Llop gasta 15.000 € en una encuesta sobre la imagen de su ministerio con los juzgados sin bolígrafos

La titular de Justicia, Pilar Llop, gasta 15.000 euros en una encuesta sobre la percepción que tienen los ciudadanos del Ministerio que ella misma dirige mientras corta el suministro de material de oficina a juzgados y tribunales por «razones presupuestarias».

En una circular fechada a 21 de abril y dirigida a los órganos adscritos a la Gerencia de Órganos Centrales, el Ministerio de Justicia anuncia que «en el momento actual y por razones presupuestarias no es posible continuar con el mismo nivel de atención de las solicitudes» relativas al suministro de material, especialmente de consumible informático, es decir, de tinta para impresoras. Por ello, anuncia que «se ven obligados a restringir» su entrega.

Así, ni el Tribunal Supremo, ni la Audiencia Nacional, ni los Juzgados Centrales podrán hacer el uso habitual de los materiales de los que, hasta ahora, disponían, ya que en la misiva remitida por Justicia se insta a reducir «a lo estrictamente necesario» su consumo. Tampoco podrán hacerlo la Fiscalía, el Registro Civil Central, el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses o aquellos institutos de medicina legal de órganos con jurisdicción estatal, todos ellos adscritos a la Gerencia de Órganos Centrales.

Y es que el Ministerio que dirige Pilar Llop advierte que «no dispone de recursos suficientes ni de capacidad de contratación para los importes habitualmente precisos». Un anuncio que se produce tan sólo un mes después de gastar casi 15.000 euros en una encuesta sobre la imagen del Ministerio.

En concreto, el pasado 29 de marzo, la Subdirección General de Planificación y Gestión de Transformación Digital adjudicó a dedo un contrato para el «servicio de análisis y opinión sobre la percepción de los ciudadanos del portal de datos del Ministerio de Justicia». Un trabajo que ha supuesto un desembolso de 14.925 euros para las arcas públicas y que se desarrollará en un periodo aproximado de dos meses.

Prioridades

Pilar Llop fija así sus prioridades, en un momento en el que funcionarios al servicio de de la Administración de Justicia denuncian la precariedad en la que se ven obligados a desarrollar su trabajo.

Ni hay medios básicos de material, pero tampoco de personal. Este mismo mes de abril, la Audiencia Nacional solicitaba al Consejo General del Poder Judicial el refuerzo del equipo dedicado a peticiones de asilo para «evitar el colapso» ante la llegada de refugiados ucranianos.

Unos meses antes era el Tribunal Supremo el que urgía medidas para evitar plazos excesivamente dilatados en sus resoluciones. En concreto, la Sala de lo contencioso-administrativo, encargada, entre otros asuntos, de los recursos contra el Gobierno por la responsabilidad patrimonial derivada de las medidas para hacer frente a la pandemia, pedía soluciones para mitigar la extraordinaria carga de trabajo, acentuada por la imposibilidad de nombrar magistrados a discreción para ocupar las plazas vacantes.

Ahora, a la cantidad de asuntos por resolver se suma, además, la falta de medios para llevar a cabo ese trabajo.