El PP plantea un teléfono 24 horas y asesoría jurídica contra los okupas
En su programa ante el 28M, propone crear unidades administrativas de Policía Local especializadas
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El PP plantea en su programa para las elecciones del próximo 28 de mayo una batería de medidas contra la okupación ilegal de vivienda como el desalojo exprés en «un plazo máximo de 24 horas». Además, propone la creación de oficinas técnicas municipales que cuenten con asesoría jurídica a los vecinos afectados y «un teléfono de atención al ciudadano 24 horas» para actuar de forma inmediata ante ocupaciones o intentos de ocupación.
«El Gobierno de España es el único de la Unión Europea que ha
impulsado normativas tolerantes con la ocupación ilegal de
viviendas», asegura el PP en el programa marco que ha presentado Alberto Núñez Feijóo y que han coordinado el ex ministro Iñigo De la Serna y la vicesecretaria de Políticas Sociales del partido, Carmen Fúnez.
Con el objetivo de «garantizar el derecho a la propiedad privada de los ciudadanos», defiende «las modificaciones legislativas necesarias para luchar contra la ocupación ilegal de viviendas, para evitar que el ocupante ilegal goce de la protección de morada o domicilio y para permitir que los desalojos se produzcan con carácter urgente, en un plazo máximo de 24 horas».
En todo caso, los populares recalcan que «las viviendas ocupadas ilegalmente no serán objeto de carga tributaria, local o autonómica durante el tiempo que se prolongue la situación». «Nos resulta inconcebible que, además de haber sido desposeído temporalmente de su vivienda por unos okupas, el propietario tenga que pagar impuestos», subrayan.
Además, el PP propone crear oficinas técnicas municipales para la lucha contra la ocupación ilegal que cuenten con una asesoría jurídica a los vecinos o comunidades de vecinos afectados; un teléfono de atención al ciudadano 24 horas para actuar de forma inmediata ante ocupaciones o intentos de ocupación, y una ventana única de tramitación de asuntos relacionados con la ocupación ilegal.
También apuesta por apoyar la creación de Unidades Administrativas de Policía Local especializadas en la lucha contra la ocupación ilegal, así como Unidades de Actuación Inmediata ante las ocupaciones inminentes con protocolos claros y efectivos basados en la instrucción 6/2020 de la Secretaría de Estado de Seguridad, que marca los criterios sobre la actuación inmediata.
Pacto en materia de vivienda
Por otra parte, en su programa el PP defiende la necesidad de alcanzar un Pacto de Estado en materia de vivienda que cuente con las comunidades autónomas y entidades locales, dado que «la dificultad de acceder a una vivienda» es uno de los «principales problemas» de España.
Además, avisa que no se puede resolver «esta problemática con una política de eslóganes, consignas o planteamientos intervencionistas». «Lo que necesitamos son soluciones innovadoras y viables, coordinadas entre las diferentes Administraciones y que sumen», así como «la colaboración del sector privado».
En este punto, propone «desarrollar un Pacto de Estado en materia de vivienda que cuente con la activa participación e implicación de las comunidades autónomas y las entidades locales». «Nuestro compromiso es explorar conjuntamente soluciones factibles para garantizar un uso racional de suelo, construir viviendas en propiedad a precios más asequibles, movilizar viviendas en régimen de alquiler y profundizar en la rehabilitación del parque existente», asegura.
Según añade, hay que seguir priorizando en las políticas de
vivienda «a las familias vulnerables o sectores de población con
menos recursos». Para ello, dice que se deberá aplicar una política integral que incluya el desarrollo de la oferta, el incremento de la seguridad jurídica de los propietarios y la agilización de los trámites administrativos.
Otro de los objetivos prioritarios del PP es «facilitar la compra de su primera vivienda a los jóvenes». Para ello, contando con la participación en su caso de la Administración General del Estado, dice que promocionarán «cuentas de garantía hipotecaria», pasando del 80% al 95% para los jóvenes, mediante convenios de adhesión con las entidades financieras.
El PP considera que la política fiscal «es también un aliado para mejorar el acceso a la vivienda de los españoles» y, para ello, dice que seguirá apostando «por reducir la carga tributaria que recae sobre los inmuebles».