron con todo, no se podía aplicar una sanción más grave. Lo siguiente hubiera sido fusilarme al amanecer, porque no podían hacer ya nada más», apunta Román.

Este caso les afectó psicológicamente y en el plano personal, ya que ni él ni su compañero daban crédito a que tras dedicar sus vidas a dar todo por la Guardia Civil fueran tratados así. Ambos han trabajado en servicios antiterroristas, en unidades de Policía Judicial, y actualmente sirven en la Agrupación de Tráfico, la unidad con más riesgo y más agentes muertos en acto de servicio, con hasta 346 fallecidos.

Fueron tratados como si los golpistas fueran ellos, en vez de quienes llevaron a cabo el procés. Román indica que aquel comunicado fue hecho por los servicios jurídicos de la asociación precisamente para evitar este tipo de problemas, pero se sacó de contexto una frase en la que recordaban que cuando juran bandera como guardias civiles, juran que están «dispuestos a derramar hasta la última gota» de su sangre «en defensa de la soberanía e independencia de España y de su ordenamiento constitucional».

Ambos agentes recurrieron inmediatamente la suspensión cautelar ante el Tribunal de Justicia Central Militar, que dos meses más tarde dictó una sentencia favorable. En concreto, sentenció que la medida era «desproporcionada con creces» y la suspendió «por haberse vulnerado el derecho a un juicio con todas las garantías», artículo 24 de la Constitución.

El expediente disciplinario también acabó cerrándose tras tomar declaración a los afectados y al letrado de la asociación, entre otros, ya que ni el presidente ni el secretario fueron los artífices de la citada nota, sino el responsable jurídico. Además, al secretario se le había abierto el expediente como si fuera el vicepresidente de la asociación, pese a que en aquel momento no tenían vicepresidente, ya que se había jubilado, pero tiraron de lista.

«Nos preguntaron qué era lo que queríamos decir, a lo que respondí que primero me preguntaran si había hecho yo el comunicado. Buscaron hasta el último resquicio, pero no les quedó más remedio que cerrarlo sin responsabilidades», indica el ex presidente de Aprogc, para quien es «evidente que el entonces director general de la Benemérita hizo una persecución».

Por aquel entonces, el director era Leonardo Marcos, quien está saliendo en el caso cloacas, por afirmar que el oficio de solicitud efectuado por la UCO en la investigación del hermano de Sánchez era «totalmente prospectivo y malintencionado». Y por apuntar que la «credibilidad estaba por los suelos» y solicitar que el 19 de julio de 2024 tenían que efectuar un informe con todo «analizado y que no haya nada».

Carlos Román cuenta con 36 años de trayectoria profesional, entró en 1990 al Cuerpo, con sólo 17 años de edad. Tiene una cruz de plata al mérito, dos cruces blancas al mérito y cuenta con innumerables felicitaciones. Ha trabajado en los servicios antiterroristas, en la unidad central local operativa exterior en Canarias y jamás ha tenido una nota desfavorable. Su compañero exactamente igual: tiene una cruz de plata y cruces al mérito, incluso una roja, pensionada de cuando estuvo en los servicios de información del País Vasco.

Este trance causó a Román que tuviera que hacer «un trabajo mental muy importante» para poder volver a vestirse de uniforme otra vez y seguir trabajando, ya que su lucha no era otra que la defensa de la Benemérita y de los compañeros que habían trabajado para conseguir unas condenas respecto al procés.

Dentro de este calvario, Carlos Román y su compañero sienten la paz de que sus mandos naturales dentro de la Guardia Civil los apoyaron “de forma total y absoluta”. A raíz de este caso, Román dejó la presidencia en cuanto terminó su mandato, alzándose con ella quien hasta ese momento era el portavoz, Francisco J. Pajuelo, quien denuncia sin tapujos la doble vara de medir que están viendo con el caso del DAO, imputado por prevaricación administrativa y obstrucción a la Justicia.

No obstante, Román siguió sufriendo ataques. Según explica, pocos meses después de que se cerrara el expediente, IU presentó una pregunta parlamentaria exclusivamente para saber por qué se les había cerrado sin responsabilidad. Además, al ser propuesto para una cruz roja, por su lucha contra los Grapo, el citado partido hizo otra pregunta parlamentaria y finalmente se quedó sin la condecoración, que es la única pensionada. Sólo recibió una felicitación.

La asociación, junto a otras cuatro, entre ellas la mayoritaria y el resto de las de mandos, exigen el cese del DAO y la dimisión de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, imputada por los mismos delitos en esta presunta trama liderada por ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y la fontanera socialista Leire Díaz que buscaba desestabilizar los procedimientos judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno.

Marlaska mandó abrir la investigación

Tras cerrarse este caso, Aprogc publicó un nuevo comunicado en abril de 2024, titulado No era para tanto, seguiremos hablando claro, destapando los entresijos de esta historia. Entre ellos, que tras la nota anterior ciertos medios de comunicación fueron informados por fuentes oficiales sobre la inmediata y contundente respuesta de Leonardo Marcos para «poner coto a la revolución interna que había causado un simple comunicado de una humilde asociación profesional», de la que dijeron que “representaba un grave riesgo para la disciplina”.

