La ministra Llop defendió el enchufe de Dolores Delgado con un informe ‘fake’ del grupo anticorrupción

El enchufe del Gobierno a Dolores Delgado para colocar a la actual fiscal general del Estado en un puesto de fiscal de sala al terminar su actual mandato ha contado con una defensa falsa. La encargada de inyectar el argumento fake ha sido la actual ministra de Justicia, Pilar Llop. Y ha consistido en una referencia a las exigencia del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa Greco que jamás existió, tal y como han denunciado desde la Asociación de Fiscales.

La polémica surgió a raíz de la conocida como enmienda número 603 presentada por el Grupo Parlamentario Socialista al Proyecto de Ley de reforma del texto refundido de la Ley Concursal. En ese extraño -y escondido- lugar depositó el PSOE una nueva regulación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Y allí se encuentra el sistema de enchufe diseñado por Pedro Sánchez para Dolores Delgado, la actual fiscal general del Estado.

La polémica no tardó en surgir por lo descarado de un enchufe y de una reforma que no se habló con la profesión. Y la Asociación de Fiscales exigió de inmediato una justificación a semejante decisión. La encargada de exponer la motivación del enchufe fue la propia ministra de Justicia, Pilar Llop, quien justificó la enmienda afirmando que perseguía adaptar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal al Segundo informe de Cumplimiento de la IV Ronda de Evaluación del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (Greco), fortaleciendo la autonomía e independencia del Fiscal General. Sin embargo, lo cierto es que dicha cita y afirmación es falsa.

El informe, tal y como explica la Asociación de Fiscales, recoge las siguientes peticiones: “Se recomienda reconsiderar el método de selección y duración del mandato del Fiscal General, esto es, modificar la forma de elección para que el elegido goce de mayor independencia y cuyo mandato no esté ligado al del Gobierno”, justo el pecado del que adolece Dolores Delgado, la premiada por el enchufe a fiscal de sala.

La Asociación de Fiscales señala que “lamentablemente, este aspecto tan relevante no es objeto de tratamiento en la enmienda presentada”. 
El GRECO también “recomienda aumentar la autonomía financiera de la Fiscalía”. De nuevo, nada figura en la reforma colada por el PSOE en la nueva Ley Concursal “para alcanzar tan loable fin”, señalan los fiscales.  Igualmente “se recomienda mayor autonomía en la formación de fiscales, actualmente dependiente del Ministerio de Justicia”.

Aunque en la actualidad la formación ha ganado autonomía con la figura del Director de Formación de la Carrera Fiscal, la Fiscalía sigue careciendo de capacidad de gestión económica de dicha formación. Y la enmienda no atiende dicha recomendación.
También reclama el informe citado por la ministra Llop “autonomía de gestión del Ministerio Fiscal separada del Ministerio de Justicia, como garantía fundamental para la independencia y eficacia de la Fiscalía”. Nada de esto se aborda en la reforma. 
De nuevo, “se recomienda la constitución de la Comisión de Ética Fiscal”, y ésta resulta que ha sido suspendida unilateralmente por la Fiscal General del Estado, lo que ya ha sido recurrido por la Asociación de Fiscales.

Y, por último “se recomienda una profunda revisión del régimen disciplinario de los fiscales”. Pese a lo que la reforma del PSOE no suprime la competencia de la ministra de Justicia para imponer la sanción de separación del servicio a los fiscales, “manteniendo una clara injerencia del Gobierno”, afirman desde la Asociación.
 Los fiscales recuerdan que «es cierto que el GRECO recomienda clarificar la comunicación entre el Fiscal General y el Gobierno, para garantizar la transparencia y la publicidad, y que la reforma impone la forma escrita, lo que constituye un avance”.

Sin embargo, incluye la reforma, novedosamente, que el Fiscal General se pueda dirigir por su propia iniciativa al Gobierno para informar, no sólo sobre el funcionamiento de la Administración de Justicia, sino sobre asuntos concretos que el Gobierno deba conocer. “Esta previsión supone un elevado riesgo de injerencia en la Justicia por el Gobierno por la absoluta ausencia de concreción de supuestos en que se deba facilitar la información, por ejemplo, cuando afecte a los intereses de la Nación”, explican los fiscales. Pero nada de ello recoge ningún aspecto que avale el enchufe de Dolores Delgado.

Por todo ello, la Asociación de Fiscales remitió en enero del presente año un escrito a la ministra de Justicia en el que reclamaba las reformas que recomendaba el Greco, a fin de aumentar la autonomía del Ministerio Fiscal; reiteraba la imperiosa necesidad de reformar el Estatuto Orgánico, no ya para ascender al Fiscal General, sino para separar absolutamente el Ministerio Fiscal del Gobierno y para limitar el poder del Fiscal General. Y nada de todo ello se ha llevado a cabo.