El plan ‘España 2050’ de Sánchez señala a los ‘baby boomers’: son un «desafío» para las pensiones
La ‘rectificación’ de José Luis Escrivá sobre la rebaja de las pensiones no convence. Más aún porque los propios documentos del Gobierno admiten el reto que representa la generación del ‘baby boom’, el colectivo que, según el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, tendrá que aceptar una bajada de la cuantía o trabajar más. El ministro trató de enmendar el pasado viernes sus afirmaciones, tras la polémica generada, asegurando que «no tuvo el mejor día».
El Plan España 2050, la propuesta de futuro que guía la política de Sánchez, señala en concreto a los nacidos entre 1950 y 1975. Los califica abiertamente de «desafío» para el mantenimiento del sistema público de pensiones.
«El nivel actual de gasto en pensiones no supone, per se, una carga desproporcionada para el sistema. El porcentaje de PIB que España dedica hoy al pago de pensiones públicas totales es similar al de la media de la UE-27 e inferior al de países de la UE-8 como Austria o Francia.
No obstante, el aumento previsto para las tres próximas décadas, una vez lleguen las cohortes más pobladas del ‘baby boom’ a la edad de la jubilación, sí constituye un desafío importante», señala el citado documento. Según el Gobierno, ese «desafío» «tendrá que ser resuelto mediante el diálogo social, el rediseño de las políticas públicas y una revisión de las realidades materiales e inmateriales que rodean a la jubilación».
Según las afirmaciones de Escrivá, esta generación tendrá que asumir «algo del esfuerzo que hay que hacer de moderación del gasto en pensiones durante un periodo concreto de tiempo». Y, por ello, planteó que podrán «elegir entre varias opciones: una puede ser un pequeño ajuste en su pensión, que sería muy moderado, o alternativamente podrían trabajar un poco más».
Tras las críticas, el ministro dio un paso atrás. El pasado viernes trató de recular, asegurando que no tuvo «el mejor día» y que el mecanismo de equidad intergeneracional, que sustituirá al factor de sostenibilidad, está todavía por definir. Asimismo, se lamentó por no transmitir «adecuadamente esa certidumbre al hablar de algo que todavía está por definir». «Se me entendió mal», matizó.
No obstante, por mucho que el Ejecutivo trate de esconderlo, la rebaja de las pensiones está encima de la mesa. Y así, el documento con el que encara la España del futuro plantea abiertamente la discusión sobre la cuantía.
Según el Gobierno, tendrán que afrontarse varios debates sobre el asunto. El primero, sobre la edad de jubilación. En este contexto, defiende que «la mayoría de análisis coinciden en que es necesario reducir prácticas como las jubilaciones anticipadas y aumentar la tasa de participación laboral de la población en edad avanzada a fin de acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal».
A continuación, admite que existen «discrepancias» sobre «si habrá que seguir o no retrasando esa edad legal de jubilación (más allá de los 67 años pactados para 2027) a medida que la esperanza de vida siga aumentando».
En el segundo punto, el Ejecutivo se refiere a la «tasa de sustitución», es decir, «el porcentaje que supone la pensión sobre los ingresos recibidos antes de la jubilación».
«En nuestro país, existe un intenso debate en torno a este asunto. Por un lado, están quienes hacen hincapié en el hecho de que España tiene una de las tasas de sustitución más altas de la UE, y argumentan que las personas jubiladas reciben, en media, más de lo que aportaron. Por otro, están quienes ponen el énfasis en la gran heterogeneidad y desigualdad que existe detrás de la media, en el importante apoyo económico que la población jubilada española presta a sus familias (especialmente en periodos de crisis y elevado desempleo), o el hecho de que el riesgo de pobreza o exclusión social de los mayores de 65 años en España es superior al de otros países europeos».
Según el Ejecutivo, «la clave está en que la tasa de sustitución responda adecuadamente a la necesaria relación que debe existir entre la suficiencia y sostenibilidad de las pensiones públicas, y la equidad intergeneracional que debe perseguir el sistema».
Más impuestos
Por último, se aborda la cuestión de la financiación, con varias propuestas a debate. Así, se destaca que en España «la práctica totalidad de las pensiones de jubilación son financiadas por el sistema público». Una circunstancia que choca, describe el Gobierno, con lo que pasa «en otros países avanzados», donde «hay sistemas mixtos que complementan la pensión pública con pensiones privadas».
«Muchas voces alegan que España tendrá que adoptar progresivamente alguno de estos modelos híbridos», concluye el Gobierno. También se apunta a que será necesario estudiar un aumento de las cotizaciones sociales, «financiar una mayor parte de las pensiones vía impuestos generales y/o reformular los gastos cubiertos por las cotizaciones sociales».
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