El PP exige incluir a las víctimas en la ley de memoria para estudiar en las aulas “el terror de ETA”

libros ETA
La historia de ETA contada a través de los libros
Carlos Cuesta

Mientras el PSOE bendice las palabras de Otegi, el PP ha lanzado una ofensiva para recuperar el peso de las víctimas y lograr que en las aulas de toda España se estudie la «culpabilidad absoluta de la banda terrorista ETA». La estrategia pasa por incluir a las víctimas en la Ley de Memoria Democrática.

La propuesta ya está en el Congreso en forma de proposición no de ley. Y allí se exige “aplicar íntegramente la Ley 29/2011, de 22 de septiembre de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, que establece como principios fundamentales los valores de memoria, dignidad, justicia y verdad”. Pero también, se plantea toda una estrategia de divulgación de la verdad sobre la banda asesina ETA.

El PP, para ello, exige “emprender una acción legislativa de Estado en reconocimiento del derecho a la memoria democrática de las víctimas del terrorismo como defensores de los valores de nuestra Constitución”. Por todo ello, los populares señalan que «la memoria democrática debe establecer respecto del terrorismo de ETA: la victoria del Estado de Derecho y la derrota de los terroristas” y subrayar “la deuda moral que para con las víctimas tiene el conjunto de la sociedad y en concreto las administraciones públicas y los poderes del Estado”.

El texto de los hombres de Pablo Casado para incluir en la memoria democrática subraya que se debe destacar, además, “la culpa absoluta de la banda terrorista ETA y de los movimientos sociales y políticos que apoyaron o justificaron unos crímenes que deben ser considerados de lesa humanidad” y que se debe “prohibir e instar la retirada de los símbolos en recuerdo de ETA y contra las víctimas del terrorismo”.

Además, desde el PP se reclama que se adopten “todas las medidas precisas para impedir los homenajes públicos a terroristas. Dando cumplimiento a la resolución del Parlamento Europeo de 2020 que exigía a las autoridades españolas adoptar todas las medidas necesarias para evitar que las víctimas del terrorismo «sean humilladas por actos como los homenajes a etarras que se han producido en los últimos años en España”.

Prohíbe enaltecer a ETA

La proposición no de ley incluye la prohibición de cualquier tipo de “apología o enaltecimiento de la banda ETA por parte de asociaciones o partidos, así como declaraciones o acciones que incitan al odio o la violencia contra los defensores del sistema democrático”.

Igualmente se reclama la promoción de “acciones de reconocimiento y homenaje a las víctimas de ETA” y “señalizar los lugares de los atentados terroristas y los nombres de las víctimas de los mismos”. Pero, además, de todo ello, “los más jóvenes deben recibir una formación integral en la memoria de la lucha política y social contra el terrorismo. Los poderes públicos han de implementarlo así en la acción formativa en ESO y Bachillerato”.

Todo ello, sin contar con otras medidas como “garantizar una aplicación de la legislación que impida la progresión de grado o la concesión de beneficios penitenciarios a los terroristas que no acrediten fehacientemente, no sólo haber renegado de los actos delictivos cometidos y mostrar arrepentimiento, sino que muestren también signos inequívocos de haber abandonado la voluntad de reincidir en los mismos y colaboren activamente para impedir la producción de otros delitos análogos y en el esclarecimiento de los que pudieran tener conocimiento”.

Estas condiciones tendrán que acreditarse mediante informes técnicos oficiales que atestigüen que el preso está realmente desvinculado de la organización terrorista y del entorno, de las actividades de asociaciones y colectivos ilegales que la rodean, así como la colaboración con las autoridades, según el PP.

Por último, los de Casado piden “realizar un control exhaustivo de la ejecución de las competencias penitenciarias transferidas a las administraciones autonómicas, sin excluir la posibilidad de la recuperación de la transferencia si se aprecia un trato de favor hacia los presos de ETA”.

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