Además, se comunicó que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, había ordenado abrir una investigación, por lo que «durante el fin de semana, se puso en marcha toda la maquinaria con una celeridad inusitada por orden del director general de la Guardia Civil».

Aprogc señala que a pesar del varapalo del tribunal al afán ejemplarizante del director general de la Guardia Civil, el procedimiento continuó varios meses. El 11 de marzo de 2024 el instructor propuso el archivo, y el fuera director de la Benemérita la firmó el 18 de marzo, exponiendo en él su valoración personal: que en el comunicado se utilizaba «una redacción un tanto exasperada» y que «dicha retórica ha quedado reducida a una simple actitud vacía de contenido moral serio».

En cuanto al fondo, volvió a criticar la redacción y afirmó que estaba «alejada de la neutralidad política». Y por ello, Aprogc sintió que tenía que decir la última palabra.

El ex portavoz de Jucil, otro represaliado

El ex portavoz de Jucil, Agustín Leal, también sufrió represalias por criticar la amnistía. En su caso por destacar en una entrevista, en octubre de 2023, que los guardias civiles han jurado defender la Constitución y que «alguien quiere convertirla en papel mojado». Por aquello, le abrieron una expediente por falta muy grave, que también quedó en nada.

En marzo de 2024 vieron a abrirle otro expediente por falta muy grave por su discurso en una manifestación en Cibeles, en el que sólo homenajeó a sus compañeros asesinados en Barbate (Cádiz) por narcos y defendió a la Guardia Civil y La Constitución. En su discurso, aseguró que sin la Guardia Civil «España sería como Venezuela».

Además, destacó que «en tiempos convulsos, toca permanecer firmes en defensa de la Carta Constitucional»; ensalzó el gran trabajo de la UCO, y terminó su intervención con varios vivas a España, al Rey y a la Benemérita. 

El afectado consiguió que el expediente prescribiera, pero se lo volvieron a abrir y lo suspendieron seis meses de empleo y sueldo.

El día de su declaración en Cibeles, un medio de comunicación publicó apenas una hora y media después de finalizar su discurso que le abrirían expediente, cuando a él ni se lo habían notificado, «porque alguien lo filtró desde Interior», según indican fuentes de su entorno. Leal tiene el caso en el Tribunal Supremo y llegará hasta donde haga falta para lograr que se haga Justicia.

Los dos expedientes primeros los sufrió durante el mandato de Leonardo Marcos, y el último con la actual directora, Mercedes González, y el DAO Manuel Llamas.

Por consultar una matrícula y un DNI

A esta lista de guardias civiles expedientados se suma, entre otros, Serviliano Valencia, secretario de comunicación y Relaciones Institucionales de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Badajoz, quien fue sancionado por consultar la matrícula del prófugo Puigdemont tras su aparición en Barcelona en agosto de 2024, cuando se estaba fugando a Bélgica y pesaba sobre él una euroorden de detención.

A pesar de que en su defensa dijo que no la miró, aunque lo hubiese hecho estaba amparado por el deber de perseguir delitos. Empezaron abriéndole un expediente por falta muy grave, pero se rebajó a grave, aun así le metieron 15 días de suspensión de empleo y sueldo, que suponen 1.400 euros.

En AUGC Badajoz consideran que los socios de Gobierno se quejarían a Marlaska de que estaba saliendo en televisión que el vehículo era de la esposa de un mosso, y que desde el Ejecutivo le vendieron a Junts que habían corregido a los autores de la filtración, cuando en realidad represaliaron a cuatro desgraciados, de quienes no salió tal información.

Además, destacan que tampoco está justificado que se abra un expediente disciplinario por mirar la matrícula de una persona que está cometiendo un delito, pero entienden que seguramente habría un pago político por esto.

Actualmente, el caso está en el Tribunal Central Militar de Madrid, al que lo ha llevado Valencia recurriendo su sanción. En opinión de este agente, «se debería abrir un expediente disciplinario al DAO por si hubiera alguna responsabilidad disciplinaria y que así haya igualdad entre los guardias civiles, sean de la escala básica o escalas superiores».

A su compañero Braulio J. Calvo, líder de la AUGC en Badajoz, le abrieron diligencias penales por consultar en la base de datos el DNI de su hermano a raíz de que su madre lo llamara diciendo que estaba desaparecido. El caso llegó al Juzgado número 3 de Badajoz, cuya juez titular, en consonancia con la Fiscalía, lo archivó  inmediatamente porque no existía delito alguno y la consulta fue legítima.

En paralelo, se le abrió un expediente por falta muy grave, alegando abuso de atribuciones y daño a los ciudadanos. Y sin esperar a la resolución del mismo, se le suspendió de sus funciones durante cuatro meses, solicitando, además, su cese en el destino. Un año después, la Guardia Civil tuvo que archivar el expediente. Tras este calvario, Calvo se ha querellado contra el mando, que ahora es el investigado y a quien, como el DAO, tampoco se le ha cesado.

Como ya ha informado OKDIARIO, entre los casos también se encuentra el de un agente al que le pidieron un año de suspensión de empleo y sueldo «por llamar embustero a Zapatero».